Medidas disciplinarias contra tesorera e interventor

SAN FERNANDO

El PSOE plantea la adopción de medidas disciplinarias contra tesorera e interventor

  • Exige a Loaiza que explique qué va a hacer ahora con los dos funcionarios condenados

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El interventor del Ayuntamiento de San Fernando, José Antonio López, en un pleno reciente.

Arturo Rivera san Fernando | Actualizado 05.12.2013 – 01:00

Para el PSOE, la sentencia del Tribunal de Cuentas dictada el pasado lunes no hace sino subrayar la “incoherencia” de Loaiza, que ha pactado con Manuel de Bernardo para alcanzar la Alcaldía y que, durante todo este tiempo, ha mantenido al ex regidor en el equipo de gobierno a pesar de considerarlo responsable subsidiario de la desaparición de casi ocho millones de euros de la caja de efectivo de las oficinas de Hacienda.

Tanto la secretaria general de los socialistas isleños, Araceli Maese, como la portavoz del grupo, Patricia Cavada, insistieron en esa contradicción con la que el Gobierno de Loaiza ha manejado el asunto del robo a lo largo de los dos años de su mandato y recordaron el trabajo desarrollado por su partido desde el 1 de abril de 2009, el día en el que el desfalco salió a la luz. A juicio de Maese, “el PSOE es el único partido que ha mostrado en todo este tiempo una posición única y coherente”. Los socialistas, de esta manera, recordaron cómo en 2010 el PP rompió el pacto de gobierno que tenían suscrito con los andalucistas alegando “falta de credibilidad” para, un año después, renovar ese acuerdo. “No han hecho nada por aclarar el robo y depurar responsabilidades, únicamente les interesa mantener su sillón en la Alcaldía”, censuró Cavada. “Es más, estamos seguros de que si De Bernardo no hubiese dimitido tras conocerse la sentencia, Loaiza lo habría mantenido en el equipo de gobierno”, insistió.

Los socialistas insistieron también en el grave problema municipal que se plantea ahora, una vez conocida la sentencia del Tribunal de Cuentas. De Bernardo ya ha dimitido y se ha marchado pero el fallo condena también a dos funcionarios: la tesorera, María de las Virtudes Gómez; y el interventor, José Antonio López. En este sentido, exigió al alcalde del PP, José Loaiza, que explicara a la ciudadanía qué piensa hacer al respecto y qué medidas piensa adoptar una vez que su negligencia ha quedado demostrada en una resolución judicial. Desde el PSOE, aunque se recuerda que la sentencia no es todavía firme y cabe recurso de apelación, la continuidad de ambos en el Ayuntamiento está en entredicho y el regidor debe tomar medidas al respecto o explicar por qué razón no las adopta. La portavoz socialista, Patricia Cavada, aludió en este sentido a la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias según lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público y ateniéndose a los hechos probados que recoge la sentencia del Tribunal de Cuentas en relación a ambos funcionarios.

También Izquierda Unida (IU), formación coordinada en la localidad por el edil Pedro Reyes, ha mostrado su inquietud ante los dos funcionarios en activo -tesorera e interventor- que han sido declarados responsables subsidiarios por la sentencia del Tribunal de Cuentas. “Nos preguntamos si el Ayuntamiento piensa tomar alguna medida al respecto, aunque quizá ya lo debiera haber hecho hace más de un año, cuando fueron incluidos en la demanda del Ayuntamiento”, expone la formación.

Con respecto a la dimisión del ex regidor Manuel María de Bernardo, IU considera que llega tarde y que, al menos, debería haberse producido en el momento en el que se cursó la demanda del Ayuntamiento, en la que se le proponían responsabilidades contables de carácter subsidiario.

Por su parte, el alcalde, José Loaiza, aseguró a los medios de comunicación que cualquier decisión que vaya a adoptarse está supeditada al criterio de los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Cádiz, quienes tienen encomendada la defensa de los intereses municipales en el caso.

 
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Tribunal de Cuentas, juicio contable

SAN FERNANDO

Cajeros, interventores, tesorera y alcaldes regresan al Tribunal de Cuentas

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Clemente, considerado el principal sospechoso, al salir de prisión en 2011.

Arturo Rivera san Fernando | Actualizado 14.10.2013 – 09:28

Han pasado más de cuatro años y medio desde que el robo de 7,8 millones de euros de la caja municipal estallara en las narices del Ayuntamiento poniendo patas arriba la vida municipal y originando un auténtico tsunami político que desterró al PA de la Alcaldía en las municipales de 2011. Más de cuatro años de un suceso que llenó de estupor a los isleños ante la magnitud de lo ocurrido, ante las cantidades astronómicas que a diario habían desaparecido de las arcas municipales sin que nadie se hubiera percatado de ello, burlando los mecanismos de control rutinario y esquivando los arqueos periódicos que se llevaban a cabo en las oficinas de Hacienda.

En el punto de mira siguen los mismos dos funcionarios que fueron detenidos en la tarde del 1 de abril de 2009, los trabajadores municipales que estaban al cargo de la caja de efectivo: Clemente Ruiz y María José Lebrero de Celis. Son los sospechosos en las investigaciones policiales que se han llevado a cabo, los principales imputados en la vía penal emprendida por el Juzgado de San Fernando y los responsables directos del proceso de reintegro por alcance que, paralelamente, dirime el Tribunal de Cuentas.

Todo lo ocurrido se relaciona directamente con ambos trabajadores, apartados desde entonces de la plantilla del Ayuntamiento de San Fernando. Pero la cadena de responsabilidades tira también tras ellos de sus funcionarios superiores -aquellos que tienen encomendada la custodia y control de los fondos que desaparecieron- y hasta de los alcaldes que gobernaron durante el periodo en el que se produjo el robo, porque tuvieron que rubricar con su firma las cuentas municipales (es decir, en su calidad de ordenadores de pagos).

A la tesorera, María de las Virtudes Gómez Montero; al interventor actual y su predecesor en el cargo, José Antonio López Fernández y Rafael Monzón Ristori; y a los ex regidores Antonio Moreno Olmedo y Manuel María de Bernardo Foncubierta, se les piden responsabilidades subsidiarias en distinto grado.

Todos ellos volverán a verse las caras en Madrid el próximo miércoles, fecha en la que el Tribunal de Cuentas tiene previsto celebrar la vista del juicio contable tras la demanda interpuesta por el Ayuntamiento en septiembre de 2012. Un paso decisivo en un complicado y largo proceso administrativo que se inició a raíz del polémico informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que se conoció en 2011 y que dejará la puerta abierta a una resolución definitiva que se calcula que llegará a principios de 2014. Todavía, eso sí, queda pendiente la vía penal, que sigue en su fase de instrucción y de la que este verano se ha conocido hasta ocho nuevas imputaciones propuestas por la Fiscalía, entre las que se incluye a la mujer de Clemente -el principal sospechoso-, Manuela Oneto.

La vista convocada este miércoles por el departamento primero de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas se llevará a cabo tras recabar a lo largo de los últimos meses las declaraciones de una quincena de testigos a petición de cada una de las partes que concurren en este proceso.

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 Clemente Ruiz

Casi todos ellos han sido interrogados en las dependencias judiciales de San Fernando, un proceso que culminó hace poco más de una semana. De hecho, según ha podido saber este periódico, las partes implicadas todavía no han podido acceder a estas declaraciones tomadas a los testigos.

En la vista del miércoles, cajeros, tesorera, interventores y alcaldes declararán ante la consejera que instruye el proceso, María Antonia Lozano Álvarez, y responderán a las preguntas que les efectúen los abogados de cada una de las partes incluidas en la demanda. Probablemente, se emplace una nueva fecha para que cada uno emita sus conclusiones antes de la resolución.

 
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