971 TTM011.- La última sentencia del tranvía

SAN FERNANDO

La batalla legal que consiguió frenar el tranvía espera aún la última sentencia

  • El caso de Joaquín Moreno, ya fallecido, aguarda a que el TSJA fije la indemnización
  • La denuncia por no paralizar las obras ha sido archivada.

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La calle Real, en una fotografía tomada este verano.

Arturo Rivera san Fernando | Actualizado 28.08.2013 – 01:00

Hace casi nueve meses que falleció Joaquín Moreno, el hombre que a finales de 2010 fue capaz de paralizar por completo las obras del tren-tranvía con una demoledora sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, a raíz de las irregularidades detectadas con las expropiaciones de la manzana de Montañeses de La Isla, declaró nulo el proyecto de la Junta de Andalucía y las actuaciones llevadas a cabo desde sus comienzos. Así, forma parte de la historia -y de la controvertida trayectoria- del tranvía.

Su caso, sin embargo, sigue todavía pendiente de una resolución judicial definitiva por parte del Alto Tribunal andaluz, según explicó a este periódico su abogado defensor, José Antonio Gamero. Es el último fleco que queda de una batalla legal que obligó a mantener paradas las obras durante varios meses entre 2010 y 2011 y que puso en tela de juicio una obra faraónica y una inversión millonaria que desde el primer día ha estado revestida de dudas y de polémica.

Todos los propietarios expropiados en la manzana de Montañeses de la Isla han cobrado ya sus indemnizaciones tras las controvertidas sentencias del TSJA, un 25% adicional al justiprecio fijado inicialmente por la Administración andaluza (lo que ha supuesto para la Junta un desembolso económico de más de 300.000 euros).

Sólo queda pendiente de sentencia el caso especial de Joaquín Moreno, que nunca aceptó el dinero que la Junta le ofrecía por la expropiación de su vivienda y de un local comercial que tenía alquilado en la misma manzana y que le reportaba un ingreso mensual extraordinario que complementaba la escuálida pensión que percibía. Ese era, de hecho, uno de los principales argumentos que esgrimía al negarse a dejar su casa: al perder su vivienda y el local por culpa del trazado del tren-tranvía a su paso por San Fernando se eliminaba también una de sus principales fuentes de ingresos. De ahí que se negara a llegar a cualquier tipo de acuerdo y llevara el caso hasta sus últimas consecuencias en el TSJA, donde -para sorpresa de todos- consiguió una histórica victoria que sacó los colores a la Junta de Andalucía. No sólo había irregularidades en las expropiaciones llevadas a cabo sino que el mismo proyecto del tren-tranvía metropolitano se consideraba nulo porque no había sido tramitado debidamente.

Las obras se paralizaron y, durante los meses siguientes, la Junta subsanó las irregularidades administrativas para dar cobertura legal a una actuación que llevaba años en marcha. A finales de 2011, los trabajos volvieron a ponerse en marcha en la calle Real. Su ritmo, esta vez, no lo condicionaron los procesos judiciales y las sentencias sino la crisis y la falta de recursos económicos.

Y el caso de Joaquín Moreno quedaba en manos del TSJA, que sería el encargado de fijar la cantidad que, finalmente, la Junta de Andalucía tendría que abonarle al no existir acuerdo en torno al justiprecio. Según su abogado, la sentencia se espera conocer en un breve plazo de tiempo. Aunque Joaquín Moreno, fallecido hace varios meses, no podrá ver cómo acaba un proceso que truncó los últimos años de su vida.

Será el último episodio de un batalla legal que ha hecho tambalearse al proyecto del tranvía después de que la denuncia cursada también en 2011 por la defensa de Joaquín Moreno y de otros expropiados haya sido archivada al considerarse que no hay indicio alguno de delito por parte de la Administración andaluza, promotora de las obras. Dicha denuncia fue tramitada ante la continuidad de los trabajos de las obras del tren-tranvía a pesar de existir una orden de paralización dictada desde el TSJA en cumplimiento de la ejecución provisional de la sentencia a favor de los expropiados de Montañeses de La Isla.

El proceso dio bastante que hablar al encargar la jueza instructora un informe a la Policía Local para determinar si, verdaderamente, estaban o no trabajando en las obras del tranvía. El informe, que tuvo que ampliarse al considerar la jueza que estaba incompleto, pasó luego a manos de la fiscal. Sin embargo, se optó por archivar la denuncia al estimar las explicaciones de la Junta.

 
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