Por “tradición”

san fernando | desfalco

Solos o en compañía de otros

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Antonio Atienza …… 20/10/2013 00:22

Los políticos. Los andalucistas en el Gobierno desde 1989 y los  que gobernaron con ellos que por ignorancia o negligencia no obligaron a cambiar las normas y adaptarlas a la legislación. Y la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley.

Quién se llevó el dinero de la Caja municipal deberá sentenciarlo el Juzgado de San Fernando en el juicio penal que se sigue por la desaparición de 7,8 millones de euros de la Caja municipal del Ayuntamiento de San Fernando. Por ahora sólo hay dos imputados, los dos ex cajeros, uno que ha pasado por prisión y otra que todo indica que sencillamente estaba allí.

Que existió mala praxis, que aquello era un descontrol y que si no hubiera sido así se podría haber evitado en todo o en parte la desaparición del dinero público, es algo que los investigadores policiales han dejado meridianamente claro y que incluso el ex alcalde, Manuel María de Bernardo, admitió  públicamente al reconocer que habían fallado los controles.

¿Qué es lo que hay de nuevo para poder presumir que los culpables de lo sucedido son los políticos, con todo lo que de responsabilidad conlleve a juicio de las autoridades económicas?

Pues precisamente la comparecencia de esta semana en el Tribunal de Cuentas de los señalados como responsables directos y subsidiarios y las declaraciones que han dejado al descubierto la clara negligencia de quienes incumplieron la Ley dejando abierta las puertas a lo que ocurrió y a todo lo que pudo ocurrir.

Sin olvidar que el de los 7,8 millones de euros no fue el único desfalco en la Caja, lo que ya de por sí es más grave, lo que ha qudado claro es que el robo lo propició en gran manera el hecho de que se mezclaran en la Caja el dinero en metálico y los derechos  de cobro, esto es, valores y avales que la Ley obliga desde 1990 a diferenciar y que en el Ayuntamiento de San Fernando no se diferenciaban.

Por “tradición”

La respuesta del anterior interventor, Rafael Monzón Ristori, a la pregunta del Fiscal del Tribunal de Cuentas sobre por qué se incumplió la Ley y siguieron mezclando avales con dinero fue que “por  tradición” y esa tradición es la que permitía enmascarar las cantidades de dinero que fueron faltando desde 2002 a 2009.

Eso y la negligencia de los interventores, tesoreros y políticos, sabedores todos de la existencia de un desfase contable millonario. De hecho, en cuanto se separaron los papeles de los dineros se aclaró lo que había y lo que ya no había.

En  este estado de cosas, en la Caja podía haber dinero, avales, o ninguna de las dos cosas en algunos momentos, puesto que en los balances a ojo de buen cubero e incumpliendo las más elementales normas contables -no se hacían ni los balances de fin de año- aparecían y desaparecían los millones. Hasta se podrían haber puesto a plazo fijo en un banco sin que nadie se hubiera dado cuenta de nada, cosa que la Policía ha descartado. Pero se podía.

Donde no debía

Pero si el incumplimiento durante tantos años de la obligación de separar avales y dinero fue causa directa del robo, más lo es el hecho de que fueran los cajeros los que se encargaran de custodiar el dinero en vez de hacerlo una entidad bancaria, como ya se hace y se debió hacer hace años.

Lo que ha quedado claro en la comparecencia ante el Tribunal de Cuentas es que había sido solicitado por el interventor y por la tesorera, pero lejos de hacerlo, el Gobierno municipal aprobó en Pleno que fueran los cajeros los  que se encargaran del dinero. Y además, para mantener la acusación sobre ellos el Gobierno municipal pone como prueba de la responsabilidad de los funcionarios precisamente la Relación de Puestos de Trabajo aprobada para perpetuar el anómalo sistema.

Al parecer, lo que para el interventor y la tesorera era algo impropio, para el gobierno municipal era una ventaja puesto que así podía hacer frente a gastos de dietas y otras necesidades perentorias sin necesidad de gestionarlo en la entidad bancaria encargada de la Caja. Motivo además por lo que la ex delegada de Hacienda quiso reabrir la Caja el día 2 de abril de 2009, al día siguiente de la detención de los ex cajeros. 

Son esos dos detalles conocidos esta misma semana -o mejor dicho, matizados esta misma semana por el fiscal del Tribunal de Cuentas- los que dan otra dimensión al desfalco de la Caja municipal de San Fernando, sin perjuicio del proceso penal. Dos detalles que certifican que el robo se pudo haber evitado o al menos no poner esa posibilidad en bandeja de quien se haya llevado el dinero.

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Los politicos pusieron todo de su parte para propiciar el robo

Socialistas de Cádiz

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Isabel Armario, ha reprochado al alcalde de San Fernando, José Loaiza, “su actitud pasiva, muy lesiva para los intereses de los isleños” que ha mantenido durante todo el procedimiento seguido desde que en 2009 se descubriera el escándalo de la Caja municipal de San Fernando.

Armario considera una “incongruencia descomunal” que el Ayuntamiento, junto a la Fiscalía, considere responsable subsidiario de las graves negligencias al ex alcalde andalucista, Manuel María de Bernardo y Loaiza lo mantenga dentro del equipo de Gobierno.  

La dirigente socialista critica que la demanda presentada ante el Tribunal de Cuentas – que ha quedado vista para sentencia- no atiende a los intereses de los ciudadanos ya que tanto los cargos políticos como el interventor y la tesorera también deberían ser considerados responsables directos. “Loaiza ha agachado la cabeza una y otra vez y ha permitido que al final se minimicen las responsabilidades del resto de implicados, sobre todo del ex alcalde, Manuel María de Bernardo”, señala para reafirmarse en que “todos deberían de ser considerados responsables directos y responder por la cuantía total”.

Recuerda que en la demanda se reconoce que no se hicieron arqueos ordinarios desde 2002 a 2007, que los extraordinarios recogen irregularidades, que las elevadas cifras que se firmaron no alertaron a nadie, a pesar de que todos conocían el desfase y fue esa absoluta falta de control, la consecuencia decisiva para que se produjera el robo. “Los responsables técnicos y políticos mostraron una actitud lesiva para el Ayuntamiento y deberían de responder de forma directa por ello”, apostilla.

Del mismo modo, ha criticado las cantidades que se reclaman en la demanda, “pírricas” en el caso de los ex alcaldes andalucistas, cuando son, a su juicio, responsables de la negligencia total en el área de Hacienda que permitió el desvío del dinero.

“Un alcalde que estuviera interesado en recuperar el dinero y velar por los intereses de los ciudadanos, nunca aceptaría reclamar sólo estas cantidades”, y emplaza a Loaiza a que “se concentre de ahora en adelante en conseguir que se reintegre el dinero”. “Loaiza se lo debe a los isleños que son los principales perjudicados del desvío de un dinero que debería de haber servido para mejorar su ciudad”.

Ciudadanos

Tras las declaraciones de la secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, en las que pide al alcalde de San Fernando que rompiera con el partido andalucista, cesando al ex alcalde Manuel de Bernardo, el Grupo Municipal Ciudadanos por la Isla invita a la agrupación del PSOE isleño a que secunde la iniciativa, y se pregunta por qué no lo ha hecho ya.

Ciudadanos recuerda que su grupo municipal ha realizado la misma petición en varias ocasiones, a través de numerosas notas de prensa, e incluso lo ha llegado a pedir en el Pleno Municipal, especialmente cuando el Ayuntamiento formuló su demanda ante el Tribunal de Cuentas.

“Esta propuesta nunca ha sido secundada por PSOE e Izquierda Unida, que han guardado un silencio sepulcral sobre la exigencia de Ciudadanos de materializar las responsabilidades políticas al Partido Andalucista derivada del desfalco en las cuentas municipales, en un intento de nadar y guardar la ropa”.

Pero ahora, es la agrupación del PSOE en Cádiz la que desautoriza la actitud de la agrupación socialista en San Fernando, exigiendo la toma de decisiones por la Alcaldía de esta ciudad.

Por todo ello, el grupo municipal Ciudadanos por la Isla exige nuevamente la adopción de responsabilidades, e invita por enésima vez al resto de la oposición municipal a que tome la misma decisión, “por el interés general de la ciudad, la coherencia del ejecutivo local y la credibilidad ante la población”.

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De Bernardo, concejal de Limpieza.

 SAN FERNANDO

El PSOE provincial lamenta “cada minuto” que el alcalde isleño José Loaiza mantiene en su bipartito a De Bernardo

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De Bernardo, concejal de Limpieza.

diariodelabahia….. 17/10/2013. Redacción (FOTO: de archivo)

El PSOE provincial ha reprochado ahora al alcalde de San Fernando, José Loaiza, “su actitud pasiva, muy lesiva para los intereses de los isleños” que ha mantenido durante todo el procedimiento seguido desde que en 2009 se denunciara el escandaloso robo de 7,8 millones de la caja municipal del Ayuntamiento.

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Isabel Armario, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, considera una “incongruencia descomunal” que el Consistorio, junto a la Fiscalía, considere responsable subsidiario de las graves negligencias al exalcalde andalucista, Manuel María de Bernardo “y Loaiza lo mantenga dentro del equipo de Gobierno”, como concejal de Limpieza; eso sí, con una exposición pública mínima.

“Lamentamos cada minuto que Loaiza lo mantiene en el Gobierno, si tuviera la más mínima dignidad, ya lo habría cesado”, subraya al mismo tiempo que le advierte de que “haga lo que haga, de ahora en adelante, el daño está hecho y nada puede compensar el perjuicio que le ha ocasionado a San Fernando, al no haber depurado responsabilidades ni haber apartado del Gobierno a uno de los máximos responsables”.

Armario interpreta que el popular Loaiza “durante todo este tiempo por mantenerse en el sillón de la Alcaldía ha admitido una situación rocambolesca como ha sido que uno de los implicados en la causa decidía el curso de la demanda interpuesta ante el Tribunal de Cuentas y de ahí el resultado”. 

Por otro lado, la dirigente socialista critica que la demanda presentada ante el Tribunal de Cuentas -que ha quedado vista para sentencia- no atiende a los intereses de los ciudadanos ya que tanto los cargos políticos como el interventor y la tesorera también deberían ser considerados responsables directos. “Loaiza ha agachado la cabeza una y otra vez y ha permitido que al final se minimicen las responsabilidades del resto de implicados, sobre todo del exalcalde”, señala para reafirmarse en que “todos deberían de ser considerados responsables directos y responder por la cuantía total”.

“TÉCNICOS Y POLÍTICOS MOSTRARON UNA ACTITUD LESIVA”

Recuerda que en la demanda se reconoce que no se hicieron arqueos ordinarios entre 2002 y 2007, que los extraordinarios recogen irregularidades, que las elevadas cifras que se firmaron no alertaron a nadie, a pesar de que todos conocían el desfase y fue esa absoluta falta de control, la consecuencia decisiva para que se produjera el desfalco de casi 8 millones. “Los responsables técnicos y políticos mostraron una actitud lesiva para el Ayuntamiento y deberían de responder de forma directa por ello”, insisten los socialistas.

Del mismo modo, se critica las cantidades que se reclaman en la demanda, “pírricas en el caso de los exalcaldes andalucistas –De Bernardo y Moreno-, cuando son responsables de la negligencia total en el área de Hacienda que permitió el desvío del dinero”. “Un alcalde que estuviera interesado en recuperar el dinero y velar por los intereses de los ciudadanos, nunca aceptaría reclamar solo estas cantidades”, enfatiza Armario, y emplaza a Loaiza a que “se concentre de ahora en adelante en conseguir que se reintegre el dinero”.

Para el PSOE provincial, el alcalde isleño desde 2011 y presidente de la Diputación “ha sido hasta ahora cómplice del PA en intentar minimizar el caso”, y por eso sostiene que “debe actuar con ejemplaridad y tener un gesto valiente, por respeto, sobre todo, a la ciudadanía”.

“El PP es el único partido que hizo electoralismo con el desfalco al romper su pacto de gobierno con De Bernardo por su responsabilidad en el robo para volver a pactar con él un año más tarde. Una situación insostenible ante la que no puede seguir escondiendo la cabeza”, se recuerda.

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Desfalco, desfase y descubrir al ladron.

SAN FERNANDO

El Tribunal de Cuentas señala que todos conocían el desfase

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El interventor pidió hace años que se cerrara la Caja y fueron los políticos los que se negaron

CARLOS CHERBUY | sanfernando@lavozdigital.es | SAN FERNANDO…………….18.10.13 – 01:04 –

¿Cómo es posible que nadie detectara que faltaba dinero del Consistorio de La Isla?

Es una de las preguntas que más cuesta asimilar del robo de 7,8 millones de euros de la caja municipal. Más aún tras aclararse en el Tribunal de Cuentas que todos eran consciente de que existía este desfase contable desde hacía años.

¿Tan difícil era de descubrir? ¿Tan sencillo?

No son las únicas cuestiones.

Una mirada crítica a las declaraciones realizadas el pasado miércoles en Madrid permite comprender que hubo una serie de circunstancias, más allá de los tecnicismos en los que se intenta enmascarar lo ocurrido, que permitieron que se perdiera el dinero sin que se pusiera remedio. Pero, sobre todo la audiencia pública sirvió para despejar algunas de las incógnitas que arrastran los isleños, aunque también abre nuevas dudas.

¿Por qué hay actas de arqueos que recogen cifras millonarias y otras que solo miles de euros?

Lo primero que hay que aclarar es que el Ayuntamiento no cuenta con ningún acta de arqueo. Un acta de arqueo es un documento firmado por el alcalde, interventor y tesorera en el que declaran que estaban presentes al realizarse la cuenta del dinero que hay en caja. No se hizo ni cuando estipula la ley que debe hacerse, cada 31 de diciembre. Para cerrar las cuentas se utilizaba una hoja de arqueo, un papel que recogía el dinero que había en ese día. Agiliza la tarea, pero pierde fiabilidad y va en contra de la Ley.

Pero, esto ocurre porque a veces se ponía lo que realmente había en caja y a veces lo que había en caja más lo que supuestamente había en avales o valores.

¿Y qué son los valores y avales?

Son prácticamente lo mismo, papeles que recogen derechos de cobro. Aunque como el Fiscal dijo, «el dinero es dinero y lo otro son papelitos». Es decir que hasta que no se cobran no pueden ser efectivo. Por eso la ley desde 1990 prohíbe que se mezcle en las cuentas el dinero con los valores y avales. Pero hasta más allá del año 2003 en San Fernando se hacía.

¿Por qué?

Según el anterior interventor, Rafael Monzón, «por tradición», una «curiosa tradición que duró más una década» a juicio del fiscal. Una vez que se actualizan estos valores y avales más cobros y pagos se descubre que falta dinero.

¿Cómo se descubre?

El actual interventor, José Antonio López, aseguró que él ya había notificado a la Cámara de Cuentas la circunstancia del desfase millonario y que le dijeron que informara cuando se aclarase. Ante la proximidad de una auditoría por parte de este ente se puso con la tesorera, Virtudes Gómez, manos a la obra y vieron que era imposible actualizar todos los años, pero que existía una forma más sencilla de detectar si falta dinero o se arrastra un fallo contable: poner la contabilidad a cero. Eso hicieron en marzo de 2009, pusieron la caja a cero desde enero hasta marzo, actualizando ingresos, gastos, recibos y valores y avales de esos tres meses, faltando 480.000 euros y denunciando a los responsables de la caja, Clemente Ruiz y María José Lebrero.

¿No se podría haber hecho antes?

Según el Fiscal y el letrado del Ayuntamiento sí, en cualquier momento, desde que se detectó el primer descuadre en las hojas de caja.

¿Por qué no se hizo?

Simple y llanamente porque a parte de la caja hay muchas más cuentas, ingresos en bancos, pagos, subvenciones, cajas de organismos autónomos por fiscalizar y una plantilla corta para entretenerse en lo que es un 5% del volumen general del Ayuntamiento, que mueve decenas y hasta cientos de millones de euros. Todos confiaron en lo que se decía, que el dinero que faltaba estaba en valores y avales por cuantificar y así se ahorraron un trabajo que se pretendían ahorrar antes.

 ¿Cómo?

Cerrando la caja y haciendo que los bancos se ocuparan de esta opción. Lo solicitaron en varias ocasiones el interventor y la tesorera, porque además la situación de San Fernando con caja y dos cajeros era anómala para una administración local.

¿Por qué no se cerró?

Porque no quisieron los responsables políticos ya que de esta manera tenían dinero directo para dietas, pagos de Servicio Sociales y medicinas a empleados públicos sin tener que pasar por filtros bancarios. Así lo acordaron en pleno, dando la responsabilidad de custodiar los fondos a dos funcionarios.

En definitiva….

…. una suma de circunstancias, negligencias, dejaciones de funciones y falta de control que facilitó que se perdiera el dinero. La pregunta que queda por responder es quiénes o quién se lo llevó. Es algo que debe resolver el Juzgado de San Fernando. El único señalado por ahora es Clemente Ruiz.

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Juicio contable: “«Actitud negligente»”.

san fernando

«El Ayuntamiento no sabía ni el dinero que tenía»

  • La Fiscalía tumba las defensas de los implicados y les achaca una «actitud negligente» incluso a los exalcaldes
  • Tanto el interventor como la tesorera siguen argumentando la falta de medios para realizar esos controles periódicos
  • El Ministerio Público considera que parte de los hechos han prescrito y rebaja la cifra a 7,6 millones

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Los exalcaldes andalucistas, Manuel María de Bernardo y Antonio Moreno

 
CARLOS CHERBUY | ENVIADO ESPECIAL ciudadanos@lavozdigital.es | MADRID…….. 17.10.13 – 00:54 –

«Si de enero a marzo de 2009 no hubiera habido menoscabo, habría sido complicado que se detectase la falta de dinero». Esta declaración del interventor del Ayuntamiento de San Fernando, José Antonio López, en la audiencia pública que se llevó a cabo ayer en el Tribunal de Cuentas, deja entrever lo cerca que estuvo el alcance de 7,8 millones de euros de la caja municipal, de pasar desapercibido y extenderse aún más en el tiempo.

Precisamente, la decisión de poner la contabilidad a cero para descubrir en tres meses la falta de 480.000 euros fue expuesta tanto por el letrado del Ayuntamiento como por el fiscal, como la prueba de la «negligencia» de los responsables de salvarguardar los caudales públicos a la hora de preservar ese dinero. Y es que la solución al desfase de la caja se realizó demasiado tarde a pesar de que era conocido por todos desde hacía años. «Si ese corte se hubiera hecho en cualquier otro momento se habría detectado mucho antes». Es decir, que si en cualquiera de los arqueos en los que se localizan cantidades millonarias, se hubiera puesto la contabilidad a cero, no se hablaría de 7,8 millones de euros.

Por ello la Fiscalía se mostró muy dura y contundente con todos los implicados y tumbó sus defensas justificando la necesidad de que estén inmersos en el proceso, tanto de forma directa como subsidiaria. No se salvaron ni los exalcaldes andalucistas, Manuel María de Bernardo y Antonio Moreno, ya que se volvió a incidir en la responsabilidad política y administrativa de sus cargos. «No se hicieron ninguno de los arqueos constituidos por ley a finales de año y no asistieron los alcaldes cuando deberían de haber estado».

En cuanto a los responsables directos, no mostró la menor duda en señalar a los excajeros, Clemente Ruiz y María José Lebrero. Al primero, por una «negligencia directa», ya que era el encargado de custodiar el dinero de la caja que estaba desapareciendo, la persona que realizaba las hojas de cálculo y el responsable de guardar la llave. «De nada sirve tener un búnker de caja como se afirma, si luego la llave se deja entre unos archivadores, sin control de quién tiene acceso a ella». En cuanto a la segunda le achacó una «negligencia por inacción o indefinición de sus actividades». Todo ello porque a pesar de no realizar las funciones principales de la caja tampoco fue capaz de detectar lo que estaba ocurriendo en ella.

Pero si en algo puso el acento fue en la falta de control del antiguo interventor, Rafael Monzón, actual interventor, José Antonio López, y tesorera, María Virtudes Gómez. «El Ayuntamiento no sabía ni el dinero que tenía. No se contaba el dinero a final de año y cuando se ponen a ello lo detectan en muy poco tiempo». De hecho, el fiscal hizo hincapié en que no hacía falta actualizar la contabilidad para detectar el alcance ya que al perito judicial de la vía penal «sólo le valieron las hojas de caja para determinar el dinero que faltaba». Además, restó importancia a las complicaciones por falta de personal para llevar el control de la misma. Una justificación que desechó ya que, según explicó, la ley recoge que son el interventor y la tesorera «los que tienen que estar en los arqueos y no estuvieron». De esta manera siguió la línea del letrado que defendía los intereses del Ayuntamiento de San Fernando y la demanda expuesta por la Administración local. Hay que recordar que el Ayuntamiento pide que Clemente y María José se hagan cargo de los 7,8 millones de euros desaparecidos, mientras que la petición de responsabilidad subsidiaria, en este caso, es proporcionada tanto al tiempo como a la función administrativa encomendada a cada uno de ellos. De esta manera, a Rafael Monzón (anterior interventor) le corresponden restituir unos 61.000 euros, a José Antonio López (actual interventor) unos 105.847 euros, a María Virtudes Gómez (actual tesorera) 39.392 y tanto a Antonio Moreno como a Manuel María de Bernardo (ejercieron como alcaldes) unos 39.000 euros, cada uno. Sin embargo, el fiscal por entender que parte de los hechos ya han prescrito, rebaja la cantidad a devolver en 7,6 millones, una reducción que se debe aplicar también a las del resto de implicados.

Nadie es responsable

por otro lado, las partes que defendían los intereses de los implicados no se salieron del guion establecido y que, desde hace tiempo, se basa en señalar a los demás y descartar su responsabilidad en lo ocurrido. Entre las conclusiones más destacadas estuvo la del letrado del interventor que no dudó en afirmar que el Ayuntamiento incurría en una incoherencia que no entendía puesto que lo metía dentro de la demanda, «pero sin embargo lo deja en sus funciones y no le abre ni expediente administrativo, algo que muestra el buen hacer de mi defendido». Es más, el abogado no dudó en exponer que la demanda sólo respondía a intereses para «callar bocas». Incluso De Bernardo en su declaración aludió a que «pondría la mano en el fuego por ellos», algo que también ha asegurado en varias entrevistas.

Por su parte, el encargado de la defensa de Clemente volvió a incidir en la responsabilidad de los altos cargos y que su cliente sólo hacía lo que le mandaban. Fue precisamente Clemente el primero en someterse a los interrogatorios, porque el proceso de ayer se partió en dos, declaraciones de los implicados y posteriormente conclusiones de los letrados de las partes. El resto circuló por la sala para atender las preguntas de los magistrados. Unos abogados que pidieron salir de la causa por la ausencia de responsabilidades en el proceso.

Ahora todo queda en manos del Tribunal de Cuentas que con toda la documentación, los interrogatorios y las conclusiones tendrá que elaborar su resolución. Algunas fuentes hablan de unos 20 días, mientras que otras alargan el proceso por lo extenso y complicado del mismo a un mínimo de dos meses. De todos modos, hay que recordar que en este caso no se habla de penas de cárcel sino de requerimientos económicos para restablecer lo perdido o, al menos, parte de lo sustraído de la caja municipal. Además pueden derivarse sanciones administrativas como inhabilitaciones para ejercer como cargo público.

Y es que el proceso que debe determinar quién, cuándo y cómo se llevó el dinero continúa paralizado y sin conocerse nada nuevo al respecto. Es muy probable según apuntan fuentes implicadas en el proceso que se espere a la resolución del tribunal de Cuentas para reactivar la causa penal. Por el momento lo único que se conoce es que la Fiscalía ha pedido la ampliación de los imputados para recoger a la familia de origen marroquí que mantiene lazos de amistad con Clemente Ruiz.

Al menos se ha dado un nuevo paso para esclarecer unos hechos que tuvieron lugar en el año 2009 y que a pesar del tiempo transcurrido, más de cuatro años, continúa sin resolverse las principales incógnitas, ni siquiera se han depurado responsabilidades por lo ocurrido. Algo que se subsanará en parte con la resolución del Tribunal de Cuentas.

 
Visto para sentencia el juicio contable de la caja municipal tras la sesión celebrada en Madrid

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Desfalco en San Fernando

elcastillodesanfernando….. Publicado el: Mie, 16 oct, 2013

El juicio contable por el supuesto robo de 7,8 millones de euros producido en la Caja Municipal de San Fernando (Cádiz), celebrado este miércoles en el Tribunal de Cuentas en Madrid, ha quedado visto para sentencia tras una sesión que se ha prolongado durante más de ocho horas. Según han indicado a Europa Press fuentes de dicho tribunal, el fallo se dará a conocer en un máximo de 20 días, como marca el plazo legal.

   Al finalizar el juicio, José Luis Tellado, letrado de Clemente Ruiz, uno de los dos responsables de la caja en la época en la que ocurrieron los hechos –que son los únicos imputados en la causa penal que instruye por el caso el Juzgado de Instrucción número dos de San Fernando–, ha manifestado a Europa Press que ahora queda “esperar a que se resuelva y se haga justicia”, confiando en que la sentencia “sea favorable” para su defendido. Según ha explicado, el Ayuntamiento isleño ha mantenido su postura inicial, a la que se ha adherido la Fiscalía, “tal y como se preveía”.

Cabe recordar que el supuesto robo millonario se produjo entre diciembre de 2002 y abril de 2009, fecha en la que se tuvo conocimiento del caso. El juicio contable tiene por objetivo determinar quién o quienes son los responsables de la desaparición del dinero.

Tanto el Ayuntamiento de San Fernando como el Ministerio Fiscal consideran responsables “directos” a los dos excajeros, y responsables “subsidiarios” del desfalco al actual y al anterior interventor, a la tesorera del Ayuntamiento y a los dos anteriores alcaldes del municipio, los andalucistas Manuel María de Bernardo y Antonio Moreno.                  EuropaPress

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En 20 días veredicto

San Fernando | Desfalco

El Tribunal de Cuentas emitirá su veredicto en un plazo veinte días

  • La Fiscalía se ha adherido a la demanda del Ayuntamiento, aunque cree que parte del delito económico ha prescrito y rebaja la cantidad de 7,8 a 7,6 millones para pedir responsabilidades.
  • Por su parte, el abogado del actual interventor dice que la demanda contra su cliente es “para callar bocas”.

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E.P./J.F.C……. 16/10/2013 21:10

El juicio contable por el supuesto robo de 7,8 millones de euros producido en la Caja Municipal del Ayuntamiento de San Fernando, celebrado este miércoles en el Tribunal de Cuentas en Madrid, ha quedado visto para sentencia tras una sesión que se ha prolongado durante más de ocho horas. Según han indicado a Europa Press fuentes de dicho tribunal, el fallo se dará a conocer en un máximo de 20 días, como marca el plazo legal.

Al finalizar el juicio, José Luis Tellado, letrado de Clemente Ruiz, uno de los dos responsables de la caja en la época en la que ocurrieron los hechos -que son los únicos imputados en la causa penal que instruye por el caso el Juzgado de Instrucción número dos de San Fernando-, ha manifestado que ahora queda “esperar a que se resuelva y se haga justicia”, confiando en que la sentencia “sea favorable” para su defendido. Según ha explicado, el Ayuntamiento isleño ha mantenido su postura inicial, a la que se ha adherido la Fiscalía, “tal y como se preveía”, si bien con un matiz, y es que el fiscal del Estado entiende que parte del delito ha prescrito desde el punto de vista económico, por lo que considera que hay que rebajar de los 7,8 millones de euros a 7,6 a la hora de dirimir responsabilidades, tanto las directas para los dos cajeros, como las subsidiarias para interventores, tesorera y los ex-alcaldes Manuel María de Bernardo y Antonio Moreno.

Cabe recordar que el supuesto robo millonario se produjo entre diciembre de 2002 y abril de 2009, fecha en la que se tuvo conocimiento del caso. El juicio contable tiene por objetivo determinar quién o quienes son los responsables de la desaparición del dinero.

Tanto el Ayuntamiento de San Fernando como el Ministerio Fiscal consideran responsables “directos” a los dos excajeros, y responsables “subsidiarios” del desfalco al actual y al anterior interventor, José Antonio López y Rafael Monzón Ristori, a la tesorera del Ayuntamiento, María de las Virtudes Gómez y a los dos anteriores alcaldes del municipio, los andalucistas Manuel María de Bernardo y Antonio Moreno.

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Defensa del interventor

Según ha podido conocer este medio, el que se ha mostrado más crítico con la demanda contable interpuesta por el Ayuntamiento ha sido el abogado del actual interventor municipal, quien considera una “incoherencia” que se haya incluido a su cliente, José Antonio López, cuando el propio Ayuntamiento, que ha sido el que lo ha demandado, lo ha seguido manteniendo en el cargo y ni siquiera le ha abierto un expediente. Entiende que ha sido una decisión para “callar bocas”.

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Su última carta

SAN FERNANDO – Tribunales

Los implicados en el desfalco juegan su última carta en el Tribunal de Cuentas

  • Hoy se llevará a cabo el juicio contable para determinar las responsabilidades en la pérdida de los 7,8 millones de euros de la caja municipal.
  • NOMBRES CLAVES: MANUEL MARÍA DE BERNARDO EXALCALDE; ANTONIO MORENO EXALCALDE;  JOSÉ ANTONIO LÓPEZ INTERVENTOR.
  • LAS CIFRAS
  • 7,8.- Los millones de euros que desaparecieron durante años de la caja municipal sin que nadie se percatara de lo que estaba ocurriendo. Con los intereses a los implicados se les puede exigir hasta más de nueve millones.
  • 39.000.- La cantidad en euros que según la demanda del Ayuntamiento ratificada por la Fiscalía, le corresponde pagar a los ex alcaldes andalucistas, Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo.

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Carlos Cherbuy |16.10.13 – 00:07 –

Hoy es la cita clave. Los implicados por el desfalco de 7,8 millones de euros de la caja municipal intentarán demostrar en el juicio contable, que tendrá lugar en el Tribunal de Cuentas a partir de las diez de la mañana, que sus acciones o mejor dicho la ausencia de sus acciones, no facilitaron la desaparición del dinero. Y es que eso es precisamente lo que pretende desentrañar el órgano fiscalizador, la responsabilidad de cada uno de ellos en la falta de controles y los errores que se cometieron, a la hora de no detectar la pérdida constante de grandes cantidades de dinero durante años. La causa penal determinará quién, cómo y para qué se lo llevó. Tras varios aplazamientos, recursos y un periodo para recabar pruebas testificales, llegó el día en el que los exalcaldes andalucistas, tesorera, interventor y excajeros jueguen sus últimas cartas para evitar una resolución con posibles sanciones administrativas, inhabilitaciones y por supuesto requerimientos económicos para recuperar parte de lo sustraído.

Hoy volverán a verse las caras y a interrogarse por lo sucedido los dos últimos alcaldes de la ciudad, Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, ambos del Partido Andalucista, el anterior interventor Rafael Monzón, el actual interventor José Antonio López, la tesorera María Virtudes Gómez, y los dos excajeros Clemente Ruiz y María José Lebrero. Todos ellos tienen que hacer frente tanto a la propuesta de resolución realizada por la Cámara de Cuentas de Andalucía, como a la demanda del Ayuntamiento, que ha sido ratificada por la Fiscalía.

Directos y subsidiarios

En el primer supuesto se considera responsables directos a los dos excajeros, a los que se le reclaman la devolución de los 7,8 millones de euros más intereses, ascendiendo la cantidad a unos 9,4 millones de euros. El resto serían subsidiarios, es decir tendrían que hacer frente a esta cantidad si los primeros no pueden, a todos por igual.

La demanda del Ayuntamiento hace una diferenciación tanto por tiempo como por cargo de los implicados. Entiende el Consistorio que los dos cajeros municipales imputados son los supuestos responsables. Esto quiere decir que tanto a Clemente Ruiz como a María José Lebrero, dada su supuesta responsabilidad directa y completa, se les obliga a responder de la cantidad sustraída de las arcas municipales, ya sea de manera individual o mancomunada.

En el supuesto caso de que ambas personas sobre las que se dirige la demanda del Ayuntamiento no pudieran hacer frente a la exigencia de devolver el dinero, la Ley impone la figura del responsable subsidiario con el único objetivo de que una actuación ilícita no quede impune y se restituya el daño realizado.

La responsabilidad indirecta recaería sobre aquellos técnicos que, «aún sin tener ninguna responsabilidad penal en la desaparición del dinero», si pudieran incurrir en responsabilidad patrimonial a la vista de la existencia de «fallos de los mecanismos de control de la Caja» tal y como determinan los informes de la investigación.

La petición de responsabilidad en este caso es proporcionada tanto al tiempo como a la función administrativa encomendada a cada uno de ellos. De esta manera a Rafael Monzón (anterior interventor) le corresponden restituir unos 61.000 euros, a José Antonio López (actual interventor) unos 105.847 euros, a María Virtudes Gómez (actual tesorera) 39.392 y tanto a Antonio Moreno como a Manuel María d Bernardo (ejercieron como alcaldes) unos 39.000 euros cada uno.

La duda está en si quedará listo para resolución o si tendrán que volver a citarse otro día para completar la sesión, sobre todo para que las partes presenten las conclusiones, puesto que se trata de un caso con un expediente de miles de folios, con multitud de pruebas testificales y varios implicados.

Todo ello cuando existe un proceso judicial abierto que sigue sin dar novedades sobre uno de los mayores robos en una caja municipal. Una investigación que señala al cajero como presunto autor material de los hechos, motivo por el que fue ingresado en prisión provisional, hasta lograr la libertad con fianza. María José Lebrero sigue imputada pero no ha pasado por prisión. Hace poco la Fiscalía solicitó la imputación de la familia de origen marroquí cercana a Clemente, algo que aún no se ha ejecutado.

Sigue formando parte de la Corporación municipal y durante todo su mandato al frente del Ayuntamiento se perdieron más de cinco millones de euros de la arcas municipales.

Supuestamente en sus últimos años al mando del Consistorio comenzó a desaparecer el dinero. Al marcharse ya faltaban más de 1,2 millones de euros, sin ninguna justificación.

Antes era el tesorero y luego pasó a ser interventor, función que sigue cumpliendo a pesar de que se le reclama por parte del Consistorio más de 105.00 euros ante la falta de control.

tribunales

El miércoles se celebra el juicio contable por el desfalco en San Fernando

  • El Tribunal de Cuentas determinará la responsabilidad administrativa de los cajeros, interventores, tesorera y exalcaldes del PA
 
CARLOS CHERBUY |14.10.13 – 00:49 –

Ya no hay más moratorias, ni aplazamientos. El juicio contable por la desaparición de 7,8 millones de euros de la caja municipal tendrá lugar el próximo miércoles en el Tribunal de Cuentas de Madrid. Un proceso que hay que recordar que no determinará quiénes son los culpables de llevarse el dinero, sino el grado de responsabilidad a la hora de impedir que esto ocurriera. No habrá sentencia con cárcel, pero sí sanciones administrativas, posibles inhabilitaciones, a la hora de ejercer funciones públicas, y requerimientos económicos.

Aunque lo que los isleños esperan es que se arroje un poco de luz sobre los procesos de control en la Delegación de Hacienda y saber si se hacían, o si no, si hubo exceso de confianza, si se firmaron papeles que exponían los desbarajustes en las cifras y no se hicieron caso, si todos conocían lo que pasaba pero nadie se interesó realmente por ello, y por supuesto en qué medida cada miembro de la Administración local es responsable de lo ocurrido.

Son las incógnitas que se resolverán a partir del miércoles, porque se prevé que el proceso se alargue. Principalmente por el poco tiempo que los implicados contarán con los documentos necesarios para preparar sus defensas. Ya se han concluido todas las pruebas periciales y testificaciones que se solicitaron, pero no ha sido hasta finales de la semana pasada cuando los letrados han tenido acceso a ellos. Por lo que lo más probable es que el miércoles se realice una vista oral en la que cada parte interrogue a las demás, así como para que el fiscal del Estado realice sus propias apreciaciones al proceso, para que otro día los abogados expongan las conclusiones, tanto de lo ocurrido en ese día como de toda la documentación con la que se cuenta. De esta manera quedará visto para la resolución. Será el primer fallo que se tenga del desfalco que se produjo en el año 2009. Más de cuatro años han tenido que pasar para que legalmente se resuelvan las responsabilidades.

Si bien hay que recordar que este proceso es ajeno a la vía penal que instruyen los juzgados de San Fernando. En este caso ya se cumplen varios años de paralización y sin grandes novedades. En él sí se pretende descubrir quién se llevó el dinero y cómo, con penas de cárcel por el delito de malversación de caudales públicos. Los imputados continúan siendo los mismos, los que eran entonces los dos cajeros municipales, Clemente Ruiz y María José Lebrero. Hace poco salió a la luz pública que la Fiscalía iba a solicitar la imputación de la familia de origen marroquí que tenía una estrecha relación de amistad con Clemente, sin que se haya dado paso alguno, por el momento.

Lo que se pide

Existen dos peticiones sobre la mesa para resolver el proceso contable. La de la Cámara de Cuentas de Andalucía reclama los 7,8 millones de euros más intereses (con lo que se eleva la cifra a más de nueve millones) a los dos cajeros. Sin embargo considera subsidiario al resto que debería hacer frente a esta cantidad si los primeros no pueden. La demanda del Ayuntamiento está ratificada por la Fiscalía y pide que tanto a Clemente Ruiz como a María José Lebrero, dada su supuesta responsabilidad directa y completa, se les obligue a responder de la cantidad sustraída de las arcas municipales, ya sea de manera individual o mancomunada.

La responsabilidad indirecta recaería sobre aquellos técnicos que, «aún sin tener ninguna responsabilidad penal en la desaparición del dinero», si pudieran incurrir en responsabilidad patrimonial a la vista de la existencia de «fallos de los mecanismos de control de la Caja» tal y como determinan los informes de la investigación. La petición de responsabilidad en este caso es proporcionada tanto al tiempo como a la función administrativa encomendada a cada uno. De esta manera a Rafael Monzón (anterior interventor) le corresponden restituir unos 61.000 euros, a José Antonio López (actual interventor) unos 105.847 euros, a María Virtudes Gómez (actual tesorera) 39.392 y tanto a Antonio Moreno como a Manuel María de Bernardo (ejercieron como alcaldes) unos 39.000 euros cada uno

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Tribunal de Cuentas, hoy miercoles.

San Fernando | Desfalco

El Tribunal de Cuentas celebra este miércoles el juicio contable por el robo de la caja

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J.F.C./Información….. 15/10/2013 20:18

Tras un par de aplazamientos sobre la fecha inicial prevista ha llegado por fin el día en el que el Tribunal de Cuentas en Madrid acogerá la celebración de la vista del juicio contable por el desfalco de los 7,8 millones de euros del Ayuntamiento isleño hace ya más de cuatro años.

Por la sede de la capital de España tendrán que desfilar este miércoles los dos ex-cajeros, Clemente Ruiz y María José Lebrero de Celis, que están imputados como responsables directos del procedimiento por alcance de la desaparición del dinero, además de los interventores, tesorera y alcaldes que ocuparon dichos cargos mientras se produjo el desfalco, todos ellos considerados como responsables subsidiarios.

Dentro de este grupo se encuentran los ex-alcaldes Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, el actual interventor José Antonio López y el anterior Rafael Monzón Ristori y la tesorera María de las Virtudes Gómez.

Todos ellos se verán en la jornada de este miércoles las caras en el departamento primero de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, tras un largo proceso en los últimos meses en los que se han recabado diferentes testimonios relacionados con la desaparición de los 7,8 millones de euros.

Desarrollo

Todo apunta que todos los que son considerados responsables, tanto directos como subsidiarios, tendrán que responder durante la jornada de este miércoles a las preguntas de la persona encargada del caso desde el punto de vista contable, así como a las cuestiones que planteen los abogados que representen a cada una de las partes implicadas.

Para conocer la resolución habrá que esperar todavía un tiempo, puesto que probablemente cada letrado tendrá que exponer sus conclusiones en una nueva vista posterior antes de que se dicte la resolución.

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Reunión urgente con los portavoces

SAN FERNANDO

Loaiza informa a los portavoces de la decisión de la Fiscalía de sumarse a la demanda municipal

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Reunión urgente con los portavoces

elcastillodesanfernando…. Publicado el: Jue, 21 mar, 2013

El alcalde de San Fernando, José Loaiza, informó a los portavoces de los distintos partidos con representación municipal de la última hora referida al proceso que se sigue por el robo de la Caja municipal.

Tras conocerse en la misma jornada de ayer que la decisión del Fiscal de adherirse a la demanda presentada por el Ayuntamiento, Loaiza reunió con carácter urgente a los portavoces de PP, PSOE, PA, CxLI e IU para informarles de primera mano de la noticia.

“Esto significa que el Ayuntamiento ha actuado con total coherencia y de la forma en que debía hacerlo. Esta noticia nos reafirma en nuestra postura. Que, a la hora de interponer la demanda, el Consistorio isleño y, en su nombre, este equipo de gobierno, no ha seguido criterios políticos como algún partido –en clara alusión al PSOE- estaba intentado hacer creer a la opinión pública, sino que en todo momento lo único que nos ha guiado han sido las razones técnicas, jurídicas, como demuestra que el propio Fiscal encargado de la causa se haya adherido a nuestra demanda de responsabilidades”.

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Tribunal de Cuentas:19 de junio en Madrid

San Fernando | Desfalco

La Fiscalía ratifica la demanda del Ayuntamiento y las cantidades para los presuntos responsables

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José F. Cabeza…. 20/03/2013 20:32

Ya hay fecha para la celebración del juicio contable por la desaparición de los 7,8 millones de euros de la Caja Municipal: será el próximo 19 de junio en Madrid en el Tribunal de Cuentas.

Así se ha fijado en la jornada de este miércoles en la audiencia técnica que ha tenido lugar ante dicho organismo en la capital de España y al que han asistido todos los supuestos responsables, tanto directos como indirectos, a excepción del ex cajero Clemente Ruiz y del ex interventor municipal Rafael Monzón Ristori. Un primer encuentro en el que las partes se han postulado sobre qué pruebas presentarán para defender a sus clientes.

De todas formas, el hecho más llamativo de la jornada es que la Fiscalía del Estado se ha adherido a la demanda que en su día presentó el Ayuntamiento y ha corroborado las cantidades máximas que en ellas aparecían sobre los supuestos responsables. En este sentido, el fiscal ha entendido que las cuantías que se piden están bien argumentadas y son razonables.

Las cifras

Cabe recordar que la demanda elaborada por el Ayuntamiento isleño se pide para los dos ex funcionarios municipales Clemente Ruiz García y a María José García, dada su supuesta responsabilidad directa y completa, responder con la cantidad que fue sustraída de las arcas municipales 7.790.000 euros, a lo que hay que sumar los intereses alcanzándose los 9,4 millones de euros.

Por otro lado, en la lista de supuestos responsables subsidiarios se encontraban los dos ex alcaldes del PA, es decir, Manuel María de Bernardo y Antonio Moreno, reclamándose para cada uno de ellos la cantidad de 39.000 euros. Al actual interventor José Antonio López Fernández, que antes ocupó el cargo de tesorero, se le reclaman 105.847,05 euros, mientras que al ex interventor Rafael Monzón Ristori se le piden 61.525,86 euros. Por último, la cantidad que se solicita para la actual tesorera María de la Virtudes Gómez Fernández es de 39.392,86 euros.

Fuentes municipales han mostrado su satisfacción por la ratificación de la demanda por parte del Ministerio Fiscal, puesto que consideran que de esta manera se “desmonta” la teoría del “oscurantismo” puesta sobre la mesa por el PSOE en relación al desfalco. Incluso en la jornada de este miércoles el alcalde, José Loaiza, ha convocado una junta de portavoces para informar de lo sucedido en Madrid en el Tribunal de Cuentas.

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Triple ruego

SAN FERNANDO – DESFALCO

   El robo lastra de nuevo el pleno

  • Tres años y medio después, el desfalco sigue presente en la vida política municipal ·
  • El primer debate del curso se vio otra vez sacudido por la desaparición del dinero de la caja y la petición de cese de De Bernardo.

El ex alcalde, Manuel María de Bernardo, resistió ayer estoicamente el debate en el que, por enésima vez, se pedía su cabeza en el pleno a causa del espinoso tema del robo de la caja. Fue un momento duro para el PA.

Arturo Rivera / San Fernando | Actualizado 29.09.2012 – 01:00

El cese de De Bernardo exigido por la oposición en bloque -mociones de PSOE e IU y CxSF que fueron excluidas del orden del día tras un informe de la secretaria del Ayuntamiento- acaparó la atención del primer pleno del curso político. Una sesión muy tensa en la que el enfrentamiento político fue otra vez la nota predominante, la pauta que marcó el ritmo del debate y en la que, de nuevo, el fantasma del robo -azuzado a raíz de los últimos acontecimientos vividos en septiembre- se hizo presente en la política municipal.

Así, el PSOE, durante el debate que acompañó la aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales de 2012, llegó a advertir de las consecuencias directas que el robo de casi ocho millones de euros ha tenido en la contabilidad municipal, a su juicio directamente relacionado con la aprobación del plan de ajuste y la subida de las tasas.

La tensión fue creciendo a medida que avanzaba la mañana hasta el punto de que IU, en medio de un cruce de acusaciones en el que desde el equipo de gobierno se recriminó la escasa formación de la oposición en temas económicos, llegó a recordar al delegado de Hacienda y Control de la Gestión, el concejal del PP Manuel Raposo, su antigua relación con el principal imputado por el robo, el funcionario Clemente Ruiz. “Usted sí que debe estar bien formado -apuntó el concejal Pedro Reyes-. Físeje que le llevaba las cuentas al único culpado (imputado) por el desfalco y del dinero no ha aparecido ni un duro”. Fue uno de los momentos más calientes del pleno.

La respuesta de Raposo fue inmediata. Pidió que constaran literalmente en acta las palabras de Pedro Reyes al que recordó “que no estaba aforado”, dejando entrever así la posibilidad de emprender acciones legales al respecto.

Y todo esto no fue sino los prolegómenos del momento que los tres partidos de la oposición aprovecharon para pedir al alcalde que cesara al ex regidor, Manuel de Bernardo, tras haber sido incluido entre los responsables subsidiarios de la demanda presentada por el Ayuntamiento en el proceso iniciado por el Tribunal de Cuentas.

Lo hicieron en forma de ruego y recriminaron a Loaiza que hubiera obligado a retirar del orden del día las mociones que insistían en este punto. Ciudadanos, además, pidió el cese no solo del anterior alcalde, sino de todos los concejales andalucistas al interpretar que la demanda interpuesta responsabiliza la gestión del mandato anterior, en manos del PA.

Los tres grupos, en resumidas cuentas, consideran una manifiesta incoherencia la permanencia del ex alcalde en el equipo de gobierno -De Bernardo ocupa el cargo de concejal de Aguas, Ahorro y Eficiencia Energética, Parques y Jardines- mientras que, por otro lado, se le considera responsable subsidiario de la desaparición del dinero de la Caja Municipal.

El triple ruego -hubo uno por cada grupo de la oposición- quedó sin réplica alguna por parte de Loaiza ni del Gobierno municipal.

Fuentes municipales aseguraron después que la postura del alcalde ha quedado bien clara en las declaraciones anteriores, en las que advertía de lo contradictorio que resulta tener que readmitir a una funcionaria imputada en el proceso penal (a raíz de la resolución judicial conocida también hace una semanas) y, por otro lado, que desde la oposición se le pida cesar al antiguo alcalde. Además, el Gobierno municipal ha subrayado que los regidores figuran en la demanda como responsables subsidiarios en su calidad de ordenadores de pagos, es decir, porque eran los que tenían que firmar, eran los que, como alcaldes, estaban en la cúspide administrativa del Ayuntamiento.

Pero Loaiza no está dispuesto a dar más cuerda a un tema del que se habla desde hace tres años y medio y, sobre todo,quiere atajar de raíz la maniobra conjunta de la oposición. “No vamos a consentir en ningún momento que esa oposición en bloque organizada en torno al PSOE -en la que IU y CxSF pugnan por ser su favorito, su mozo de espadas- marque el ritmo de este Gobierno”, apuntó esta misma semana al portavoz del PP y delegado de Presidencia, Daniel Nieto.

Por su parte, De Bernardo, presente también ayer en el debate, hizo gala de su característico estoicismo para encajar resignado y sin mediar palabra el envite de la oposición. Por enésima vez desde que estalló el caso del robo se pedía su cabeza en el pleno. Pero si algo quedó claro es que el antiguo regidor no piensa de momento dejar la Corporación municipal. Y mucho menos si es la oposición la que le pide que se vaya.

 
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