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SAN FERNANDO

La rehabilitación del Palacio Consistorial reduce su presupuesto y Loaiza espera a la Junta

  • La obra puede hacerse por 6 o 7 millones de euros, la aportación de las dos administraciones no pasaría de los 3,5 millones de euros.

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Palacio Consistorial

elcastillodesanfernando….. Publicado el: Mar, 14 may, 2013

El alcalde isleño, José Loaiza, ha enviado una carta al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, el isleño Fernando López Gil, para ver si existe voluntad política de llevar a cabo la rehabilitación del Palacio Consistorial y la Junta de Andalucía aporta la mitad del presupuesto, como estaba comprometida en un edificio que es Bien de Interés Cultural. Loaiza espera que se mantenga el compromiso de la Junta, pero en el caso de que López Gil no mostrara la voluntad política “recuperaremos nuestro patrimonio y ya buscaremos financiación”, aseguró.

El convenio firmado en su día entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía recoge que la rehabilitación del Palacio Consistorial se financiaría al 50 por ciento entre ambas administraciones. Si se atiende un informe de técnicos que cifran que la obra puede hacerse por 6 o 7 millones de euros, la aportación de las dos administraciones no pasaría de los 3,5 millones de euros, en el peor de los casos.

Y es que la última oferta de la Administración autonómica ha escocido al Gobierno local, puesto que rebajaba hasta los 10,5 de euros el presupuesto eliminando la instalación de aire acondicionado.

Entre las variaciones sobre el proyecto inicial se encuentra la creación de dos huecos de ascensor por cuestiones de accesibilidad.

Loaiza espera que en el plazo de un año las grúas puedan estar ya trabajando en el Palacio Consistorial si la Junta de Andalucía pone de su parte. Por tanto, la pelota está ahora en el tejado de la Junta de Andalucía.

Loaiza insiste en una rehabilitación más austera pero práctica y viable

  • El alcalde rescata su propuesta para afrontar la puesta a punto del Palacio Consistorial cuando está cerca de cumplir siete años cerrado Pide “voluntad política” a la Junta.

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Detalle de la fachada, con uno de los famosos leones del Consistorio.

Arturo Rivera san Fernando | Actualizado 15.05.2013 – 01:00

Ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía tienen ahora capacidad económica para afrontar conjuntamente la inversión de doce millones de euros que requiere el proyecto de rehabilitación integral del Palacio Consistorial, que este verano cumplirá siete años cerrado a cal y canto.

Si no se plantean en serio alternativas, la situación de este emblemático edificio se prolongará por mucho más tiempo ante la incapacidad de ambas administraciones para acometer una actuación tan ambiciosa. Y eso es lo que el equipo de gobierno quiere evitar a toda costa.

De ser así, recordó ayer el alcalde de San Fernando, José Loaiza (PP), los isleños tardarán todavía muchos años en volver a ver abiertas las puertas de su Ayuntamiento. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo podrían llevarse a cabo los obras. Si antes no media una decisión viable, realista y acorde con los tiempos que corren “terminará cayéndose a pedazos”, advirtió.

El regidor, al hilo del debate acerca del ruinoso estado del patrimonio que se ha abierto en la provincia a raíz del derrumbe de la iglesia de San Agustín en Medina, ha insistido en la propuesta que el Gobierno local planteó a la Junta para abordar la intervención que está pendiente en el edificio consistorial de la plaza del Rey.

Una alternativa que reduce a la mitad el presupuesto de ejecución de las obras para dejarlo entre seis y siete millones, según los estudios que obran en manos del equipo de gobierno y que ayer nuevamente citó Loaiza. Evidentemente, dicha actuación obvia casi por completo el proyecto de rehabilitación aprobado (su tramitación terminó en la primavera de 2011) en favor de una intervención mucho más austera, aunque pragmática y viable.

Básicamente, la propuesta del PP pasa por “rehabilitar lo que hay sin añadir ni modificar apenas nada más en el edificio”. La actuación deja atrás costosas propuestas como la rehabilitación de los dos patios de luces del edificio consistorial o la construcción de un salón de plenos en voladizo para dejar el Ayuntamiento en su estado actual, tal y como era conocido hasta que cerrara sus puertas en verano de 2006. “No hace falta más y los isleños no quieren otra cosa que el Ayuntamiento que conocían. Les gustaba tal y como estaba. Lo que quieren es que vuelva a abrir sus puertas”, afirmó el regidor isleño.

La intervención que persigue el Ayuntamiento consiste fundamentalmente en una puesta a punto del edificio, resanando fachadas y rehabilitando todos aquellos elementos que sea necesarios. Pero sin añadidos.

Solo dos elementos habría que modificar, “habría que trabajar en los huecos para dos ascensores por una cuestión de accesibilidad pero eso ya está en el proyecto y tiene su visto bueno”.

JOSE LOAIZA ALCALDE DE SAN FERNANDO. FOTO ELIAS PIMENTEL

José Loaiza.

Loaiza, de esta manera, reclamó ayer “voluntad política” a la Junta de Andalucía para afrontar esta rehabilitación, frenar el deterioro de este inmueble histórico y, además, permitir que vuelva a tener uso. Si se respeta el convenio suscrito, Junta y Ayuntamiento irían al cincuenta por ciento en esta actuación, lo que supondría -calculó Loaiza- entre tres millones o tres y medio de euros que se repartirían en varias fases de ejecución. Inicialmente se prevén hasta tres distintas aunque podrían ampliarse en función de la situación.

Es una inversión asumible por ambas administraciones. Tanto que Loaiza se atrevió a decir ayer que, si la Junta no está dispuesta, lo haría el Gobierno municipal por su propia cuenta. “Si hace falta, lo hacemos solo, pero que no nos pongan trabas desde la Junta”, afirmó. “Lo único que le pedimos a la Junta es que nos dejen trabajar en este Ayuntamiento”, insistió. En un año, advirtió el alcalde, podrían estar trabajando en la rehabilitación del Consistorio.

Para Loaiza, las alternativas están claras: o es eso o el Ayuntamiento seguirá cerrado hasta fecha indefinida.

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Supuesta aluminosis

SAN FERNANDO

  • La Junta quiere descartar daños estructuras antes de que los inquilinos vuelvan a sus viviendas.

JUAN FRANzon

La Ardila, el bloque número 5 de la calle Juan Franzón

A.L. San Fernando | Actualizado 02.02.2013 – 01:00

La finca que en abril de 2011 fue desalojada en La Ardila, el bloque número 5 de la calle Juan Franzón Añino, por supuesta aluminosis será objeto de estudios para comprobar el estado real de su estructura, una vez que ha quedado descartada que sufra este alteración del hormigón tan devastadora. La Junta ha encargado a una empresa las pruebas necesarias para decidir si es posible la vuelta de los inquilinos. El lunes comenzarán los trabajos.

La situación de estas personas afectadas por el desalojo es preocupante al haber tenido que hacer frente a un alquiler una vez salieron de sus casas. Una de las familias se encuentran en peligro de desahucio, al haberse quedado sin trabajo el matrimonio y no haber podido hacer frente al pago de la cuota de la hipoteca junto a la renta de la vivienda alquilada.

Esta situación y la del resto de afectados hizo que IU pusiera el caso en manos de la Administración andaluza, que cuestionó la existencia de aluminosis y estimó necesarias unas pruebas de carga para ver la estabilidad de la estructura. Para llevarlas a cabo hacía falta limpiar una de las casas, para lo que se pidió ayuda al Ayuntamiento. La respuesta negativa final ha provocado que la Junta opte por que una empresa especialista se haga cargo. De cualquier manera el lunes se colocarán sensores y cargas de agua, además de recoger muestras de pilares y otras estructuras para estudiar su resistencia. Si los problemas no son graves, la administración andaluza se hará cargo de las obras con el fin de que los afectados puedan volver a sus casas.

 
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¿Es la Policía un enemigo?.

SAN FERNANDO | Entrevista a José Manuel Sánchez Fornet

“Hacen falta más pruebas para investigar al hijo de Pujol que a una persona normal”

José Manuel Sánchez Fornet

Antonio Atienza ….. 19/01/2013 23:30

Deja claro en la entrevista que los errores que se cometen hay que reconocerlos y corregirlos y no duda en ponerse en el lado del 95 por ciento de españoles que creen que la Justicia no es igual cuando se trata de investigar la corrupción política que cuando se investiga a un ciudadano de a pie.

—Ha habido 36.000 manifestaciones durante 2012. ¿Hay falta de personal en el Cuerpo Nacional de Policía?
—Sí, pero de esas 36.000 manifestaciones, 36.990 se han solicitado, se han autorizado y han creado muy pocos problemas a los ciudadanos. Manifestarse en sí no es nada negativo. Una manifestación, como su propio nombre indica, es que los ciudadanos quieren manifestar algo, quieren expresar su malestar, su desacuerdo. Luego están los que aprovechan las manifestaciones para ir enmascarados, cargados de piedras e intentar provocar altercados. Eso es una cosa distinta porque no solicitan autorización ni creo que se puedan llamar manifestantes en su justo término. Es otra cosa y para esos sí tenemos personal suficiente. De hecho, ahora mismo estamos en la ratio más alta de policías que hemos tenido nunca, porque en el año 2000 éramos 40.000 y ahora mismo estamos en 65.000 y 85.000 guardias civiles. El problema es que si en estos años atrás hemos tenido promociones de 5.000 que entraban y ahora entran 150 y se van 2.000 ó 3.000 cada año, si no se corrige pronto en poco tiempo volveremos a estar otra vez con plantillas muy deficitarias. Pero ahora mismo tenemos un colchón que nos puede permitir dos, tres, cuatro o hasta cinco años mantener el servicio con el personal necesario.

—Se ha producido una desafección de la sociedad con la Policía tras las últimas manifestaciones en las que se han difundido imágenes que valen más que mil palabras, aunque mil palabras puedan justificar una imagen.
—En seis meses hemos bajado once puntos en la valoración de los ciudadanos. Es evidente que las manifestaciones violentas no nos ayudan y nos ayudan menos si además cometemos errores y no los reconocemos, y nos ayudan menos si además el Gobierno parece tener la estrategia de que sea la Policía la que esté en primera línea, colocada en la diana del malestar social. El 25-S cuando aquello de Rodea el Congreso, de lo que menos se habló fue de que se estaban aprobando los Presupuestos Generales del Estado, o no se habló prácticamente de eso que era el motivo de la convocatoria. Se habló del dispositivo policial, de la actuación policial, etc, etc.  Yo creo que la Policía tiene que intervenir haciendo uso de la fuerza cuando es imprescindible, pero sólo cuando es imprescindible, y que tenemos que garantizar que ningún manifestante pacífico que esté allí reciba ni el más mínimo empujón por parte de la Policía. Sé que es muy complicado pero esa es nuestra tarea y es así de complicada. En eso es en lo que tenemos que esforzarnos. Nosotros no queremos volver a ser como hace treinta años, cuando el policía le decía a su hijo que era fontanero por el descrédito que podía haber por el trabajo que hacía la Policía. El policía es un trabajador de la seguridad pública y es un trabajo muy digno que garantiza la seguridad y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y así tenemos que seguir siendo.

—El SUP fue de los pocos que puso los puntos sobre las íes en esos excesos que se cometieron a pesar de la presión del Gobierno.
—La presión del Gobierno y de un sector del colectivo y de otro sindicato que entienden que decir que no se puede dar una patada a un ciudadano que está tirado en el suelo porque no es profesionalmente aceptable es ir contra la Policía. Nosotros lo denunciamos pero hay otros que por decir nosotros eso dice que somos enemigos de la Policía, nos lanzan furibundos ataques y el Gobierno, además, está de su parte. Pero la Policía como la mayoría de los colectivos, sabe dónde está y darle una patada a un ciudadano que está en el suelo no es tolerable, en ninguna Policía del mundo, ni siquiera en la de una dictadura. Cualquiera que defienda eso no sabe en qué país está y no sabe qué Policía quiere.

—¿El Gobierno está incitando a la Policía a actuar con más dureza o se actúa según las circunstancias?
—Se actúa según las circunstancias pero en este caso hay un nuevo jefe de las unidades de intervención policial que hace dos meses escasos, en el  entrenamiento anual que se tiene en Linares estaba forzando mucho a los compañeros a actuar con más contundencia, tanto forzó que hubo varios escudos rotos y ocho policías heridos. A nosotros nos parece que no hay que excitar tanto al policía ni exigirle tanta contundencia. Lo que hay que hacer es depurar los procedimientos operativos para que seamos capaces de ir a detener al violento respetando a los pacíficos que normalmente suelen estar entre la Policía y los violentos, porque los violentos no se ponen normalmente en primera línea. De lo que se trata es de que seamos capaces de depurar nuestro trabajo deteniendo a los violentos sin rozar a los pacíficos. Si usamos más violencia nos llevamos a los pacíficos por delante. Algunos errores en esos planteamientos son los que pueden hacer que la Policía haya bajado once puntos en estos seis meses.

—¿Hubo policías incitando a los manifestantes a enfrentarse a la Policía o se han difundido imágenes parciales?
—A mí no me consta. Que hay policías infiltrados en los grupos violentos, sin duda, siempre los ha habido porque es nuestra obligación, lo mismo que en las bandas de narcotraficantes o en los grupos terroristas si podemos hacerlo. Pero eso de un policía incitando a la violencia, he visto imágenes pero hay demasiada manipulación en las redes sociales. A mí no me consta y es más, el policía que lo hiciera se expone a un expediente, a una condena judicial y a que por la comisión de un delito pueda ser expulsado de la Policía. La Policía está dentro y si los malos dicen que van a asaltar cualquier cosa los acompañan pero su misión es identificar a los cabecillas de esos movimientos para luego señalarlos y procedamos a su detención. En ningún caso instigar. Si alguien lo hace, que digo que a mí no me consta, hace mal uso de su trabajo de infiltrado policial.

—Una de sus grandes batallas es la batalla contra la corrupción, bastante difícil teniendo en cuenta que la mayor parte de los corruptos son políticos. El caso Pujol y el caso Mas en Cataluña, coincidiendo con un proceso electoral ha puesto de manifiesto una serie de presuntas irregularidades, de informes sin nombres y apellidos y creo que ha sido usted quien ha dicho que la Policía tiene derecho a investigar sin orden judicial. Pero ¿hasta qué punto?
—Quiero aclarar que no soy yo, es el sindicato, mi organización la que desde siempre lucha contra la corrupción porque entendemos que la corrupción es el peor enemigo de la democracia. Nosotros no diferenciamos a gestores políticos, ideologías políticas. Hablamos de decentes y corruptos. Servimos al Estado. Los ciudadanos nos dicen de qué signo es el Gobierno que nos dirige y nosotros seguimos haciendo nuestra tarea esté quien esté. La Policía tiene derecho a investigar no porque lo digamos nosotros; lo dicen los jueces, lo dice la Fiscalía Anticorrupción, nos lo dijo la Fiscalía Anticorrupción en el mes de mayo cuando presentamos algunos indicios de que el ático de Marbella era propiedad del  presidente de la Comunidad de Madrid. Nos dijo que no había datos suficientes para una investigación judicial pero que sí podía haberlos para una investigación policial y que se llevara a cabo esa investigación policial. Pero claro, eso tiene unos límites. Ir al Catastro y pedir un registro lo puede hacer cualquier ciudadano y nosotros podemos hacer determinadas cuestiones como lo puede hacer un vecino. Y luego hay otras como es conocer el número de cuenta que afecta a la intimidad y ya hace falta mandato judicial. Pero en las diligencias del juzgado de Estepona sobre la propiedad del ático queda bastante claro  porque tras la denegación que nos hace la Fiscalía Anticorrupción, la UDEF le dice que sí, que efectivamente hay indicios con lo que tenemos pero que hay que investigar cuentas y es el juez el que tiene dar las autorizaciones preceptivas.

¿En el caso de las investigaciones sobre las autoridades catalanas ha habido una mano negra?
—Yo no veo mano negra. Yo veo a policías decentes que están indignados de ver durante años y años indicios muy sólidos y que se queden en los cajones, algunas veces en los cajones de algún mando policial y no llegan a donde tienen que llegar. O si llegan no se hacen las actuaciones que se tienen que hacer. Con los documentos que llevaron dos mandos policiales al Fiscal Anticorrupción de Barcelona el 29 de octubre, con esos mismos indicios a cualquier otro ciudadano se le registra la vivienda y se le llama a declarar. No puede haber un doble rasero de medir. Si a usted le investigan las cuentas o me las investigan a mí nos tienen que aplicar el mismo criterio que el hijo de Jordi Pujol, pero hay que llevar muchas más pruebas para que se registre su vivienda que para que se registre la nuestra. Y eso es lo que estaba pasando y lo digo en pasado porque ojalá pueda seguir diciéndolo.

—Más del 95 por ciento de la gente piensa que a los políticos se les trata mejor, tanto por la Policía como por los jueces, que al resto de los ciudadanos. ¿La Policía recibe presiones para que no investigue?
—Sí. Yo soy uno del 95 por ciento y estoy de acuerdo en eso y desde luego no es lo mismo investigar a un narcotraficante en la Cañada Real de Madrid que investigar un responsable político en ningún caso. Eso está mal organizado y en nuestra opinión tendría que crearse una Agencia Anticorrupción en este país y reformar muchas cosas, en la Justicia y en la Policía. Pero poniendo una Agencia Anticorrupción, con un fiscal al frente que fuera elegido en el Congreso de los Diputados y que se le revistiera de la protección suficiente para que con policías y guardias civiles pudieran llevar a cabo todas aquellas investigaciones que fueran precisas referentes a políticos, a empresarios, a policías que también los hay corruptos… En definitiva, para limpiar porque España es un país corrupto, aquí se ha instalado la corrupción, hemos pasado de la dictadura a una democracia muy sui generis donde determinados comportamientos que en cualquier otro país son despreciables aquí se consideran normales. Un ciudadano que engaña a Hacienda lo cuenta al vecino en el bar y se toman unas cañas; eso pasa en el centro y norte de Europa y le dejan de hablar. Y desde ahí arrancan estas prácticas corruptas que llegan a las más altas instancias del Estado. Si no acabamos con la corrupción, la corrupción acaba con la democracia.

—Hasta ahora la situación se está manteniendo porque existe el colchón de la familia, ¿pero no temen que la situación vaya creciendo conforme se van acabando las prestaciones , que personas con treinta y tantos años que no tienen que darles de comer a sus hijos se pongan delante de la Policía y se llegue a donde nadie quisiera llegar?
—Sí. Es un riesgo evidente. Lo que esperamos es que el Gobierno sea capaz de impedir que la situación llegue a esos extremos. Nosotros nos hemos pronunciado hace muy poco en relación a los desahucios en los que tenemos el trabajo más ingrato. Es verdad que lo ordena un juez, pero el queva allí y tiene que sacar a la familia siempre es un policía y hemos contado casos de compañeros que fruto de la tensión han acabado vomitando, o de algún otro que estaba en Ceuta a 40 grados en la habitación de un niño con el casco puesto y la visera bajada porque había visto allí un juguete como el de su hijo y estaba llorando… Hemos sido los primeros que hemos dicho al Gobierno que tiene que arreglar el tema de los desahucios; no que la Policía no vaya a cumplir con su trabajo, porque desgraciadamente nos toca hacerlo, pero no se puede estar echando a la calle a la gente en estas condiciones. No es justo y no es ni siquiera legal. Hay una resolución ya de un tribunal europeo que dice que las personas en esa situación están indefensas ante los bancos. Nos ha costado un expediente disciplinario decir eso, uno más, pero esa es la posición que tiene que tener el sindicato y la Policía. Nuestra obligación la vamos a cumplir siempre, unas veces es grata y otras muy ingrata, pero sí podemos decirle al Gobierno que tiene que arreglarlo. Igual que no puede tener seis millones de parados y un millón y medio de personas sin prestación. Saque dinero de donde pueda, ponga un impuesto a los bancos, cree la tasa Tobin, haga lo que sea necesario para que esas personas tengan una mínima paga de subsistencia. Eso es lo que podemos hacer nosotros.

—¿Hay más casos de depresión, de enfermedades mentales en el colectivo policial ante la presión a que se está viendo sometido?
—No lo sabemos porque no nos dan los datos. Desgraciadamente este es un país sin Ley de Transparencia y no sabemos los datos de nada, ni de los delitos que suben ni de los suicidios. Los hemos pedido recientemente por escrito porque llevábamos varios meses pidiéndolos y no nos los dan. Pero desde luego la situación, cuando hay un policía que está cobrando menos que hace cinco años y la mujer se ha quedado en el paro, o el marido cuando la mujer es la policía, las condiciones en las que se presta el servicio son muy ingratas. Los policías que salen de la Academia, que sean de Cádiz y vayan a Madrid que habrá algunos, irán con 1.400 euros de salario. El alquiler no les va a costar menos de 500 ó 600 euros. Pues ya me dirá usted cómo vive. Se juntarán tres o cuatro policías, estarán viviendo en un piso, en las peores condiciones. Eso también nos afecta. A eso se le suma que las condiciones de trabajo son peores porque hay menos días libres, los medios materiales son desastrosos, pues también repercute en la calidad del servicio.

—Y eso es lo que hace que la sociedad comience a estar viendo a la Policía como a un enemigo.
—Eso es lo que más nos preocupa. Por eso estamos insistiendo mucho a los compañeros, a los mandos policiales y a los ciudadanos en que hay que usar la fuerza mínima imprescindible para resolver los conflictos. Y esos otros sindicatos y otros compañeros que se creen que por ser policías tenemos mano ancha para usar la violencia indiscriminadamente, hay que decirles radicalmente que no. Hemos puesto el ejemplo de la patada en la cabeza porque es muy significativo. Nosotros vimos un gesto como ese que lo hizo un compañero y dijimos que estábamos radicalmente en contra, que eso no puede ser y hay otros que han salido defendiéndolo. Nosotros queremos poder seguir diciendo a nuestros hijos y a nuestros vecinos que somos policías y para no sentirte avergonzado ante tus vecinos tienes que tener un comportamiento profesional adecuado a las circunstancias. Si alguien ve que un policía tiene que detener a un atracador y reducirlo a la fuerza seguro que lo entiende perfectamente. Lo que no va a entender nunca es que un policía llegue y le dé un empujón a dos menores de edad porque están protestando porque no tienen calefacción. Eso no lo va a entender y en esa pelea es en la que estamos.

 

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Premio ‘Emprendedor del año’

SAN FERNANDO | INVESTIGACIÓN

El isleño Francisco Héctor Bouzo, premio ‘Emprendedor del año’

  • Universidad Pontificia de Comillas
  • Asociación de Ingenieros de ICAI
  • Construcción de un Prototipo de Fotobioreactor con Cosechado y Secado Automático de Microalgas Autosuficiente
  • Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI
  • Banco Mundial en la realización del Informe Anual Doing Business.

Recibiendo el premio.

Información……19/10/2012 17:25

Francisco Héctor Bouzo Cortejosa nacido en San Fernando hace 33 años y donde actualmente tiene instalada su propia empresa de ingeniería, ha recibido en la Universidad Pontificia de Comillas el premio Emprendedor del año que otorga la Asociación de Ingenieros de ICAI
   
Héctor Bouzo es ingeniero del ICAI (Promoción 2002)  y antes de su graduación ya colaboraba con ingenierías como freelance en la redacción de proyectos de instalaciones. En 2003 creó su propia empresa de ingeniería y comenzó su aventura empresarial, lo que le llevó a trabajar en el mundo de las instalaciones y montajes, con especial dedicación a las instalaciones eléctricas de media y alta tensión.

En el año 2007 vendió su parte de la empresa para dar un giro en su carrera y dedicarse al sector fotovoltaico diseñando, promoviendo y construyendo dos parques con un total de 3,5MW.

Paralelamente a su actividad en el sector de las renovables, en 2007 creó Solcaisur, para retomar el mundo de los proyectos pero desde el punto de vista de la I+D, desarrollando y construyendo llave en mano equipos a medida para I+d, entre los que destaca una planta piloto de Biometanización para Urbaser.

La experiencia adquirida durante estos años en el campo de la I+d para otras empresas, le permitió en 2011 dar un nuevo giro y, a pesar de la situación financiera actual, dedicar parte de su tiempo a la I+d propia en el campo de las microalgas y la valorización del biogas mediante la eliminación del CO2.

Discurso a los asistentes.

La primera de las líneas de investigación se centra en la construcción de un Prototipo de Fotobioreactor con Cosechado y Secado Automático de Microalgas Autosuficiente energéticamente hablando, que verá la luz a primeros del año que viene.

También colabora desde 2008 con el Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI como asistencia técnica y con el Banco Mundial en la realización del Informe Anual Doing Business.

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