899 Ayto11.- La firma obliga

 
Robo millonario de la caja
 
Demanda presentada por el Ayuntamiento ante el Tribunal de Cuentas
 
  • Las elevadas cantidades que se movían en la caja en metálico debieron llamar la atención a los dos ex regidores a los que se le piden responsabilidades subsidiarias

Ex alcaldes que lo firmaban todo

Arturo Rivera / San Fernando | Actualizado 03.10.2012 – 09:13

La inclusión de los ex alcaldes -Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo- como responsables subsidiarios en la demanda que el Ayuntamiento ha presentado ante el Tribunal de Cuentas ha sido uno de los aspectos más controvertidos del proceso contable iniciado a raíz del robo millonario de la caja en metálico. Sobre todo por la tormenta política que ha desatado.

¿Deben figurar en la demanda como apuntaba la Cámara de Cuentas andaluza en la propuesta de liquidación de julio de 2011? ¿Era realmente necesario tocar a los ex regidores?

A la luz de la demanda elaborada por los servicios jurídicos de la Diputación Provincial, no había otra opción posible. Era inevitable. Al igual que ocurre con los otros dos claveros -tesorera e interventor- la firma del alcalde en las actas de arqueo “le hace responsable de los datos inveraces en ellas incluidos”. Y, por ende, también son responsables de la omisión de las actas de arqueo preceptivas “que no se han verificado durante sus mandatos”.

La firma a la que estaban obligados en su calidad de alcaldes y ordenadores de pagos no deja otra posibilidad, aun cuando ambos regidores se limitaran a rubricar documentos que llegaban con todos los avales e informes favorables de los técnicos del área, como ocurría.

Pero, además, en la demanda se les hace un “reproche contable” que incide en su inclusión como responsables subsidiarios en el procedimiento de reintegro por alcance. “Suscribieron actas de arqueo con cifras extraordinariamente elevadas sin cuestionar la firma con el añadido de que también les pasaba desapercibido que tenían que ordenar pagos para remesar la caja en cuantías muy altas, que necesariamente tienen que llamar la atención a las autoridades que habitualmente gestionan fondos públicos y conocen las necesidades de financiación de los servicios”, sostiene.

Los términos en los que se explica la demanda llegan incluso a ser tajantes al referirse a los alcaldes: “Si el ordenador de pagos hubiese cuestionado someramente por qué no se han hecho los arqueos a los que legalmente está llamado, o por qué las cuantías en la caja de efectivo son tan altas, o por qué hay que ordenar pagos en cuantías tan frecuentes o elevadas a la caja de efectivo, hubiera desencadenado o excitado el celo de los servicios económicos municipales, impulsado dichos servicio, para detectar las causas, conduciendo a la situación que se produjo el 1 de abril de 2009, fecha en la que tras un arqueo extraordinario de la caja de efectivo, el interventor y la tesorera informaron de un presunto alcance”.

De nuevo, la demanda insiste en una tesis de la que advierte también al referir las irregularidades de los arqueos: la de que el robo podría haberse evitado o, al menos, podría haberse detectado varios años antes. “En cuanto se verificó el control, fue detectado el alcance”, argumenta el Ayuntamiento en la demanda. Eso sí, reconoce, como ya se ha apuntado, que esa labor de verificación, al implicar necesariamente varios ejercicios (desde 2002 a 2009), fue un trabajo “realmente laborioso o exhaustivo”. “Es evidente que la detección del alcance en recursos contabilizados por los servicios municipales ha requerido un esfuerzo muy especial en el ejercicio de las funciones de Intervención o Tesorería y un examen exhaustivo de la documentación justificativa de todos los cobros y pagos de la caja en efectivo”, llega a admitir.

Sin embargo, señala también, “bastaba la cautela de controlar las hojas de caja de un día a otro para detectar y controlar posibles irregularidades, prevención que no se había adoptado”.
Más de dos millones de euros en talones sin cuestionar

  • También -dice la demanda- debió alertar la petición constante de cheques

Arturo Rivera / San Fernando | Actualizado 03.10.2012 – 09:12

La demanda del Ayuntamiento en el proceso contable advierte en reiteradas ocasiones sobre otro chocante aspecto del caso sobre el que también incide la investigación policial: las remesas de efectivo remitidas por el Ayuntamiento para dotar de fondos a la caja a través de cheques (para atender ayudas sociales).

A petición del cajero -el principal imputado por la vía penal, el funcionario Clemente Ruiz- se advertía de la ausencia de fondos para atender este tipo de ayudas que eran remitidas desde Servicios Sociales. Entonces, el interventor -como señala el informe elaborado por la Policía- extendía un talón, cuyo importe podía oscilar entre los 5.000 y los 20.000 euros. Dicho talón, que se hacía efectivo en una entidad bancaria, pasaba a formar parte de la contabilidad de la caja municipal en concepto de ingreso.

Según los cálculos reflejados en la demanda, dichas remesas de efectivo realizadas a través de cheques -una de las fuentes en metálico de las que se ha nutrido el menoscabo- asciende a un total de 2.244.571,01 euros.

Sin embargo, advierte, del “mero examen” de los libros de contabilidad de la partida correspondiente a la caja se advierte que en ningún momento hubo necesidad de aumentar el saldo de la caja mediante la extensión de talones, “pues en un porcentaje muy elevado de días, los ingresos superan a los gastos y además por mucha diferencia”. Textualmente, según indica la Policía en el informe remitido al Juzgado, “siempre existió saldo suficiente en la caja municipal para hacer frente a los pagos que se realizaban por la misma”. La caja, como se apunta en la demanda, se autofinanciaba sin necesidad de acudir a otras fuentes de ingresos. Y ese elevado saldo contable que mostraba -insiste- debió haber servido para que se cuestionaran la petición de talones por un valor total que supera los dos millones de euros. “Ha habido un concurso de actitudes profesionales y de la autoridad pasivas ante la exorbitante cuantía contable del saldo en caja”, sostiene la demanda.

 
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