899 Ayto19.- El retraso de la contabilidad municipal.

Robo millonario
La Cámara de Cuentas conocía el desfase de la caja cinco meses antes

  • La tesorera y el interventor advirtieron al órgano fiscalizador andaluz en noviembre del año 2008

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Area de Economia y Hacienda

Arturo Rivera San Fernando | Actualizado 14.12.2012 – 08:10

Solo hasta que la contabilidad del Ayuntamiento se puso al día fue posible descubrir que faltaba dinero en la caja auxiliar. Antes de ello, su detección resultaba prácticamente imposible por el notorio retraso que arrastraban las cuentas y la falta de medios. Según la tesorera y el interventor, el robo era fácilmente camuflable por los supuestos autores al cuadrar diariamente el efectivo existente en caja y justificar la diferencia existente con valores que no estaban centralizados en Tesorería. La propia Cámara de Cuentas de Andalucía fue advertida de la existencia de un desfase en la caja en noviembre de 2008, antes de que comenzaran su trabajo de campo rutinario en las oficinas municipales de Hacienda. Dicho desfase, conocido por todos, se atribuía a los avales que supuestamente se contabilizaban en la caja y que no habían sido puestos al día debido al retraso que arrastaba la contabilidad municipal.

Era una explicación completamente lógica, creída además por todo el personal que trabajaba en Economía, y que tampoco llamó la atención de los técnicos de la Cámara de Cuentas. De hecho, al no tener la contabilidad al día, comprobar la verdad era prácticamente imposible.

Y lo fue hasta el día en que la contabilidad se puso por fin al día.

Es la tesis que defenderán los habilitados nacionales -tesorera e interventor- frente a la demanda presentada por el Ayuntamiento de San Fernando, que les pide responsabilidades subsidiarias por el alcance millonario, y ante la vista previa que el Tribunal de Cuentas ha fijado para el próximo 23 de enero en Madrid.

Se trata, además, de un argumento que, de ser cierto, desmonta por completo la teoría de que fue la Cámara de Cuentas de Andalucía la que se percató de la existencia del robo de la caja en el transcurso de la auditoría rutinaria que estaba llevando a cabo en el Ayuntamiento isleño.

Una cuestión que ha estado presente desde los inicios del caso y que el anterior Gobierno municipal -con Manuel María de Bernardo al frente- negó abiertamente  al afirmar que la falta de dinero de la caja -y la supuesta autoría de los cajeros- había sido detectada por la tesorera y el interventor. Es decir, que el robo había sido descubierto y denunciado inmediatamente por el propio Ayuntamiento.

La denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas por los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Cádiz en defensa de los intereses del Consistorio isleño da por buena sin embargo la versión de la Cámara de Cuentas, a la que atribuye que se descubriera el robo.

“Lo que había era un saldo que se consideraba que correspondía a avales, como así sostenían los cajeros y que, unido a la imposibilidad de comprobar la verdad al no tener la contabilidad al día, lo hacía creíble”, señala el escrito de contestación de la tesorera, María de las Virtudes Gómez Montero, que se incorpora a los autos del proceso contable.

Darse cuenta de que faltaba dinero en la caja era prácticamente imposible, insisten, por mucho empeño que se pusiera y aunque las medidas de control se hubiesen extremado, según los argumentos que exponen los técnicos superiores:

la contabilidad auxiliar de la caja cuadraba perfectamente cada día.


En 2006 se emprendió una “auditoría de avales”.

La primera vez que se detectaron desajustes entre las hojas de caja y los datos contables fue el 23 de mayo de 2006, fecha en la que se realizó el arqueo de toma de posesión de la nueva tesorera.

En aquel momento, los cajeros -a los que en el proceso contable se les pide responsabilidades directas por la desaparición de 7,8 millones de euros- justificaron dichos desajustes al aludir a la inclusión de avales en la gestión diaria de la caja.

Como no todos los avales estaban centralizados en la Tesorería y, además, existía un notorio retraso en la contabilidad municipal, saber si era verdad o no era prácticamente imposible.

El Ayuntamiento carecía también de un mecanismo de control de avales. Por ello, la tesorera decidió emprender una auditoría específica de avales. El objetivo era saber cuántos avales existía y, al mismo tiempo, valorar la forma de cruzar los datos de los pagos de ayudas de emergencia social que se realizaban directamente desde la caja con los expedientes tramitados por las trabajadoras sociales.

Fruto de esta decisión fue la elaboración de un programa informático que estuvo operativo en febrero de 2009, apenas unas semanas antes de que se detectara el robo. Según la tesorera, dicha herramienta fue clave para destapar lo que ocurría en la caja.

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