La plantilla del Hotel Bahía Sur

san fernando | hoteles

Los trabajadores del Hotel Bahía Sur convocan huelga los días 7, 14 y 21

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Antonio Atienza …..27/06/2013 19:41

Han cobrado 200 euros del mes de mayo y queda por cobrar- si cobran- el que termina esta semana. También tienen pendientes de cobrar los atrasos de 2011 y 2012,en tanto que los trabajadores eventuales de mayo y abril no han percibido el finiquito. Y para rematar, les deben el 75 por ciento de la paga de Navidad.

Esta es la situación de la plantilla del Hotel Bahía Sur al día de hoy, pero la situación de retrasos en los pagos se viene repitiendo desde hace meses, siempre recibiendo más buenas respuestas que dinero.

En la jornada de este miércoles tuvo lugar una asamblea de trabajadores que decidió convocar huelga los días 7, 14 y 21de julio en protesta por la situación,con el apoyo de los dos sindicatos del centro hotelero y en la jornada de este viernes firmaran la convocatoria oficialmente en Cádiz.

Con la situación del hotel, hasta ahora con problemas pero que no habían salido a la luz por la buena voluntad de los trabajadores, se cierra el círculo de destrucción de empleo y del complejo hotelero de Bahía Sur, el principal activo turístico de la ciudad, después de explotar en decenas de pedazos la oferta de apartamentos. Todo ello bajo la gestión de Complejo Bahía Sur SL, cuyo propietario de Elías Rodríguez-Viña.

El problema es que los trabajadores se temen que la situación lleve al cierre de hotel después de finalizar el verano. Y no por la huelga anunciada, sino que la huelga anunciada es fruto de la falta de cobro y del convencimiento de que las intenciones no van más allá de ganar todo lo posible antes de echar el cerrojo.

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El futuro de San Fernando pasa por Punta Cantera.

SAN FERNANDO

El futuro isleño, a pie de la Bahía

  • La empresa Pascual incluye parte del área de Punta Cantera dentro de su plan para salvar el hospital militar.
  • El plan de sectorización de estos suelos tendrá que estar hecho en tres años.

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Imagen del borde interior de la Bahía, desde los suelos de Punta Cantera.

Amaya Lanceta san Fernando | Actualizado 24.02.2013 – 01:00

Mucho se ha hablado y mucho se ha escrito sobre los polvorines de Fadricas. Sobre un suelo que promete, sobre unos terrenos sobre los que se demanda protección. Esta semana esta superficie pendiente de desarrollo de la ciudad de San Fernando ha vuelto a ser noticia. Parte de este espacio está en el plan expuesto por el empresario José Manuel Pascual Sánchez-Gijón, que liga al futuro del hospital de San Carlos el futuro de otros suelos militares, tanto de La Isla como de Cádiz. El gerente de la empresa que gestiona el gaditano hospital de San Rafael se ofreció a tomar la gestión del centro hospitalario que Defensa tiene en la localidad mientras se construye un nuevo hospital de alta resolución de especialidades en Janer -un sitio con mejor ubicación-. Pero además demandaba suelo en Fadricas para construir un hotel, la misma idea que tiene para el espacio que ocupa la residencia militar de Cortadura y para el Campo de las Balas en Cádiz. Cada uno de estos suelos se encuentra en una situación administrativa distinta, en manos de Defensa casi todos, pero con acuerdos con otras administraciones para su desarrollo. El caso de los polvorines de Fadricas es muy particular, puesto que la parte de Defensa se incluye como el resto de la superficie de Punta Cantera y parte de La Casería en una reserva de suelo realizada por el Ayuntamiento.

Desde hace años se habla de la recuperación de los terrenos de los antiguos polvorines para la ciudad. A finales de los año 90, el Ministerio desmilitariza el área y poco después los desafecta. En julio de 2002 firma un convenio con el Ayuntamiento isleño en el que los incluye, junto a otros espacios militares de la ciudad, para esa deseada recuperación. Sin embargo en más de diez años no ha habido desarrollo alguno de esos suelos. Tampoco de Punta Cantera. De hecho, la maniobra del Gobierno municipal de San Fernando entre finales de 2006 y principios de 2007 que inicia los trámites para hacer una reserva de esta parte de la ciudad provoca el malestar de Defensa, que bloquea la situación.

Sin embargo, poco antes de las elecciones municipales de 2011, los responsables del Ministerio anuncian que se unen al acuerdo de bases que había redactado la Administración local y que habían firmado ya la mayoría de propietarios de la zona -muchos con pocos metros cuadrados y otros como la familia Vela de la Flor, los únicos reversionistas, con una cantidad importante-. Esa aceptación se hace efectiva con la rúbrica del director gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa, Miguel Ángel Rodríguez Villanueva, del mencionado acuerdo de bases, el pasado mes de mayo.

El convenio suscrito con los propietarios obliga al Ayuntamiento de San Fernando a redactar el plan de sectorización para su desarrollo en los próximos tres años. Responsables municipales aseguraban, de hecho, que ya contaban con varios anteproyectos, y que los pasos podrían realizarse una vez entrara en vigor el nuevo Plan General (PGOU), trámite prácticamente efectivo tras la publicación el pasado 8 de febrero del documento en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Los planes para Punta Cantera siempre han contado con la construcción de viviendas y la creación de zona económica, incluida la edificación de un espacio hotelero. Los atractivos del suelo, de su ubicación, concretamente, son evidentes. Se trata de una superficie de unos 500.000 metros cuadrados, en plena fachada del saco interior de la Bahía de Cádiz, que delimita por un lado con Bahía Sur y Caño Herrera y por otro con La Casería de Ossio. Ya está definido su límite residencial: se construirán hasta 1.750 viviendas, de las que el 51% tienen que ser de protección, es decir 892. Tendrá zonas comerciales y actividad económica, para la que se reserva hasta el 27% del suelo. Se prevé la creación de una parque con una superficie de 250.000 metros cuadrados, pero también de un puerto náutico y de equipamientos deportivos. La idea es regenerar, por supuesto, el borde litoral y recuperar las fortificaciones y el conjunto de los polvorines. Porque el futuro de San Fernando pasa por estos suelos.

 
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El grupo hospitalario Pascual y Pascual S.A.

san fernando | informe

Las buenas relaciones de Pascual SA con políticos del PSOE y sindicalistas de UGT

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Información….. 24/02/2013 00:27

Seis hospitales concertados, 300.000 euros anuales de coste inicial. Esas son las cifras que sustentan una red privada sanitaria sostenida con fondos públicos que se extiende por varias de las provincias andaluzas y que tiene, como nombres propios, a ex altos cargos del Partido Socialista y de la UGT y a José Manuel Pascual, propietario del grupo hospitalario Pascual y Pascual S.A.

Entre los consejeros del grupo Pascual aparecen Agustín Ortega Limón y Salvador González Tapia, administrador solidario y vocal, respectivamente de la empresa Hospiber 2000, perteneciente al empresario José Manuel Pascual y cuyo fin social es la explotación de servicios sanitarios en régimen de propiedad o arriendo, construcción de edificios para albergar tales servicios, instalaciones, montajes y su administración y a promoción y gestión inmobiliaria de fincas, según reza en el Registro Mercantil.

Ortega Limón fue secretario general del Insalud y gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS)en la década de los 80. Fue el encargado de luchar contra los conciertos con las clínicas privadas pero, en el marco del proceso de ruptura de acuerdos con éstas en la provincia de Cádiz, pasó a incorporarse a la empresa Pascual.

La empresa José Manuel Pascual Pascual SA se salvó a finales de la década de los 90 del proceso de eliminación de los conciertos que hasta el momento venía manteniendo la Junta con algunos centros médicos de la provincia.

El gestor de estos procesos fue Ortega Limón, que pasó a ser directivo del grupo Pascual al mismo tiempo que José Manuel Pascual Pascual conseguía salvar el concierto del Hospital San Rafael de Cádiz. A partir de ahí comenzó el proceso de expansión por toda Andalucía, construyendo nuevos hospitales en la provincia, donde en la actualidad posee cuatro (Villamartín, Cádiz, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda), Huelva y Málaga. Todos concertados con el SAS.

José Luis González Tapia es consejero de Websasistencial, otra de las empresas propiedad del grupo Pascual en la que también figura Ortega Limón. Licenciado en Medicina, su vinculación con la Administración pública comenzó en 1981 como Jefe de Área de Salud Pública del Departamento de Sanidad de la Diputación de Madrid. En 1982 fue elegido como secretario general de sanidad de la UGT, cargo que mantuvo hasta 1990. Nueve años más tarde, fundó la empresa Mosponuba, con la que se hizo cargo de la gestión de los recursos humanos y sociales de la empresa de hospitales JM Pascual Pascual SA.

En la actualidad, ambos son socios del director actual de la clínica San Rafael de Cádiz, formando parte del consejo de administración de Hospiber 2000 SL que preside José Manuel Pascual Sánchez-Gijón (hijo del fundador de la red de hospitales concertados).

Estos nombres propios han tenido gran peso, según se hacía eco el periódico Libertad Digital (La Tela de Araña), en el conflicto de los uniformes de la clínica Pascual. En 2008, las enfermeras y auxiliares del Hospital San Rafael en Cádiz estaban indignadas por la obligación de la empresa a llevar un polémico uniforme, consistente en minifalda y cofia.

Las enfermeras denunciaban que, aquellas que se negaban a utilizar el uniforme, eran sancionadas con la eliminación del plus de asistencia, unos 30 euros mensuales. El conflicto saltó a la luz pública en plena defensa de los socialistas por la igualdad.

Pero el silencio del PSOE y de UGT contrastaba con la guerra que desde CCOO abrieron contra la dirección del centro hospitalario concertado con la Junta. Semanas más tarde, la Delegación Provincial de Cádiz decidió abrir una investigación y el caso llegó hasta los tribunales, resolviendo a favor de las trabajadoras.

Más socialistas de renombre

Pero junto a estos ex altos cargos del PSOE y de la UGT hay más nombres propios del socialismo y sindicalismo andaluz vinculados a la red de hospitales construida en base a los conciertos con el Servicio Andaluz de Salud.

José Luis García de Arboleya Tornero, ex consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, también ha tenido relación empresarial con la empresa Pascual. Tanto él como parte de su familia formaron parte de una sociedad vinculada al propietario de la clínica San Rafael, Arbisa gestión y Proyectos, con sede social en Málaga y fundada en 2004.

Durante los dos primeros años de su gestión, centrada en el “asesoramiento, gestión, consultoría y prestación de servicios relacionados con materiales sanitarios, farmacéuticos, medioambientales, agrícolas y de salud pública, incluidos los seguros públicos y privados relativos a dichas materias así como la contratación de los citados servicios…” estuvo a cargo de José Luis García de Arboleya Tornero.

Su nombre aparece en el registro mercantil en 2006 para indicar su cese como administrador únic0. Toma el relevo entonces María Isabel García de Arboleya del Castillo. De igual forma aparecen vinculados a las empresas implicadas en el grupo de clínicas de la familia Pascual varios familiares del ex gerente del SAS, Ortega Limón.

El nepotismo practicado en la red de empresas de Pascual SA alcanza a hijos, esposa y ex cuñados de Ortega Limón, algunos vinculados a negocios de informática en la provincia de Cádiz, coincidiendo con la implantación de la receta electrónica.

La gestión de Ortega Limón al frente del SAS fue denunciada en 1991 por Pedro San José, vinculado al Sistema Andaluz de Salud, quien en su declaración ante el juez Ángel Márquez, “acusó al PSOE y a personas vinculadas al partido, de recibir comisiones por contrataciones y conciertos irregulares establecidos entre el organismo de la sanidad pública andaluza y empresas del sector sanitario”.

San José manifestó al juez Ángel Márquez que durante la etapa de Agustín Ortega Limón, como gerente del SAS, hasta abril de 1998, se realizaron concursos irregulares de abastecimiento y de contratos de servicios con empresas que pagaban un 10 por ciento de comisión al PSOE y a otras personas, según informó tras la declaración el abogado que representaba a la acusación del Partido Andalucista (PA) en el caso, Emilio Lechuga.

Lechuga explicó que entre las operaciones irregulares que denunció San José se encontraban la subida de calificación, desde el nivel 3 al 7, establecida para dos hospitales, uno ubicado en Cádiz y otro en El Puerto de Santa María, centros que se beneficiaron de una facturación cifrada en miles de millones de pesetas.

San José puso en conocimiento del juez Márquez la contratación, con la empresa Johnson and Johnson del suministro de compresas ginecológicas para los hospitales de la sanidad andaluza, después de que se declarase desierto un concurso público al que esta empresa se presentó y recibió un informe desfavorable del SAS.

“Otro de los contratos irregulares denunciados es el del abastecimiento de placas radiográficas, realizado directamente con dos empresas, tras un concurso que fue declarado desierto. Asimismo, San José denuncio la contratación directa de la empresa OLM, SA, para la limpieza del Hospital General de Málaga, que según el ex directivo del SAS está vinculada a un ministro socialista, cuyo nombre no ha sido desvelado” (El País, 25 de mayo de 1991).

Ex alcalde de Sanlúcar

Los hospitales de José Manuel Pascual son también fuente de empleo para ex cargos socialistas de la provincia de Cádiz. Agustín Cuevas Batista, ex alcalde de Sanlúcar, su mujer y sus hijas, trabajan en la actualidad en el Hospital Virgen del Camino de Sanlúcar, de la empresa Pascual.

Cuevas, fue alcalde hasta 1999, año en el que una moción de censura lo apartó de la alcaldía a favor de Juan Rodríguez Romero, del PP. Fue acusado junto a otros miembros del PSOE y varios empresarios del intento de compra de un concejal, Manuel Ramírez (PP) para que se ausentara en la votación de la moción de censura, para lo que le habría ofrecido 50 millones de pesetas, un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Chipiona y dos billetes de avión a Lisboa para el día de la votación.

Fue el denominado ‘Caso Sanlúcar’, por el que fue condenado por delitos de cohecho con el agravante de prevalimiento de carácter público y de tráfico de influencias e intento de soborno por la Audiencia provincial de Cádiz. Un recurso al TSJA le valió la eliminación del delito de tráfico de influencias, confirmando un año y seis meses de prisión y el pago de 360.000 euros.

Posteriormente se vio envuelto en el ‘Caso Terán’, en el que un funcionario denunció la existencia de una serie de facturas falsas, por lo que Cuevas fue acusado de un delito de falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Fue el único de los ex cargos socialistas que ingresó en prisión.

El acuerdo con el Ministerio Fiscal lo condujo directamente a la cárcel, al acumular esta pena, de un año y medio de cárcel, a sus antecedentes en el ‘Caso Sanlúcar’. Tras obtener el tercer grado comenzó a trabajar en el Hospital de Pascual en Sanlúcar junto a otros familiares.

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El conflicto de Brassica

San Fernando | Conflicto laboral

Concentración de trabajadores de Brassica a las puertas de la empresa

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José F. Cabeza….. 17/01/2013 23:00

Varias decenas de trabajadores llegados desde distintos puntos de la provincia se concentraron en la jornada de este jueves a las puertas de la nave de Brassica en Fadricas para reclamar a Manuel García Gallardo el pago de los salarios atrasados, que sobrepasa los tres meses en el caso de unos y los cinco en el caso de otros. Allí se dieron cita los transportistas, el personal de almacén y las monitoras de los comedores.

Unas monitoras que mostraron su sorpresa con la Junta por establecer unos servicios mínimos durante la huelga del 33 por ciento del personal teniendo en cuenta que la comida no llega a los comedores debido a la huelga de los transportistas.

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El propio García Gallardo se puso en contacto horas antes del inicio de la concentración con los transportistas para hacerles una última oferta al objeto de que desistiesen de la huelga y llevasen los alimentos a los comedores.  Una oferta que consistía en pagarles por el momento dos de las nóminas que les debe y sin plazo para el resto. Una oferta que fue rechazada de pleno por los transportistas ante la incertidumbre que se cierne sobre su futuro laboral, tras anunciar la Junta la rescisión del contrato de los comedores con la empresa.

or otro lado, la intención de la Administración autonómica es que este lunes se recupere la normalidad y ya haya una nueva firma que se encargue de ofrecer dicho servicio a los centros escolares afectados.

 

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