Peligro de derrumbe

San Fernando | Patrimonio

El Palacio Consistorial precisa de una obra de urgencia para evitar que se derrumbe

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José F. Cabeza….. 25/09/2013 20:00

El Palacio Consistorial requiere de forma inmediada una obra de seguridad para impermeabilizar un tercio del techo que en su día no fue reparado durante las obras de consolidación debido a una serie de pautas que había que seguir en base al proyecto original de rehabilitación. Así lo ha asegurado el alcalde, José Loaiza, quien afirma que dicha actuación se hará con o sin acuerdo con la Junta.

Y es que, debido a la tardanza en la puesta en valor del edificio, por dicha zona se ha estado colando agua y humedades que están afectando al interior del inmueble. Y la consigna es clara o se actúa o se corre incluso el grave peligro de que, literalmente, se caiga el Palacio Consistorial. así lo ha asegurado el primer edil en una entrevista concedida a Radio La Isla.

Precisamente este jueves Loaiza se reunirá con el delegado de Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, para intentar desbloquear de una vez por todas el proyecto de rehabiliación del Ayuntamiento isleño. “Ni nosotros ni la Junta tenemos ahora mismo dinero para acometer una obra ni de 12 ni de 18 millones, de ahí que esperemos alcanzar un acuerdo”, señala el  primer edil.

 
Loaiza concretará hoy a la Junta su idea para rehabilitar el Consistorio

  • Defenderá una intervención más modesta y menos ambiciosa en una nueva reunión con el delegado del Gobierno andaluz

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Fotografía reciente del Ayuntamiento, que lleva siete años cerrado.

Arturo Rivera san Fernando | Actualizado 26.09.2013 – 01:00

El alcalde, José Loaiza, insistirá a la Junta de Andalucía en una rehabilitación más modesta y económica cuyo coste cifra entre seis y ocho millones de euros. Hoy tiene previsto volver a reunirse con el delegado del Gobierno andaluz, Fernando López Gil, para tratar de sacar a flote un proyecto que se ha enquistado por las diferencias que Junta y Ayuntamiento mantienen en torno a la actuación que se quiere llevar a cabo.

Loaiza -según informaron ayer fuentes municipales- trasladará al responsable del Gobierno autonómico en la provincia un dictamen técnico que avala la propuesta que hasta ahora ha defendido el PP en el Gobierno municipal: la de dejar a un lado el proyecto de rehabilitación elaborado por el arquitecto Francisco Márquez, cuya tramitación con la Consejería de Cultura se ha prolongado durante varios años, para acometer una actuación menos ambiciosa en forma y contenido y, por ende, menos costosa. El regidor isleño pretende una intervención que, según sus propias palabras, pase por una consolidación del edificio y puesta a punto sin mayores pretensiones. Las obras -ha asegurado- podrían llevarse a cabo por fases de forma que permitieran un regreso paulatino de los distintos servicios municipales que están repartidos por toda La Isla.

El dictamen técnico que hoy entregará a la Junta de Andalucía para que sopese la alternativa especifica que el Ayuntamiento puede quedar completamente rehabilitado y adaptado con una propuesta de rehabilitación “racional y menos costosa”, según informó ayer el Gobierno municipal. El coste -que asumirían ambas administraciones a partes iguales- no excedería de los ocho millones de euros, lo que garantiza que tanto la Junta como el Ayuntamiento pudieran afrontar la intervención a pesar de las restricciones económicas actuales.

El Gobierno municipal, en este sentido, asegura manejar unas previsiones económicas muy positivas para el próximo ejercicio que le permitirían aumentar su capacidad de endeudamiento para hacer frente a estos trabajos.

Loaiza, que intenta que la rehabilitación comience antes de que acabe el mandato en 2015, ha insistido también en el precario estado de conservación de las cubiertas del edificio, que no se tocaron durante la ejecución de las obras de urgencia que se llevaron a cabo entre 2006 y 2007. Ha advertido que el estado del Palacio Consistorial puede empeorar si no se actúa de inmediato en este sentido.

La Junta de Andalucía, hasta ahora, ha recelado de la propuesta municipal y ha defendido el proyecto de rehabilitación integral tramitado y aprobado durante años con la colaboración e implicación del propio Ayuntamiento isleño. Apuesta -eso sí- por volver a revisar dicho proyecto y dividirlo en fases para facilitar su ejecución antes que rebajar las pretensiones de la actuación. En todo caso, ha advertido, la propuesta de Loaiza debería traducirse en un nuevo proyecto que necesariamente tendría que cumplimentar toda su tramitación.

San Fernando | Ayuntamiento

No descartan un nuevo proyecto para rehabilitar el Palacio Consistorial

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Información….. 26/09/2013 18:16

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, acompañado de la delegada territorial de Educación, Cultura y Deportes, Cristina Saucedo, ha mantenido un encuentro con el alcalde de San Fernando, José Loaiza, y el delegado de Urbanismo de la localidad, Ángel Martínez, para seguir avanzando en la rehabilitación del edificio del Consistorio isleño.

La reunión, de la que ambas administraciones han destacado que ha sido muy constructiva, ha servido para que se exploren de forma conjunta las diferentes alternativas por las que pasa la rehabilitación del Palacio Consistorial. De esta forma, la Junta se ha comprometido a estudiar las tres opciones posibles para esta actuación que se han debatido hoy y que pasan por: mantener el actual proyecto rebajando en lo posible su coste (12 millones de euros) y abordando una ejecución por fases; modificar el proyecto actual atendiendo al interés del Ayuntamiento y lograr también un ajuste del coste; o redactar un proyecto totalmente nuevo.

La intención de las dos administraciones es estudiar y concretar la opción más viable para acometer esta rehabilitación, al tiempo que se buscarán también posibles soluciones para la financiación del proyecto.

El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz ha expresado “la buena voluntad de la Administración autonómica para trabajar de forma conjunta para encontrar la mejor solución a esta actuación”. López Gil ha recordado que existía un convenio de la Administración autonómica con el Ayuntamiento de San Fernando para asumir al 50 por ciento el coste de esta rehabilitación que no se llegó a llevar a cabo porque “el Consistorio no puso la parte que le correspondía, pese a que la Junta de Andalucía consignó su parte del presupuesto”.

Hay que recordar además que la Junta de Andalucía ya ha hecho obras de emergencia en el edificio y costeó el actual proyecto de rehabilitación, pese a lo cual “trabajaremos para que podamos lograr que técnicamente la obra se haga por fases y con un abaratamiento de costes”.

Edificio BIC
López Gil también ha puesto de relieve que el Palacio Consistorial se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) de primer orden y altamente protegido. “Es el mejor edificio de la ciudad, una de las joyas patrimoniales de la provincia, con un valor arquitectónico incalculable para la historia del país, por lo que requiere una actuación acorde a su importancia”, ha apuntado.

Por su parte el primer edil isleño, José Loaiza, también ha recalcado el clima de entendimiento que ha existido en el encuentro y que, a su juicio, evidencia “el deseo de sacar adelante la rehabilitación del Palacio Consistorial”.

“Todos coincidimos en que una joya como el Ayuntamiento de San Fernando no puede continuar sin rehabilitarse. Cada día que pasa corremos el riesgo de que la futura intervención sea más costosa, y la ciudadanía isleña merece tener en perfecto estado y en uso el edificio local más emblemático. Por ello tenemos que encontrar una solución que logre ese objetivo, estamos obligados a alcanzar un acuerdo y así lo entendemos las dos administraciones”, ha afirmado Loaiza.

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“No le pasa ná”

SAN FERNANDO

Certifican que al bloque de La Ardila no le pasa nada dos años después del desalojo

  • La Junta de Andalucía verifica que no existe peligro de derrumbe del edificio y espera que las familias puedan regresar en mayo.
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Imagen del edificio durante las pruebas de carga que se realizaron. :: C. C.

 
CARLOS CHERBUY sanfernando@lavozdigital.es | SAN FERNANDO…… 23.03.13 – 00:27 –

¿Qué cara se le queda a una persona que tras estar dos años fuera de su casa se entera que no ha existido razón para su desalojo? La misma que tienen ocho familias de La Ardila, que tuvieron que abandonar sus viviendas por orden del Ayuntamiento ante peligro de derrumbe. El edificio, propiedad de la Junta de Andalucía, ha permanecido dos años cerrado, sin que nadie se preocupara por la situación ni del inmueble ni de sus inquilinos. Hasta que Pedro Reyes llegó a la Corporación y desde entonces ha instado a su partido, Izquierda Unida, para que buscara una solución.

A partir de ahí se han realizado pruebas de carga, por una empresa especializada, y también análisis del hormigón y de los cimientos. Las conclusiones: no existe peligro de derrumbe. Tampoco aluminosis, un defecto del hormigón por el que pierde sus propiedades haciéndose menos resistente y más poroso, poniendo así en peligro la estabilidad del edificio. Esto quiere decir que fueron desalojados sin razón para ello. Lo único que se ha detectado son humedades debido a que el edificio ha permanecido durante mucho tiempo cerrado y tiene corrosión en algunos puntos de las gavillas. Una serie de deficiencias menores a las que la Junta se ha comprometido a poner solución. De hecho, existe hasta un plazo, mes y medio. Por lo tanto si no surgen complicaciones los vecinos podrán volver a sus pisos a lo largo del mes de mayo.

Termina así un calvario que comenzó con la caída del techo de un cuarto de baño en una de las viviendas que estaba de reforma. Tras la petición de la presidenta de la comunidad, un perito realizó un informe que determinó el riesgo de derrumbe. Entonces se les obligó a los vecinos a apuntalar sus casas, viviendo así durante un año, hasta que al final, y viendo que la Junta no solucionaba los problemas, el Ayuntamiento decidió ordenar el desalojo. Ahora la Junta ha determinado que no existe razón para una medida tan drástica.

Durante dos años los inquilinos han tenido que hacer frente a un alquiler a la espera de que se le solucionara el problema, algo que ha tardado pero que parece que llegará en breve. Claro que ahora acumulan otra serie de contratiempos, ya que muchos no han podido hacer frente a su nueva situación. Una de las familias que vivía en estos pisos está haciendo todo lo posible por evitar el desahucio decretado de su vivienda, puesto que al tener que irse de alquiler no tuvieron más remedio que dejar de pagar la hipoteca. Ayudados por Izquierda Unida han realizado ya diferentes gestiones legales para solicitar la suspensión inmediata de esta ejecución hipotecaria. De no conseguirlo la familia de Ana María Bouzo perdería una casa en la que lleva casi dos años sin vivir.

Lo curioso de todo es que durante dos años estos inquilinos no han tenido ninguna noticia sobre sus viviendas. Incluso se fueron sin conocer realmente la razón por la que tenían que irse y en qué se sustentaba el riesgo de derrumbe, saliendo a la palestra entonces unos problemas de aluminosis que tampoco existen, ni de cimentación, ni de pilares. ¿Quién se hace ahora responsable?.

La Junta descarta que el bloque de Juan Franzón Añino tenga aluminosis

  • El edificio no tiene problemas de estructura
  • El Ayuntamiento desalojó la finca hace dos años tras un informe encargado por un vecino

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Algunos de los afectados, en la puerta del edificio desalojado, en una imagen del pasado diciembre.

Amaya Lanceta san Fernando | Actualizado 23.03.2013 – 01:00

Los vecinos no entienden nada. No logran encontrar sentido al periplo que han sufrido con sus viviendas. Hace casi dos años el Ayuntamiento obligó al desalojo del bloque donde vivían, el número 5 de la calle Juan Franzón Añino, en La Ardila. La Administración local atendía al informe encargado por un vecino en el que se afirmaba que el edificio sufría aluminosis, por lo que existía riesgo de derrumbe. Los afectados tuvieron que dejar sus casas entonces, y ahora no comprenden que el dictamen fuera erróneo, pero sobre todo que Urbanismo aceptara las conclusiones sin comprobar si se correspondía con la realidad. Los estudios encargados por la Junta de Andalucía, por la Consejería de Fomento y Vivienda, a un empresa especializada resuelven que no hay daños estructurales, y que ni siquiera el hormigón sufre alteración alguna.

Los problemas surgieron al caerse el techo de uno de los pisos por las obras que otro residente estaba realizando. El edificio tenía puntales. Consultó el afectado entonces con un técnico que consideró que la situación del bloque era grave. Sus conclusiones fueron transmitidas por los responsables de la comunidad de propietarios al Ayuntamiento, que ordenó la salida inmediata de todos los vecinos. El informe de un arquitecto técnico aseguraba que las grietas habían aumentado, sin que el apuntalamiento fuera suficiente para garantizar la seguridad del edificio. Ocho viviendas fueron deshabitadas. Ocho familias que tuvieron que buscarse otro sitio donde vivir, y que han tenido que hacer grandes esfuerzos para salir adelante. El caso de Ana María Bouzo y su marido, que se quedaron en paro, teniendo que hacer frente a un alquiler y a la hipoteca de una vivienda que no podían usar, fue el detonante curiosamente de que este problema tenga ahora prácticamente fecha de resolución. Ellos fueron quienes expusieron la situación a Izquierda Unida (IU), que preguntó al respecto en la Delegación Territorial, cuyos responsables decidieron analizar qué ocurría año y medio después de la orden municipal. De hecho, la Junta es propietaria de dos de los pisos afectados. Ante las dudas, optaron por realizar los estudios necesarios para comprobar el estado real de la finca.

Los trabajos se encargaron a una empresa experta, que ha comprobado el estado real de la estructura. Han realizado para ello pruebas de carga, con la colocación de sensores que sirven para detectar alguna alteración y el uso de agua como peso para esas comprobaciones. No captaron nada al respecto. Los test al hormigón, que se suponía enfermo de aluminosis, tampoco han arrojado resultados preocupantes. No hay aluminosis, ni otro problema químico, que pudiera hacer temer por el edificio. Sí se han señalado daños producidos por el cierre durante dos años de este bloque de viviendas de La Ardila. Hay numerosas humedades, producidas por la condensación, pero también por filtraciones del exterior, entre otras cosas por los bajantes. Eso ha afectado en algunos puntos a las varillas de hierro de la estructura.

Para reparlo hará falta picar, resanar y tratar los elementos de hierro, y por tanto ejecutar una obra; además, se deberán arreglar los bajantes. Técnicos de la Junta informaron ayer a los vecinos de las conclusiones y de estos trabajos necesarios y les explicaron que no tendrán que sufragar los gastos. Se hace cargo de ello la Administración andaluza, que ya ha buscado la partida necesaria para hacer esta actuación y que calcula que tras Semana Santa se pueden iniciar las mejoras. Entre un mes o mes y medio estiman que podría durar, por lo que los vecinos estarían en sus casas a finales de mayo. Aunque no hay riesgo alguno en estos momentos, los responsables de la Junta han pedido a los afectados paciencia para regresar a sus pisos, de manera que las obras puedan llevar a cabo sin la dificultad de que se esté habitando ya el bloque. Una vez se concluyan, será el Ayuntamiento -al que se mantiene informado del proceso en todo momento- el encargado de emitir la cédula de habitabilidad.

El caso de Ana Mari comienza a tener solución con estas acciones, y con la paralización del lanzamiento que afecta a su vivienda. Se está negociando un acuerdo con la entidad financiera, para que le den otras condiciones para solventar la deuda que tiene por su hipoteca.

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