Sin avances

ROBO MUNICIPAL

El robo de la Caja municipal cumple seis años con la instrucción abierta

  • El 24 de abril está previsto que se tome declaración a la viuda del socio marroquí de Clemente Ruiz.

 

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Una de las primeras imágenes de Clemente Ruiz, tras un policía, en el registro a su inmobiliaria, el 3 de abril de 2009.

A.L. san Fernando | Actualizado 01.04.2015 – 07:03

Un nuevo paso vivirá la instrucción del caso del robo de la Caja Municipal de San Fernando en unos días, el 24 de abril, cuando la viuda de Mohamed Ali Buselhan, amigo y socio de Clemente Ruiz (uno de los dos ex funcionarios imputados por el delito de malversación de caudales públicos), pase por los Juzgados de San Fernando a declarar -como ya lo hiciera la esposa y la suegra del ex cajero en agosto- en calidad de imputada.

Seis años han pasado ya desde que la noticia corriera como la pólvora en la ciudad: dos funcionarios habían sido detenidos por la sustracción de dinero de la Caja municipal. Mucho se ha hablado y escrito sobre estos dos trabajadores, que en concreto controlaban directamente la caja de efectivo del Ayuntamiento isleño: Clemente Ruiz y María José Lebrero de Celis, porque si en un principio se les acusó de apropiarse de unos 488.000 euros pronto el montante malversado creció hasta los 7,8 millones de euros. La investigación policial y la instrucción judicial en este tiempo han mantenido la línea de señalar directamente a estas dos personas, aunque con más imputaciones en estos años, todas, eso sí, vinculadas a uno de ellos, Clemente Ruiz. Pasados seis años, desde ese 1 de abril de 2009, el proceso judicial continúa abierto, con apenas avances. A la última declaración, ante la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, de la mujer y la suegra de Ruiz, se sumará en unas semanas, o al menos así está previsto, la comparecencia en los Juzgados de San Fernando de la viuda de Mohamed Ali Buselhan, conocido por el nombre español de Iván, que compartía una estrecha relación de amistad con el antiguo funcionario de la caja de efectivo.

Desde el principio, la investigación ha tenido muy en cuenta los vínculos que Clemente Ruiz tenía, y que se plasmaron en varios negocios conjuntos, con este hombre marroquí -fallecido en 2012-. De hecho, su viuda, que declarará el 24 de abril como imputada -como la mujer y la suegra del ex funcionario por un presunto delito de blanqueo de capitales-, no es el único miembro de la familia al que se tomará declaración. El fiscal del caso solicitó entre ellos la imputación por su colaboración en la trama de los padres de Buselhan, aunque hasta el momento ha sido imposible su presencia en los Juzgado al haber vuelto a Marruecos y haberse complicado su localización. Por este motivo, se ha cursado una petición de auxilio judicial para que declaren en el país vecino.

Estas cuestiones y otras diligencias mantienen abierta la larga instrucción que comenzó en abril de 2009, y que en unas semanas quedará en manos de otro instructor, con la llegada al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Isla de la nueva jueza que ocupará la plaza.

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Los nuevos Juzgados

Justicia

La Isla estrenará Juzgados junto al Carmen en torno a septiembre

  • La Junta adjudicó por fin ayer el contrato para alquilar la nueva sede judicial, por la que pagará 12.879 euros mensuales.

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Edificio que albergará en su planta baja los nuevos Juzgados de San Fernando tras el verano.

Arturo Rivera | Actualizado 14.02.2015 – 10:26

La Isla estrenará nuevos Juzgados en septiembre. Es la fecha que la Junta de Andalucía ha trasladado al Colegio de Abogados una vez solventado el sufrido proceso administrativo que ha acompañado la búsqueda de una nueva sede judicial para San Fernando.

El contrato, licitado por segunda vez en el pasado mes de diciembre después de que quedara desierto en una primera tentativa, se adjudicó inicialmente ayer a la Fundación Octavio Comes. La Junta alquilará la planta baja entera del edificio de su propiedad que se ubica en el número 225 de la calle Real, junto a la iglesia del Carmen y el Liceo, para ubicar allí los nuevos Juzgados de San Fernando. En total, unos 1.800 metros cuadrados de superficie por los que se pagará una renta mensual de 12.879 euros. El importe total de la adjudicación -por los cuatro años de vigencia del contrato (que serán prorrogables)- asciende a 618.000 euros.

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Antonio Moreno Sierra.

En realidad, la resolución del proceso administrativo, no ha deparado ninguna sorpresa. Hace más de dos años -desde que la Junta empezó a buscar un local en alquiler para trasladar la sede judicial- que este inmueble figura entre las opciones favoritas por sus capacidades y por su céntrica ubicación, en plena calle Real (aunque el local linda también con la avenida de la Marina y con la calle Batallones de Marina). Fue , de hecho, la única oferta que se presentó al fallido proceso de licitación que se promovió a mediados de 2014, que la mesa de contratación dejó desierto porque la propuesta superaba con creces el presupuesto base de licitación fijado para la convocatoria.

Fue necesario entonces subir la partida destinada al alquiler de los nuevos Juzgados de La Isla en 200.000 euros y volver a licitar el contrato. Sobre la mesa existían otras dos propuestas que aspiraban también a convertirse en la futura sede judicial, aunque no ha trascendido de qué ubicaciones se trataba. No obstante, fuentes de la Administración autonómica aseguraron ayer que las tres empresas cumplían con los requisitos exigidos en el proceso de licitación. El contrato -explicaron- ha sido adjudicado a la oferta más ventajosa, que resultó ser la de la calle Real. La Ronda del Estero o, incluso, el centro de ocio San Fernando Plaza han sido otras de las posibles ubicaciones que han sonado en estos dos últimos años.

Por delante, no obstante, quedan todavía por resolver algunos trámites administrativos. La empresa dispondrá ahora de diez días para entregar la documentación y los avales requeridos, tras lo cual la Junta procederá a la firma del contrato.

Aunque en el pliego de condiciones se establecía un holgado plazo para afrontar la adaptación del local, la empresa adjudicataria se ha comprometido a hacer estas obras en solo tres meses. A ello, habría que sumar el traslado de la sede judicial, que se estima que tendrá una duración aproximada de dos meses. Así que en torno al mes de septiembre los Juzgados podrían estar ya en funcionamiento y el edificio de la plaza de San José -que es propiedad municipal- quedaría completamente libre.

El delegado del Gobierno andaluz en la provincia, el socialista Fernando López Gil, fue el encargado de dar la buena noticia. “Por fin, San Fernando va a tener una sede judicial digna y en condiciones”, apuntó. “La Junta de Andalucía ha hecho un esfuerzo importante. Es el único sitio en el que se ha incrementado la partida presupuestaria para el alquiler, pero también era necesario dadas las condiciones en las que se encontraban los Juzgados y las carencias que arrastraba”.

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Una nueva sede judicial

SAN FERNANDO

La Isla lleva ya quince años a la espera de una nueva sede judicial

  • Las primeras gestiones para construir unos nuevos Juzgados se remontan a finales de los años 90.
  • En 2001 se cedió ya una parcela

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Juzgados de la plaza de San José.

Arturo Rivera san Fernando | Actualizado 17.03.2014 – 09:39

Ni al Colegio de Abogados ni al resto de profesionales que trabajan en los Juzgados isleños ha cogido por sorpresa el demoledor informe de la Inspección de Trabajo acerca de las precarias condiciones en las que a diario tienen que ejercer su oficio.

Tampoco al Ayuntamiento, ni a colectivos sindicales, ni a partidos políticos. Hace demasiado tiempo que se viene denunciando lo insostenible de la situación de la sede judicial isleña. Y las posibilidades reales para construir un nuevo Palacio de Justicia -que las hubo en varias ocasiones- se esfumaron o se dejaron escapar por una u otra razón hasta que llegó la crisis económica y cortó por lo sano con cualquier posible actuación en este sentido.

La Junta ha descartado -al menos por ahora- abordar la construcción de la nueva sede judicial en la parcela que el Ayuntamiento le cedió en la avenida Constitución. Una inversión millonaria de semejante calado resulta imposible en las actuales circunstancias económicas. Pero también es consciente de que la situación de los Juzgados isleños necesita una solución que no puede esperar por mucho tiempo más.

Por ello se plantea su reubicación en un edificio en alquiler desde finales de 2012. Es la alternativa más asequible. Varias son las tentativas que en este sentido se han llevado a cabo y hasta las posibles ubicaciones para los Juzgados han trascendido a los medios de comunicación. Pero el proceso también ha chocado con dificultades. Ahora, la Junta ultima la licitación para acometer este traslado que se quiere llevar a cabo en este mismo año, según ha afirmado el delegado del Gobierno andaluz, Fernando López Gil.

La primera vez que empezó a hablarse de la necesidad de construir unos nuevos Juzgados fue hace quince años. Aunque, oficialmente, la Junta no pidió suelo al Ayuntamiento para abordar la construcción de un nuevo edifico hasta 2001. En octubre de ese año el Consistorio informaba de que se habían puesto sobre la mesa dos posibles parcelas para la nueva sede judicial: una en la trasera de Torrealta y otra en La Magdalena. Y lo cierto es que la Junta de Andalucía no tardó mucho en contestar. En enero de 2002 se decantó por la parcela de La Magdalena, justo al lado de la Jefatura de la Policía Local. Incluso se dieron detalles del proyecto: sería un edificio de tres plantas y sótano, adecuado incluso para dar cabida al cuarto Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Y se dieron también los primeros plazos: las obras se iban a adjudicar a lo largo de 2004 y tendrían un plazo de ejecución de 18 meses, así que se esperaba que en 2006 La Isla pudiera estrenar su nuevo Palacio de Justicia.

Pero el proyecto no tardó en tocerse. Fue el primer revés en la historia de los nuevos Juzgados. En septiembre de 2004 se conoció un informe de la Junta de Andalucía en el que se advertía de que la actuación propuesta en La Magdalena era incompatible con el Plan General de Ordenación Urbana. Aquello derivó en un serio enfrentamiento entre la ya desaparecida Gerencia Municipal de Urbanismo -que negaba dicha incompatibilidad y aseguraba que el suelo se ajustaba al uso pretendido- y la Delegación Provincial de Justicia.

El resultado fueron dos años de parón en las gestiones para sacar adelante el proyecto. Al final, el Ayuntamiento dio marcha atrás y ofreció suelo en el otro extremo del término municipal, en la avenida Constitución. En octubre de 2006, la Junta aceptó esta parcela de 3.000 metros cuadrados situada junto a la nueva Comisaría de la Policía Nacional. Al cambiar de ubicación había que afrontar la redacción de un nuevo proyecto. Básicamente, había que empezar de nuevo desde cero.

En 2007 llegaron más noticias. Justicia tenía previsto dedicar 4,2 millones de euros a la construcción de los nuevos Juzgados a los que de nuevo puso fecha: el año 2012. El montante -se dijo entonces- estaba previsto que se repartiera en varias inversiones plurianuales. La primera de ellas, de 97.100 euros, estaba destinada a la redacción del proyecto y figuraba en los presupuestos autonómicos. Pero los pasos eran muy lentos. A pesar de todo, en enero de 2008 la Junta llegó a asegurar incluso que las obras iban a comenzar en ese mismo año.

Se hicieron estudios previos del terreno, pero hasta 2011 no se licitó la redacción del nuevo proyecto. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada más del tema. Todo entonces volvió de nuevo a quedar absolutamente parado ante la crisis, los recortes y la precaria situación económica de la Administración.

Tras las últimas elecciones autonómicas, en 2012, el nuevo delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Fernando López, conocedor del problema de los Juzgados isleños, intenta solucionar el problema y recurre a otra opción, la del traslado a un edificio en condiciones en alquiler, que es la que todavía intenta llevarse a cabo.

Las críticas ante la lamentable situación de las instalaciones de la plaza de San José se han multiplicado desde entonces hasta el punto de desencadenar protestas históricas del Colegio de Abogados a las puertas del Palacio de Justicia.

También el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha advertido de la necesidad de solventar el problema que presentan las dependencias de San Fernando. En su última memoria es incluso especialmente incisivo con el tema al incluir incluso la actuación en un catálogo ‘de emergencia’ cuya necesidad debe ser tenida en cuenta a pesar de la complicada situación económica actual de la administración.

Y más recientemente, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, se sumó a las reivindicaciones del Colegio de Abogados de Cádiz para exigir una intervención urgente.

Por supuesto, la bronca política ha acompañado la situación de los Juzgados a lo largo de estos quince años. El Ayuntamiento -tanto antes, con el PA, como ahora, con el PP en la Alcaldía- ha exigido a la Junta una y otra vez que solucione el problema de los Juzgados de San Fernando. Esta semana, Loaiza afirmó que si el realojo que plantea ahora Justicia no es provisional emprenderá los trámites para solicitar la devolución de la segunda parcela municipal que se cedió hace ocho años.

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El traslado de los Juzgados

SAN FERNANDO  | Sedes judiciales

El traslado de los Juzgados isleños será una realidad en el último trimestre del año

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Información…………..11/03/2014 17:40

El delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha señalado que la Junta prevé que “antes de 2015” se haya trasladado la sede judicial de San Fernando. Además, ha anunciado que se ha logrado reducir el gasto en alquiler de sedes judiciales en la provincia en un 28 por ciento. En rueda de prensa, López Gil ha explicado que en 2013 se pagaron 2,65 millones de euros por estos alquileres frente a los 3,67 del año 2012 y ha expuesto que “el futuro que planeamos es tener sedes judiciales propias, pero hasta entonces nuestra obligación y nuestro deseo es tener las mejores sedes judiciales para que el ahorro se compagine con una calidad en el servicio”.

Así, López Gil ha detallado que “el pliego para la licitación necesaria para el traslado a una sede provisional de los juzgados de San Fernando está ya en su fase final”. “El expediente está ya en la Dirección General de Patrimonio pendiente del informe que autorice el siguiente paso, que es el de iniciar el proceso de licitación”, ha recalcado. La previsión es que ese informe se reciba esta semana.

Igualmente, ha señalado que tras ese informe se publica la oferta, se constituye la mesa de licitación y se cumplen los plazos previstos en la Ley de Patrimonio, “por lo que la previsión es que en unos 40 días esté ya licitado y adjudicado, y una vez que esté adjudicado se iniciará el plazo para las obras de adaptación necesarias en el local”. El plazo de la obra es de cinco meses, según ha detallado. Así, “entre el mes de octubre y Navidad ya se podría realizar el traslado a las nuevas dependencias”.

Requisitos

Entre los requisitos que se solicitan en el pliego para esta licitación es que el espacio en el que se ubique “debe ser de 1.914 metros cuadrados como mínimo, un espacio que incluye juzgados, sala de vistas, archivos, servicio común, registro civil, fiscalía, área de detenidos y zonas de circulación de público y de personal”. El precio “máximo” de licitación es de 599.180 euros por cuatro años.

“Esta es una decisión sensible porque será la única sede judicial, probablemente en toda Andalucía, en cuyo traslado aumentaremos el coste y éste suponga un sobreesfuerzo económico”, señala.

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Juzgados

SAN FERNANDO

La Junta prepara la licitación para trasladar la sede de los Juzgados

  • El consejero de Justicia reconoce la situación de las instalaciones pero advierte de la dificultad de encontrar un local en el mercado acorde a las necesidades de la actividad judicial

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Protesta del colectivo de procuradores (junto a compañeros del sector), ante la puerta de los Juzgados de San Fernando.

Amaya Lanceta/Alicia Ruiz san Fernando/cádiz | Actualizado 03.12.2013 – 01:00

 

El traslado de los Juzgados de Marsales de Algeciras está cada vez más cerca, con la previsible publicación esta semana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Boja) de su licitación. De la misma forma, la Administración andaluza trabaja en el cambio de sede de las dependencias judiciales de La Línea, muy deterioradas; como las de San Fernando, donde usuarios y colectivos profesionales demandan desde hace años una nueva sede para esta actividad. En ese camino hacia un nuevo espacio, al menos ahora, La Isla se encuentra un paso por delante, al contar con los informes que deben emitir distintos departamentos de la Junta previos a su licitación, de cuya elaboración se ocupan ahora en la Delegación de Gobierno en Cádiz. Estos temas se trataron ayer en la reunión que periódicamente mantienen los delegados de Gobierno de las distintas provincias andaluzas y altos cargos de la Consejería de Justicia, incluido su consejero, Emilio de Llera.

Desde hace más de un año el Gobierno andaluz sondea la oferta inmobiliaria en la ciudad para comprobar la disponibilidad de unas instalaciones donde mover los Juzgados de la plaza San José ante sus profundas deficiencias. Descartada por el momento la construcción de un Palacio de Justicia en el lugar reservado en la avenida Constitución por cuestiones económicas, la alternativa era trasladar a otro espacio la actividad judicial. Se barajaron entonces los edificios de Telefónica y uno situado frente a Capitanía en la calle Real. Ambos, sin embargo, no reunían los estándares de superficie y seguridad que se exigen para los Juzgados, que entre otras cuestiones necesitan al menos 2.500 metros cuadrados.

Surgieron otras posibilidades como un local en Ronda del Estero y la planta baja de una edificación de nueva construcción junto al colegio Liceo, aunque la operación de búsqueda quedó paralizada por dificultades presupuestarias. Ahora parecen resueltas gracias al ahorro total de unos tres millones de euros en la provincia desde que se comenzó a aplicar el plan de reducción de gastos en esta materia desde la Delegación de Gobierno, que compensará los traslados de sedes judiciales que se planean para distintas localidades gaditanas.

El consejero de Justicia reconocía poco antes de asistir al Consejo Ampliado de Justicia las necesidades de San Fernando para desarrollar esta actividad de manera adecuada en las instalaciones actuales. “Créame si le digo que los tengo en el corazón. La situación allí es muy difícil para los trabajadores y jueces y yo no puedo olvidar que son mis compañeros de toda la vida”, declaraba. A pesar de ello, recordó que la Junta se encuentra en un momento de duda sobre la solución que debe aplicar puesto que “estamos pendiente de la nueva ley de demarcación y planta del gobierno de la nación porque probablemente el partido judicial de San Fernando quede absorbido por Cádiz y desaparezcan sus juzgados”. En lugar de la construcción que está pendiente, se trabaja en buscar un lugar transitorio lo que no deja de tener dificultad por el espacio, advirtió. “No obstante el delegado del gobierno, que también es de San Fernando, está empeñadísimo”, dijo en referencia a Fernando López Gil.

Efectivamente, esa búsqueda se ha topado con las mencionadas dificultades del mercado inmobiliario de La Isla no sólo por la escasez de espacios con las condiciones necesarias sino también en los contactos con los propietarios. A pesar de ello, la Junta apuesta por abrir el proceso de licitación para cambiar de sede judicial y ya trabaja en su contenido una vez tiene los informes que debían emitir los departamentos de Patrimonio e Intervención de la Consejería de Economía y Hacienda y de Infraestructuras de la Consejería de Justicia e Interior. Una vez se saque a licitación se recibirán durante el plazo correspondientes las propuestas de los interesados, que pueden coincidir con los edificios sondeados ya por la Administración andaluza o pueden ser nuevas opciones para decidir la mejor, tanto por sus características -lo más lógico es que sean necesarias obras en las instalaciones- como por la oferta económica que se presente. Aunque los avances son evidentes y las carencias de los Juzgados se acentúan, la Junta no ha fijado una fecha para concluir esta actuación.

 
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El traslado de los Juzgados

SAN FERNANDO

El traslado de los Juzgados, sin partida específica de la Junta
 A.L. san Fernando | Actualizado 09.11.2013 – 01:00
 

En la mesa de la Consejería de Justicia e Interior, y de la Delegación de Gobierno en la provincia está como prioridad el traslado de los Juzgados de la plaza San José a otra ubicación más acorde con las necesidades del ámbito judicial de San Fernando. Esa prioridad no se plasma, sin embargo, en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía que no contemplan una partida económica para sufragar ese cambio, al contrario de lo que ocurre con las dependencias de Justicia de Algeciras y La Línea.

“Sus casos son aún peores”, asegura el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, que reconoce que el edificio que alberga los Juzgados isleños no reúne las condiciones más óptimas para el desempeño de la actividad y para dar servicio al ciudadano. Sobre este asunto se pronunció el pasado martes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, que lamentaba los problemas que acuciaban a sus trabajadores. “Compartimos su opinión”, señaló López Gil.

La ausencia de dinero en los presupuestos para cumplir con esta necesidad en la ciudad de trasladar los Juzgados no aparca los planes de la Administración andaluza de encontrar un nuevo edificio donde realizar la tarea judicial, según el dirigente socialista. López Gil, de hecho, no descarta la posibilidad de que en el desarrollo de los presupuestos se pueda contar con una partida para hacer realidad esta posibilidad. “Esperamos que en el desarrollo del presupuesto podamos culminar el traslado definitivo a una instalación que reúna las condicones físicas y económicas”, matizó.

 
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La Comisión de la Sala de Gobierno del (TSJA), Ceuta y Melilla.

San Fernando | Bicentenario

Del Río: “El ciudadano no merece un juzgado como el de San Fernando”

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José F. Cabeza …… 05/11/2013 16:54

La Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha celebrado este martes en San Fernando su sesión ordinaria, con el fin de unirse a los actos que conmemoran el bicentenario de la constitución de las Cortes Ordinarias de Cádiz, así como la toma de posesión del primer presidente del Tribunal Supremo y la conmemoración del 200 aniversario de la concesión del Título de Ciudad a la localidad isleña.

Continuando con el respaldo del TSJA al bicentenario de la Constitución de 1812, en esta ocasión la Comisión de la Sala de Gobierno, compuesta por nueve miembros y presidida por el presidente del propio Tribunal, Lorenzo del Río, se reunirá en San Fernando como recuerdo a la celebración del bicentenario de las primeras Cortes Ordinarias que emanaron de la Constitución de Cádiz de 1812; según ha informado el TSJA en un comunicado.

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Además, también se celebra el bicentenario de la constitución del Supremo Tribunal de Justicia, primer Tribunal Supremo de España, órgano judicial que existe desde entonces, ya que fue en esta ciudad donde tomó posesión su primer Presidente, Ramón de Posada Soto y Rivero. Así, el actual Tribunal Supremo emana de uno de los Decretos debatidos en San Fernando, dentro del proceso de 1810, que finalmente culminó en el artículo 259 de la Constitución de 1812 donde se crea el Supremo Tribunal de Justicia.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, aprovechó su estancia en San Fernando para reunirse con los titulares de los órganos judiciales de San Fernando para conocer, de primera mano, sus inquietudes y sugerencias respecto a este partido judicial.

En este sentido, habló sobre la preocupación latente sobre el posible traslado del partido judicial de San Fernando a Cádiz dentro de esa reorganización que tiene en mente acometer el Ministerio de Justicia. “No lo vamos a tratar porque precisamente no se nos ha pedido desde ninguna estancia que abordemos esta cuestión, solamente conocemos que hay un borrador. He decir que a nivel institucional y personal como presidente del Tribunal lo he leído y he hablado a nivel ministerial sobre el alcance que puede llegar a tener. Estamos ante un simple borrador, no hay ni proyecto de anteproyecto”.

Del Río señalaba que “existe un estudio sobre una posibilidad de concentración de partidos, que no de supresión de juzgados. Necesitamos saber cómo quedaría, por eso entiendo que ahora mismo es problemático hablar sobre un tema que todavía no sabemos si se verá plasmado.  Lo que sí me consta es que se va a caminar a una concentración de partidos, pero no provincial. Se procurará que no sólo sea la provincia la circunscripción, sino que habrá excepciones por circunstancias geográficas o de trabajo. Podría haber una jurisdicción en un municipio y otra jurisdicción en otra localidad cercana. Aquí en San Fernando sé que es algo problemático, pero toca esperar hasta que no tengamos por escrito un proyecto o un anteproyecto. Ahora mismo sólo hay un borrador que ha alarmado a muchos municipios y con razón”.

Sobre esta cuestión añadía que “lo que sí les digo ahora mismo es que cualquier decisión que se tome sobre esta cuestión tendrá que ser una decisión de largo recorrido, puesto que ahora mismo es inviable ir a un proyecto sin medios económicos y sin edificios para esas circunscripciones provinciales”.

Del Río finalizó diciendo que “les insisto de que ahora mismo lo que hay sobre la mesa es una idea de cambio a largo plazo, que sinceramente yo creo que es buena porque hay que caminar hacia una mejor optimización de recursos y concentración, porque actualmente tenemos un mapa judicial de hace siglo y medio que no se ajusta a las necesidades de hoy día. Hay que hacerlo con tino y con tiempo, valorando las peculiaridades de cada provincia y las necesidades judiciales de cada una”.

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Los juzgados

El presidente del TSJA también se mojó sobre la actual situación de los juzgados de San Fernando, que es uno de los que está en peores condiciones a nivel provincial junto con el de La Línea. Sobre este particular afirmó que “desgraciadamente a corto plazo no veo solución, o no me consta que haya una apuesta definitiva por un edificio. He estado reunido con los jueces de aquí de San Fernando, conocía perfectamente el edificio actual y les he comentado que he mantenido conversaciones con la Consejería para decirles que San Fernando tiene una de las peores instalaciones de la provincia de Cádiz”.

Lorenzo del Río iba más allá indicando que “el ciudadano no se merece un edificio como ese. Hay que exigir a la administración que busque soluciones. Durante los próximos años por la situación actual los juzgados van a seguir así y pienso que hay que buscar una alternativa. Si no se puede construir un edificio de nueva planta pues habrá que buscar otra opción como pueda ser buscar otro edificio en alquiler como se había barajado. Yo que creo que la Delegación Provincial de Justicia debe der ser receptiva porque no podemos seguir por muchos meses, ni por muchos años en el mismo edificio”.

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La reubicación de los Juzgados

san fernando | juzgados
 
El PP pide a la Junta que desbloquee el traslado de los Juzgados
 Redacción san Fernando | Actualizado 26.10.2013 – 01:00

 

El PP volvió ayer a hacerse eco de la precaria situación de los Juzgados isleños. Su presidente provincial y parlamentario andaluz, Antonio Sanz, anunció que la formación solicitará a la Junta de Andalucía que desbloquee de manera definitiva el proyecto para la reubicación de la sede judicial isleña que desde 2012 se trae entre manos “ante las importantes deficiencias que presentan las actuales instalaciones”.

El traslado -dijo Sanz- “se hace más necesario que nunca” ante el estado que presentan las dependencias de la plaza de San José. El PP recordó así que el inmueble, con más de 25 años, están completamente saturado y no reúne las mínimas condiciones para el correcto desarrollo del trabajo de los profesionales y para garantizar la calidad del servicio que requieren los ciudadanos.

Además, Sanz incidió también en el incremento de la carga de trabajo que asumen estos Juzgados, que superan incluso la ratio judicial recomendada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una situación que se agrava por la falta de personal.

Sanz, de esta manera, recordó que existe una propuesta de nueva localización para la reubicación de los Juzgados, “que lamentablemente está pendiente de la autorización de la Consejería de Justicia”. Por ello apela a la “sensibilidad” del consejero para que desbloqueen el expediente que permita el traslado de los Juzgados en unas instalaciones más adecuadas.

Asimismo, el PP reclama que los presupuestos autonómicos de 2014 incluyan una partida presupuestaria suficiente para empezar la obra.

El PP pide a la Junta que desbloquee la reubicación de los Juzgados

 

Información…. 25/10/2013 20:37

El Partido Popular de Cádiz va a solicitar a la Junta de Andalucía que desbloquee la reubicación de los Juzgados de San Fernando ante las importantes deficiencias que presentan las actuales instalaciones.

Así lo ha anunciado el presidente del PP de Cádiz y parlamentario andaluz, Antonio Sanz, que entiende que las deficiencias de las actuales instalaciones judiciales de San Fernando hacen más necesarias que nunca el traslado de los juzgados.

El dirigente popular recuerda que hablamos de unas instalaciones con más de 25 años que están completamente saturadas, además de no reunir las mínimas condiciones para el correcto desarrollo del trabajo de los profesionales y para garantizar la calidad del servicio que requieren los ciudadanos.

Además, incide no sólo en el lamentable estado de las instalaciones, sino en el incremento de la carga de trabajo que asumen estos juzgados, superando la ratio judicial recomendada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una situación que se agrava además por la falta de personal.

Sanz apunta que existe una propuesta de nueva localización para la reubicación de los juzgados, que lamentablemente está pendiente de la autorización de la Consejería de Justicia, por lo que apela a la sensibilidad del consejero para que desbloqueen el expediente que permita el traslado de los juzgados en unas instalaciones más adecuadas.

Asimismo, reclama que los Presupuestos autonómicos de 2014 incluyan una partida presupuestaria suficiente para empezar la obra.

El presidente popular incide en que se trata de una reclamación constructiva por el bien del servicio judicial y espera que la Consejería de Justicia sea sensible a una reclamación histórica de los juristas de San Fernando.

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Tribunal de Cuentas, juicio contable

SAN FERNANDO

Cajeros, interventores, tesorera y alcaldes regresan al Tribunal de Cuentas

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Clemente, considerado el principal sospechoso, al salir de prisión en 2011.

Arturo Rivera san Fernando | Actualizado 14.10.2013 – 09:28

Han pasado más de cuatro años y medio desde que el robo de 7,8 millones de euros de la caja municipal estallara en las narices del Ayuntamiento poniendo patas arriba la vida municipal y originando un auténtico tsunami político que desterró al PA de la Alcaldía en las municipales de 2011. Más de cuatro años de un suceso que llenó de estupor a los isleños ante la magnitud de lo ocurrido, ante las cantidades astronómicas que a diario habían desaparecido de las arcas municipales sin que nadie se hubiera percatado de ello, burlando los mecanismos de control rutinario y esquivando los arqueos periódicos que se llevaban a cabo en las oficinas de Hacienda.

En el punto de mira siguen los mismos dos funcionarios que fueron detenidos en la tarde del 1 de abril de 2009, los trabajadores municipales que estaban al cargo de la caja de efectivo: Clemente Ruiz y María José Lebrero de Celis. Son los sospechosos en las investigaciones policiales que se han llevado a cabo, los principales imputados en la vía penal emprendida por el Juzgado de San Fernando y los responsables directos del proceso de reintegro por alcance que, paralelamente, dirime el Tribunal de Cuentas.

Todo lo ocurrido se relaciona directamente con ambos trabajadores, apartados desde entonces de la plantilla del Ayuntamiento de San Fernando. Pero la cadena de responsabilidades tira también tras ellos de sus funcionarios superiores -aquellos que tienen encomendada la custodia y control de los fondos que desaparecieron- y hasta de los alcaldes que gobernaron durante el periodo en el que se produjo el robo, porque tuvieron que rubricar con su firma las cuentas municipales (es decir, en su calidad de ordenadores de pagos).

A la tesorera, María de las Virtudes Gómez Montero; al interventor actual y su predecesor en el cargo, José Antonio López Fernández y Rafael Monzón Ristori; y a los ex regidores Antonio Moreno Olmedo y Manuel María de Bernardo Foncubierta, se les piden responsabilidades subsidiarias en distinto grado.

Todos ellos volverán a verse las caras en Madrid el próximo miércoles, fecha en la que el Tribunal de Cuentas tiene previsto celebrar la vista del juicio contable tras la demanda interpuesta por el Ayuntamiento en septiembre de 2012. Un paso decisivo en un complicado y largo proceso administrativo que se inició a raíz del polémico informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que se conoció en 2011 y que dejará la puerta abierta a una resolución definitiva que se calcula que llegará a principios de 2014. Todavía, eso sí, queda pendiente la vía penal, que sigue en su fase de instrucción y de la que este verano se ha conocido hasta ocho nuevas imputaciones propuestas por la Fiscalía, entre las que se incluye a la mujer de Clemente -el principal sospechoso-, Manuela Oneto.

La vista convocada este miércoles por el departamento primero de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas se llevará a cabo tras recabar a lo largo de los últimos meses las declaraciones de una quincena de testigos a petición de cada una de las partes que concurren en este proceso.

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 Clemente Ruiz

Casi todos ellos han sido interrogados en las dependencias judiciales de San Fernando, un proceso que culminó hace poco más de una semana. De hecho, según ha podido saber este periódico, las partes implicadas todavía no han podido acceder a estas declaraciones tomadas a los testigos.

En la vista del miércoles, cajeros, tesorera, interventores y alcaldes declararán ante la consejera que instruye el proceso, María Antonia Lozano Álvarez, y responderán a las preguntas que les efectúen los abogados de cada una de las partes incluidas en la demanda. Probablemente, se emplace una nueva fecha para que cada uno emita sus conclusiones antes de la resolución.

 
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Cano pierde.

san fernando | política
 

Cano y Mas invitan a Ciudadanos por San Fernando a “aportar soluciones”

 

Información…..11/10/2013 20:38

La respuesta de Ciudadanos por La Isla al auto del Juzgado número 1 de San Fernando, que fue definitivamente firme el día 5 de este mes al no presentar Javier Cano recurso de casación, es que desde que se inició el presente mandato corporativo en el año 2011, los dos concejales han dedicado su tiempo y “medios económicos y materiales a defender sin denuedo, y restando tiempo a sus familias,  los derechos de los isleños, especialmente de personas y colectivos en situación de franca necesidad o con problemas en su vida diaria, trasladando al Ayuntamiento y al resto de las Administraciones Públicas, propuestas y soluciones a estos conflictos”.

En una nota de prensa remitida a este periódico ponen con ejemplo la “multitud de reuniones, de actos, de encuentros sectoriales, de asistencias a órganos municipales, de mociones plenarias, buscando siempre mejorar la calidad de vida en la ciudad”.

“Sin embargo esta dedicación se ve obstaculizada y desdeñada periódicamente por intereses ocultos que persiguen claramente hacer fracasar el trabajo desarrollado por estos dos concejales”.

La última ofensiva- dice el comunicado- destacar ahora en el mes de octubre que dichos concejales vieron rechazada en el mes de julio una petición de documentación que dirigieron al partido político Ciudadanos por San Fernando. “Simplemente eso”.

Ciudadanos por La Isla pregunta por qué se hace público ahora esta noticia tres meses después de haberse producido y a quien perjudica el trabajo del Grupo Municipal. ¿Por qué no interesa que ambos concejales sigan luchando por la ciudad?

“Desde el principio ambos concejales se  han caracterizado por no ceder a las presiones de ningún tipo, por hacer su labor de oposición municipal con independencia del resto de los grupos que no están en el gobierno local, por discrepar de cualquier decisión municipal negativa para San Fernando y por criticar los anteriores gobiernos municipales que han llevado a la ciudad a la situación que atraviesa en la actualidad”.

Y al hilo de esta noticia, “que no lo es por su falta de actualidad”, insistir en la consideración de que los dos concejales Mayte Más y Javier Cano no forman grupo municipal responde a una “completa ignorancia” del Derecho Administrativo Local, y lanzar insinuaciones sobre presuntas ilegalidades, sin haber estudiado antes dicho régimen normativo, es una conducta  “osada y temeraria. Para muchas personas, todo lo que desconocen o con lo que no están de acuerdo es ilícito”.

“Desde el Grupo Municipal integrado por Mayte Mas y Javier Cano se invita a los detractores de su trabajo a dedicar su esfuerzo en aportar soluciones a los numerosos  problemas de esta Ciudad, con casi 14.000 desempleados, de los cuales más de 7.000 son parados de larga duración”, finaliza el comunicado.

El Juzgado da la razón a CxSF y Cano deberá pagar las costas procesales

cano

Antonio Atienza ….. 10/10/2013 21:50

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Fernando ha rechazado la petición de información solicitada por el concejal Javier Cano Leal a su antiguo partido, Ciudadanos por San Fernando y ha sido condenado a pagar las costas al entenderse que no concurre requisito de causa justa. Esto es, que dicha información no pudiera haberla obtenido de cualquier otra forma en vez de acudir a las diligencias preliminares.

En el auto del Juzgado queda meridianamente claro que la documentación que Cano pedía no se ha solicitado previamente el partido, a partir de lo cual, en caso de no haberla obtenido, estaría justificado acudir a los juzgados. “No consta que se haya solicitado esa información al partido, a la secretaria de éste ni al señor Zambrano (Carlos Zambrano, coordinador general de CxSF), reconociéndose por aquel (Javier Cano) que tampoco asistió a las reuniones a las que se le convocó el 16 de enero de 2012 ni el 18 de noviembre del mismo año para solventar diferencias y aclarar las mismas”.

El auto también determina que ha quedado acreditado que Cano no atendió a los requerimientos efectuados por Zambrano y el partido, poniendo a su disposición toda la documentación referente a la designación de éste como coordinador general.

Se da la circunstancia, como consta en el auto, que Cano recibió el 18 de julio de 2012 el acta notarial por carta por correo, como el propio Cano reconoce en las diligencia, en el que se le informa de un plazo para hacer alegaciones por escrito “que no llegó a realizar”. “Dicha información que se reconoce recibida es la interesada en las presentes diligencia scon los números 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11, por lo que interesa en el escrito inicial la exhibición de una documentación que ya obra en su poder”.

El auto también expresa que Cano no explica en la solicitud de las diligencias qué juicio pretende entablar, “pues no se alude si pretende ejercitarse una acción de impugnación de acuerdos, de depuración de responsabilidades ni contra quién pretendía ejercitarse esa demanda futura”.

Desde el partido político Ciudadanos por San Fernando se ha entendido siempre que la opción de Cano de llevar la cuestión a los juzgados ha sido una maniobra de dilación que le ha permitido hasta ahora formar grupo municipal propio y cobrar como tal, así como cambiar el nombre.

Lo que estudian ahora es si la Ley permite lo que el Gobierno municipal le ha permitido o se ha producido un supuesto delito de prevaricación y de malversación de caudales públicos con el pago a un grupo de dos concejales que deberían estar el grupo de los no adscritos, caso de la concejala socialista Marta Bricco que ha dejado el PSOE y mantiene su acta de concejal.

Lo mismo ocurrió en el año 2002 cuando el ex socialista Miguel Angel López Carmona abandonó el PSOE y pasó a grupo mixto, aunque en este caso tal grupo estaba formado únicamente por él. Por esa regla de tres, el grupo mixto del Ayuntamiento estaría formado en la actualidad por los dos concejales escindidos de Ciudadanos por San Fernando y por la ex socialista Marta Bricco.

El auto del Juzgado tiene fecha de 5 de julio de este año y Cano podía apelar en un plazo de veinte días, lo que no hizo. La resolución pasó a ser firme el 20 de septiembre pasado y todavía podía presentarse recurso de reposición en un plazo de cinco días, lo que tampoco se hizo por parte de Javier Cano.

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