La Iglesia, obligada a soltar lastre
Antonio Atienza….. 18/12/2011 21:52
El Obispado de Cádiz y Ceuta ha tenido que salir al paso de las informaciones que ya avanzaba este periódico en pleno conflicto de la Residencia de Ancianos de la Cruz Roja, la externalización de servicios por parte de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y en este caso concreto, la gestión externa ya concertada por la Residencia San José con una empresa privada, la Fundación Gerón .
El motivo, obviamente, es la crisis económica y la imposibilidad de sostener un sistema que se había basado en las ayudas de los distintos gobiernos a la dependencia, ahora en entredicho tanto políticamente a causa de la crisis, como económicamente -por lo mismo- desde hace meses cuando los pagos han dejado de llegar regularmente.
Sin embargo, independientemente del contenido económico que lo marca todo, en el caso de las ONG se trata de la propia supervivencia de la labor que realizan y que han podido realizar a base de un proceso de adaptación que ha durado años y que ahora comienza una nueva etapa por las nuevas circunstancias que amenazan los modelos actuales.
Y es que basar las situaciones que se están dando en la actualidad en el aspecto puramente económico puede resultar una explicación parcial del verdadero problema por el que atraviesan las ONG y las congregaciones religiosas, en ambos casos con una más que notable labor social en los campos del asilo de ancianos, asistencia hospitalaria y enseñanza. En el caso de la Iglesia Católica, además, desde hace siglos.
Lo decía en este periódico la delegada de la Agrupación de la Cruz Roja en San Fernando en una entrevista, María del Carmen Baturone Barrilaro, y ponía el dedo en la llaga. “Lo que necesitamos en La Isla son voluntarios”.
Esa afirmación se antoja de suma importancia para comprender la situación generada tanto en Cruz Roja como en las órdenes religiosas y cómo la actividad que originariamente obedecía a principios de solidaridad y caridad cristiana, avanzó hacia sistemas más economicistas llamados a una reconversión. Y esta vez sí por causa del dinero.
Una espiral
Si bien los casos de la Residencia de Ancianos de la Cruz Roja, y ahora la de la Residencia d Ancianos de San José, propiedad del Iglesia, son los que están llamando la atención, en realidad se está produciendo una espiral en todos los ámbitos asistenciales de este tipo de congregaciones y existen decenas de casos que no salen a la luz porque todavía siguen funcionando con un alto contenido vocacional y con un compromiso religioso que en muchos casos está demorando otras medidas, según comentan a este periódico desde las propias órdenes.
La iglesia, secularmente, ha basado su actividad social en las órdenes religiosas que se convertían en refugio de necesitados, pero con una capacidad de adaptación a los tiempos digna de encomio. Las propias religiosas han ido dando pasos de gigante -con el beneplácito de las altas esferas eclesiales e incluso el ánimo- para pasar del simple apoyo moral a los necesitados a la asistencia especializada, obviamente a través de una formación académica a la altura de los profesionales laicos.
Y ha sido de esa forma, en un largo proceso, que tanto colegios como hospitales y residencias de ancianos bajo sus auspicios se fueron convirtiendo en servicios públicos que han contado con la ayuda pública a través de las concertaciones, pero ganadas a pulso por la calidad que han sido capaces de ofrecer en parcelas no cubiertas, en todo o en parte, por las administraciones.
La enseñanza en los colegios religiosos ha sido prestigiada y la asistencia a ancianos en las residencias de la Iglesia Católica, catapultada a la primera línea, en muy buena parte porque al valor vocacional de las religiosas se han unido su formación académica y su adaptación constante a las nuevas necesidades.
Pero hay que volver a las declaraciones de la delegada de la Cruz Roja en San Fernando, a la falta de voluntarios, que en el caso de las órdenes religiosas se equipara con la falta de vocaciones.
Contratación externa
Esas órdenes religiosas que han prestado y siguen prestando esos servicios alcanzaron su mayor nivel de sostenibilidad cuando cualquiera de tales congregaciones contaban con 40.000 o 50.000 religiosas o religiosos, una gran parte de ellos sobradamente preparados para impartir la enseñanza, practicar la geriatría o la enfermería.
La bajada paulatina de las vocaciones, en estos momentos en sus cotas más bajas, obligó a ir introduciendo en el sistema a profesionales laicos y sin intención de realizar un meticuloso itinerario porcentual de la inversión del sistema, al día de hoy el personal religioso -y exclusivamente vocacional- es mínimo en comparación con el laico. Independientemente de que éste acopie una buena dosis de vocación que mantienen sus principios esenciales.
El recorrido desde la filosofía de la caridad cristiana hasta la gestión empresarial ha sido ese, y las consecuencias ante una crisis de las dimensiones de la actual, las más propias de empresas que de congregaciones religiosas o de la propia Iglesia que las engloba a todas y que ahora se ve obligada a tomar medidas para no poner en peligro su verdadera función asistencial entrando en la vorágine de las pérdidas.
Es sabido que existen ya muchos colegios religiosos que han comenzado a funcionar -sin dejar a un lado su ideario original- bajo la gestión de cooperativas de los profesores ante la falta de religiosos y religiosas con la adecuada formación profesional, pero la Iglesia siempre ha sido cauta en sus planteamientos económicos -no empieza una obra sin tener el 75 por ciento del dinero para realizarla- y ha comenzado a trabajar en un escenario de posibilidades que se antoja difícill de lidiar.
Los costes laborales del personal contratado comienzan a no ser enjugados con la demanda por parte de los padres que prefieren un colegio religioso, y a su vez la demanda de más conciertos con las administraciones está siendo rechazada debido a la política de contención del gasto.
Residencias y autoayuda
En las residencias de ancianos ha ocurrido y está ocurriendo tres cuartos de lo mismo pero a peor, porque mientras los colegios pueden adaptarse mejor a la demanda y la oferta, las residencias tienen que valorar que la demanda, lejos de disminuir por un descenso de población o un ajuste por las concertaciones, aumenta cada vez más.
El personal religioso ha sido ampliamente superado por el laico y se sigue acentuando por la falta de vocaciones y el envejecimiento de las religiosas y religiosos que quedan, con lo que la dependencia externa comienza a ahogar la economía de las entidades asistenciales, convertidas en empresas y expuestas a dinámica de éstas.
La Junta de Andalucía, en el caso de las residencias de ancianos y en general de todas las organizaciones de autoayuda -esas animadas por la propia administración porque desarrollan el trabajo que debería salir del estado del bienestar, pero sin engordar la ya abultada nómina pública-, tiene decenas de miles de plazas concertadas en el aire, lo que está poniendo en peligro la supervivencia de tales organizaciones. Al menos como están concebidas.
Y todas ellas, a estas alturas y gracias a una bonanza económica que lo ha permitido y a una crisis que no se esperaba con tanta virulencia, se encuentran en la tesitura de que el modelo ya no es sostenible, que pone en peligro su supervivencia y que obliga a buscar otros tipos de gestión antes que en una suspensión de pagos que el caso de la Iglesia, supondría un perjuicio moral inasumible y de mayor coste que el económico.
No es de extrañar que el responsable de Cruz Roja Española en la negociación con los trabajadores, Fernando Prado, reconociera que la externalización del servicio había estado sobre la mesa buscando la viabilidad de la Residencia de Ancianos de San Fernando.
Pero el problema es que la situación es la misma para Cruz Roja Española o para la Iglesia Católica que para las empresas que se atrevan a asumir la gestión de las residencias de ancianos -que es el caso en candelero- sabiendo que las concertaciones de plazas están en el aire. No obstante, las organizaciones señaladas tienen un plus de riesgo, ya que por su condición de instituciones con un prestigio que mantener no se les permite una externalización pura y dura que lleve a una disminución de costes para cuadrar los números. O sea, capitalismo puro y duro que se traducirá en consecuencias que a la larga mancharán el prestigio de las que externalizaron el servicio.
De ahí y como mal menor -comentan a este periódico- la elección de una empresa del ramo sui generis, una Fundación que se ha convertido en una potencia en España en gestión de residencias de ancianos, pero que también “trabaja” con el componente humano que ha ido faltando en las congregaciones religiosas y ONG y que las ha llevado al colapso.
La Fundación Gerón reúne en sus actividades profesionales las dos vertientes por las que las residencias de religiosas eran viables, el voluntariado y la profesionalización del mismo a través de la enseñanza, también impartida desde la Fundación con ayuda de la Junta.
Esto es, formación subvencionada, personal de coste mínimo y el componente razonablemente altruista que le otorga un sello especial y que la hace funcionar bien… por ahora. Porque también es demasiado dependiente de que el grifo del dinero público les financie parte de su actividad.
Las perversiones de la Ley de Dependencia hacen el resto del daño
La Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno Socialista levantó las mayores expectativas en las organizaciones de autoayuda por cuanto suponía institucionalizar unas ayudas que hasta entonces funcionaban bajo criterios coyunturales.
Sin embargo, esas expectativas pronto comenzaron a hacer aguas, tanto por lo mismo que ocurre siempre con tantas leyes que se aprueban pero no cuentan con recursos económicos, como por la perversión del sistema que ha hecho que la picaresca y la necesidad produzcan los efectos contrarios a los que se perseguían. O al menos la mitad, porque lo que se perseguía era el bien del dependiente y el de su familia y la balanza por lo que ha ocurrido se inclina más a la segunda parte.
Sobre esa realidad ya advertía en este periódico el gerente de la Unión Parálisis Cerebral de San Fernando (Upace), José Manuel Porras, al denunciar que muchas familias estaban optando por mantener al dependiente en sus casas y cobrar el dinero antes que llevarlo a los centros especializados. Cuando no -y también son demasiados los casos- sacarlos de donde los tenían, contra lo que se ha comenzado a actuar con rigor.
Los resultados ha sido, en demasiados casos, que la persona dependiente no ha estado bien cuidada y que los centros creados sobre las expectativas de esa Ley no están recibiendo la demanda esperada y entran irremediablemente en pérdidas al tener que mantener a un exceso de plantilla que en este caso es personal contratado sin ningún matiz de voluntariado. Y contratado gracias a las expectativas de la Ley.
Sólo el principio
El problema, sin embargo, no ha hecho más que asomar por cuanto el nuevo Gobierno salido de las urnas el 20 de Noviembre tiene otros planes que podrían pasar por eliminar la Ley de Dependencia, sin que haya explicado qué medidas sustitutivas va a poner en marcha.
En ese compás de espera se encuentran todas las asociaciones de autoayuda, instituciones religiosas y laicas que se mueven en este campo e incluso empresas privadas del sector asistencial que ven que el tiempo corre en contra porque las pérdidas por la falta de concertaciones las están poniendo en muchos casos al borde del colapso.
El Obispado, por la parte que compete al último conflicto, ha asegurado en un comunicado que todo va a seguir igual y que incluso algunas religiosas que prestaban servicios pueden pasar a ser usuarias de la residencia. Pero quedan dudas.
Entre ellas, que nadie ha hablado es de las 40 personas que trabajan ahora en San José, pertenecientes a una empresa multinacional sin arraigo de ningún tipo en la ciudad, ante una Fundación Gerón que tiene su propio personal, formado por ella misma y con marchamo de voluntariado. O sea, más barato.
Sin consultar con usuarios y monjas
Independientemente de las circunstancias constatables que discurren en el devenir de este tipo de servicios y de esta clase de organizaciones, una cosa son las decisiones que se tienen que tomar y otras las formas en que se toman, que es lo que ha llenado de indignación tanto a la comunidad religiosa de la Residencia San José -que nunca hablarán por la obediencia debida- y a los familiares de los usuarios, que sí se están movimiendo y protestando públicamente por la situación creada y el método elegido.
Mientras que en el caso de la Residencia de Ancianos de la Cruz Roja presentaron un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que en principio era inamovible, y enviaron al ángel exterminador que todas las empresas tienen para finiquitar todos los contratos necesarios para conseguir la estabilidad financiera, en el caso de la decisión del Obispado todo indica que se ha hecho a espaldas de toda la comunidad, la religiosa y la de los usurios.
El anterior obispo de la Diócesis, Antonio Ceballos Atienza, concertó el traspaso de la residencia a la Fundación Gerón sin anunciarlo a nadie y fue este periódico, en su investigación sobre Cruz Roja, el que puso sobre aviso a los familiares.Ceballos Atienza, además, ya tenía en buena consideración a la Fundación Gerón -que merece un capítulo aparte- al inaugurar sus servicios en la Residencia de Mayores San Juan de Dios, de Cádiz, e incluso ha dejado libre de concierto la Residencia de San José, de forma de la nueva gestora se encuentre sin ningún tipo de compromiso a la hora de poner en marcha su modelo de gestión.
Ni siquiera los trabajadores saben qué es lo que les espera.
Albinas del Atlántic 