El robo de la caja cumple ya cinco años

SAN FERNANDO

La Fiscalía eleva a catorce el número de imputados por el robo de la caja

  • Hoy se cumplen ya cinco años del suceso mientras se espera que finalice la instrucción y que se celebre el juicio
  • Las nuevas personas implicadas se vinculan también a la familia marroquí

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El robo de la caja cumple ya cinco años

 

Arturo Rivera san Fernando | Actualizado 01.04.2014 – 09:04

Hasta catorce personas están imputadas en el proceso penal abierto por el controvertido robo de la caja de efectivo que fue descubierto en las oficinas municipales de Hacienda tal día como hoy, hace ya cinco años: 1 de abril de 2009.

La Fiscalía confirmó ayer la existencia de cuatro nuevas imputaciones por un presunto delito de blanqueo de dinero que se vinculan todas ellas al clan familiar de origen marroquí con el que estaba estrechamente relacionado el funcionario a cargo de la caja, Clemente Ruiz.

Sobre este empleado municipal y sobre el entorno de amistades y negocios que manejaba fuera de las oficinas del Ayuntamiento se siguen centrando las investigaciones policiales y judiciales que todavía, cinco años después de que el robo saliera a la luz, se mantienen abiertas mientras se intenta dar con el paradero del dinero sustraído.

Así, en el pasado mes de julio trascendió que, a petición de la Fiscalía, el número de imputados había ascendido a ocho personas más para añadir a siete miembros de esta familia marroquí y a la mujer del propio Clemente, a la que se relaciona con una supuesta trama que se dedicaba a blanquear el dinero que, día a día y durante varios años, esquivó los controles rutinarios para salir de las oficinas del área de Hacienda.

Hasta ese momento, solo Clemente Ruiz y su compañera de oficina, la funcionaria María José Lebrero de Celis, habían sido imputados tras su detención en la tarde del 1 de abril de 2009. El jefe de la caja llegó incluso a pasar 20 meses en prisión provisional, desde noviembre de 2009 hasta julio de 2011.

Ya en ese momento, el fiscal del caso, Ángel Núñez, aseguró que no se descartaba que se produjeran nuevas imputaciones a medida que avanzara el proceso de instrucción. Y así ha sido. Hasta 14 se contabilizan actualmente.Y diez de ellos pertenecen a la familia marroquí de Mohamed Alí Buselhan, más conocido con el nombre español de Iván, con la que Clemente mantenía además de una estrecha amistad varios negocios en común, algunos de ellos completamente ruinosos. No obstante, Iván, con 32 años, falleció repentinamente en Madrid en noviembre de 2012.

La jueza que instruye el caso tiene todavía que tomar declaración a todos estos nuevos imputados. La instrucción -explicó el fiscal- está todavía a la espera de la resolución de determinadas diligencias sobre las que se ha decretado secreto de sumario y con las que se intentan agotar todas las vías posible para esclarecer qué ocurrió con el dinero sustraído de la caja.

La fecha del juicio, de esta forma, dependerá de la terminación de estas diligencias y de las declaraciones de los imputados, con las que presumiblemente -si no dan lugar a abrir nuevas vías de investigación- se cerrará la instrucción del proceso.

Cabe recordar que en el pasado mes de diciembre el Tribunal de Cuentas dictó sentencia en el procedimiento de reintegro por alcance que, de manera paralela a la vía penal, se ha desarrollado durante estos cinco años. El juicio contable insistió en las responsabilidades directas de Clemente Ruiz y de su compañera de caja, para los que exigió la restitución de las cantidades desaparecidas. Igualmente, dictaminó responsabilidades subsidiarias en distinto grado para los dos interventores que trabajaron en Hacienda durante el tiempo en el que se produjo el robo, la tesorera y los dos alcaldes que gobernaron durante estos años.

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Incógnitas y fallos

La investigación ha sido complicada no sólo por el volumen del dinero y de documentos, sino también por un error apuntado desde el principio, como fue el denunciar de manera directa en vez de poner el caso en manos de la Policía. En el juicio contable celebrado en Madrid se dejó bien claro que De Bernardo (criticado por ello) estaba atado de pies y manos, ya que cuando conoció el suceso los cajeros se encontraban retenidos por el interventor y la tesorera, que ya les habían advertido de que aparecía el dinero o iban a la policía. En ese primer instante se les reclamaba 430.000 euros.

Llama la atención que se les pidiera ese dinero cuando ya eran consciente de que podía faltar 7,8 millones de euros. También que nadie pusiera remedio a los fallos de contabilidad que recogían esta cantidad como la que debiera estar en caja, que hubiera conflicto en cómo se detectó la falta del dinero o por qué se daba continuamente cheques para reponer el dinero que faltaba en caja. Interrogantes que faltan por aclarar.

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