La sentencia del Tribunal de Cuentas

SAN FERNANDO

De Bernardo dimite tras la sentencia del Tribunal de Cuentas por el robo

  • Anuncia que recurrirá la resolución, que rechaza abiertamente por no “ajustarse a derecho”

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El ex alcalde isleño Manuel María de Bernardo

Arturo Rivera san fernando, Cádiz | Actualizado 04.12.2013 – 09:17

 

El ex alcalde isleño Manuel María de Bernardo presentó ayer su dimisión como concejal del Ayuntamiento de San Fernando tras conocerse el contenido de la sentencia del Tribunal de Cuentas, que le considera uno de los responsables subsidiarios de la desaparición de 7,6 millones de euros de la caja de efectivo del área de Economía y Hacienda entre 2003 y 2009. 
 
El que fuera regidor isleño -al igual que el anterior alcalde, Antonio Moreno- tendrá que pagar  29.250 euros, según el fallo, por “el irregular cumplimiento de las obligaciones relativas a arqueos, la omisión de cautelas en la firma de los talones y su pasividad en el impulso de medidas adecuadas para la prevención, evitación o subsanación del alcance”. 
 
El Tribunal de Cuentas habla de “una actuación negligente y ajena al rigor exigido en la gestión de los fondos públicos, lejana a la exhaustividad de los recursos que debe emplear un gestor para prever y evitar daños patrimoniales a las arcas públicas y constitutiva de un descuido jurídicamente relevante en la administración de los fondos a su cargo”. 
 
De Bernardo tomó la decisión de dejar la Corporación Municipal en el mismo momento en el que conoció la resolución. Ya en la tarde del lunes había puesto su carta de dimisión sobre la mesa del secretario local y portavoz del grupo andalucista, Francisco J. Romero. También trasladó por teléfono su decisión al alcalde, José Loaiza. No obstante, no formalizó su renuncia hasta mantener a primera hora de la mañana de ayer una reunión con el actual líder andalucista isleño en la que tuvieron la ocasión de tratar su marcha cara a cara. Poco antes de mediodía, tras haber puesto su decisión en conocimiento de los secretarios provincial y regional del PA, el ex regidor registró en el Ayuntamiento su carta de dimisión, que inmediatamente remitió a los medios de comunicación. También se despidió por correo electrónico de toda la plantilla municipal, a los que explicó los motivos de su decisión. 
 
De Bernardo, que entre 2000 y 2006 fue también vicepresidente de la Diputación Provincial de Cádiz, abandonaba así definitivamente la Corporación Municipal y la vida política local tras 18 años y medio de ejercicio activo.  Lo hacía además visiblemente consternado y entristecido por el contenido de una sentencia que considera injusta, que rechaza abiertamente y contra la que -así lo anunció ayer- presentará un recurso de apelación. Asegura que la sentencia “no se ajusta a la realidad de los acontecimientos ni a derecho”. 
 
“Sigo pensando que no soy responsable subsidiario del menoscabo producido en este Ayuntamiento y espero que la justicia me dé al final la razón”, insiste el ex regidor, para el que robo ha tenido un alto coste político y personal. 
 
De Bernardo, de hecho, reconoce que ha adoptado la decisión de marcharse para no perjudicar a los intereses del Partido Andalucista y para no dañar tampoco la imagen del Ayuntamiento al permanecer en el seno de la Corporación Municipal tras la sentencia. “En este momento debo asumir las responsabilidades administrativas o políticas que me achaca el Tribunal de Cuentas, aunque tenga la intención de recurrirlas”, afirma en su carta de dimisión. 
 
El ex alcalde andalucista, como ya había dejado entrever con anterioridad en algunas de sus declaraciones, afirma que tenía decidido dejar la política municipal desde principios del mandato corporativo. Solo la resolución del proceso en el que se había visto envuelto había retrasado su marcha definitiva. Había optado por esperar a la resolución con el propósito de demostrar su “total falta de responsabilidad contable” en el triste asunto del robo, una decisión no ha sido comprendida por buena parte de la ciudadanía.  “Mi intención siempre ha sido poder abandonar la Corporación Municipal una vez que hubiera quedado totalmente demostrada mi total falta de responsabilidad en este asunto, aunque fuera subsidiaria, esa que viene a significar te acuso de no haber vigilado lo suficiente. No va a ser posible”, manifestó.  
 
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Tribunal de Cuentas:19 de junio en Madrid

San Fernando | Desfalco

La Fiscalía ratifica la demanda del Ayuntamiento y las cantidades para los presuntos responsables

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José F. Cabeza…. 20/03/2013 20:32

Ya hay fecha para la celebración del juicio contable por la desaparición de los 7,8 millones de euros de la Caja Municipal: será el próximo 19 de junio en Madrid en el Tribunal de Cuentas.

Así se ha fijado en la jornada de este miércoles en la audiencia técnica que ha tenido lugar ante dicho organismo en la capital de España y al que han asistido todos los supuestos responsables, tanto directos como indirectos, a excepción del ex cajero Clemente Ruiz y del ex interventor municipal Rafael Monzón Ristori. Un primer encuentro en el que las partes se han postulado sobre qué pruebas presentarán para defender a sus clientes.

De todas formas, el hecho más llamativo de la jornada es que la Fiscalía del Estado se ha adherido a la demanda que en su día presentó el Ayuntamiento y ha corroborado las cantidades máximas que en ellas aparecían sobre los supuestos responsables. En este sentido, el fiscal ha entendido que las cuantías que se piden están bien argumentadas y son razonables.

Las cifras

Cabe recordar que la demanda elaborada por el Ayuntamiento isleño se pide para los dos ex funcionarios municipales Clemente Ruiz García y a María José García, dada su supuesta responsabilidad directa y completa, responder con la cantidad que fue sustraída de las arcas municipales 7.790.000 euros, a lo que hay que sumar los intereses alcanzándose los 9,4 millones de euros.

Por otro lado, en la lista de supuestos responsables subsidiarios se encontraban los dos ex alcaldes del PA, es decir, Manuel María de Bernardo y Antonio Moreno, reclamándose para cada uno de ellos la cantidad de 39.000 euros. Al actual interventor José Antonio López Fernández, que antes ocupó el cargo de tesorero, se le reclaman 105.847,05 euros, mientras que al ex interventor Rafael Monzón Ristori se le piden 61.525,86 euros. Por último, la cantidad que se solicita para la actual tesorera María de la Virtudes Gómez Fernández es de 39.392,86 euros.

Fuentes municipales han mostrado su satisfacción por la ratificación de la demanda por parte del Ministerio Fiscal, puesto que consideran que de esta manera se “desmonta” la teoría del “oscurantismo” puesta sobre la mesa por el PSOE en relación al desfalco. Incluso en la jornada de este miércoles el alcalde, José Loaiza, ha convocado una junta de portavoces para informar de lo sucedido en Madrid en el Tribunal de Cuentas.

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