845 Ayto07.- Los CEIPs son de titularidad municipal.

San Fernando

La Junta recuerda que la conservación de los colegios es competencia municipal

  • Según la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, la conservación de los edificios públicos destinados a Educación Infantil, Primaria y Educación especial corresponde a la administración local.

En el CEIP Casal Carrillo se acometerán obras para modernizar sus instalaciones

Julia Alarcón / SAn Fernando | Actualizado 24.07.2012 – 01:00

Son muchos los colegios de La Isla que necesitan mejorar sus instalaciones. Ya sea a nivel de infraestructuras, de modernización o de accesibilidad, los centros educativos de San Fernando que requieren una intervención inmediata son numerosos.

San Ignacio, Camposoto, Manuel de Falla, La Ardila, Arquitecto Leoz, Casal Carrillo o Constitución son sólo algunos de los CEIP que este verano serán objeto reformas.Aunque estas obras las va a acometer la Junta de Andalucía -a partir de las actuaciones enmarcadas en el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA)-, no hay que olvidar que los colegios de Educación Infantil y Primaria son, a nivel nacional, de titularidad municipal. Esto es, el Ayuntamiento es el responsable de su mantenimiento.

En más de una ocasión, los diferentes asociaciones de madres y padres de La Isla han denunciado el traspaso de competencias entre una administración y otra, el continuo ir y venir de acusaciones a la hora de determinar qué organismo es el encargado de afrontar este tipo de intervenciones. Lamentablemente, padres y madres del alumnado de estos centros públicos han vivido en primera persona cómo Junta y Ayuntamiento se han pasado “la patata caliente” en un tema tan importante para ellos como es la educación de sus hijos.

Esta situación recuerda a la que aún viven los antiguos colegios militares (Vicente Tofiño, Juan Díaz de Solís, Cecilio Pujazón y Virgen del Carmen) que, hoy por hoy, prosiguen en su lucha por alcanzar unas instalaciones educativas dignas.

No obstante, las continuas protestas y reivindicaciones llevadas a cabo por las ampas de La Isla no han caído en saco roto. Todo lo contrario. Han funcionado como acicate -y como tirón de orejas- para que las administraciones competentes, tanto autonómica como local, hayan prestado especial atención a este asunto prioritario y que, sin embargo, está en el ojo del huracán de los recortes presupuestarios estatales.

La legislación vigente aporta luz en este tema, ya que deja bastante claro a quién le corresponde asumir según qué tipos de trabajos y arreglos. Así pues, por un lado la Ley 5/2010,de Autonomía Local de Andalucía (en su artículo 9.20 c) recoge que la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria y de Educación Especial, así como la puesta a disposición de la administración educativa de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos es competencia municipal, esto es del Consistorio (sólo forman parte de la Junta de Andalucía en tanto que tienen un uso educativo).

Cabe preguntarse entonces qué entiende la legislación por obras de mantenimiento y conservación. Pues bien, son aquéllas que no superan el 50% del valor patrimonial del centro en cuestión. Este tipo de intervenciones son entonces responsabilidad de la corporación local mientras que los trabajos que superen este índice del 50% deben ser asumidos por la administración autonómica.

El marco legal no se queda ahí. Por otra parte – y en esta misma línea- la Ley 7/1999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y el Decreto 18/2006 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, vuelven a insistir en la titularidad municipal de los colegios y en las obligaciones que deben contraer las corporaciones locales con respecto a su mantenimiento. Y la Ley Orgánica 2/2006 de Educación dispone que la conservación y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación son responsabilidad del municipio.

Todas estas normativas entran en conexión con el artículo 155 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que, en indéntico sentido, impone a los propietarios de edificios el deber de “mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo”.

La conclusión general es que los consistorios locales deben asumir las actuaciones necesarias para evitar que los edificios pierdan, con su uso normal, las condiciones relativas a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad para su uso efectivo.

 
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