Carpetazo

El expediente por el fraude de la gasolina se cierra “sin sanciones ni responsables”

  • El PSOE considera “un escándalo” que se dé carpetazo y culpa al PP de querer tapar el asunto para ocultar sus carencias

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Un vehículo de la flota municipal, en la calle Real, en una imagen de archivo.

Redacción san Fernando | Actualizado 15.02.2014 – 10:51

No habrá ni sanciones económicas ni se depurarán responsabilidades administrativas por el supuesto uso fraudulento de las tarjetas de combustible que se emplean para abastecer a la flota de vehículos municipales y que, entre 2008 y 2011, se utilizaron para llenar los depósitos de gasolina de vehículos particulares de algunos funcionarios del Ayuntamiento.

El expediente administrativo iniciado en 2013 a raíz de los reparos del interventor general del Ayuntamiento ha concluido de esta manera, lo que ha soliviantado al PSOE isleño, que considera “un escándalo” que se dé carpetazo al asunto sin más explicaciones. Para el concejal socialista Fernando León resulta evidente que el PP quiere tapar sus carencias como Gobierno municipal “para que no se vea su nefasta gestión”.

“El PP prefiere pasar de puntillas por el uso irregular de las tarjetas de suministro de combustible para que no se arme revuelo, en vez de preocuparse por los intereses de la ciudad y profundizar en las causas que permitieron que vehículos particulares llenaran sus depósitos con gasolina pagada por los bolsillos de todos los isleños”, censuró el edil de la oposición.

PSOE

El PSOE, tras conocer las resoluciones de Alcaldía de agosto y septiembre del año pasado en las que se liquida el expediente abierto por estas irregularidades, ha lanzado un duro ataque contra el equipo de gobierno, que ha querido mantener en silencio este espinoso asunto. Recuerda Fernando León que el coste del combustible que fue a parar a coches particulares en lugar de a los vehículos municipales asciende a 43.000 euros en total, una cantidad -insiste- de la que nadie va a responder ahora.

Para el PSOE, con las tarjetas de la gasolina ocurre exactamente igual que con las prácticas de tiro ilegales que una academia privada de seguridad llevó a cabo en las instalaciones de la Jefatura de la Policía Local, un expediente que se ha saldado también con la mínima sanción posible: cinco días de suspensión de empleo y sueldo para el funcionario implicado, que además se benefició de estas irregularidades al trabajar en dicha academia privada.

León subraya que la forma en la que el Gobierno municipal ha resuelto esta cuestión ha llamado incluso la atención del interventor municipal en un nuevo informe que ayer aireó a través de un comunicado de prensa y en el que se especifica que el asunto “no se puede atajar por el simple hecho de considerarse práctica habitual”.

Es más, el interventor refiere incluso hechos incorrectos que se determinan como acreditados por el instructor y apreciaciones “que evidencian el desconocimiento de la normativa y procedimiento de control interno”, lo que viene a cuestionar todo el proceso llevado a cabo con la supuesta intención de esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades.

Por esta razón, recuerda el PSOE, el interventor expone varias consideraciones respecto a la instrucción del citado expediente. Especialmente llamativo resulta que se afirme que no está acreditado quién solicitó las tarjetas por primera vez y a quiénes se le entregaron ya que -advierte el interventor- hay constancia del oficio del área de Economía y Hacienda en el que se recoge la petición expresa del técnico a cargo del servicio, de la recepción de las tarjetas con fecha de 2 de marzo de 2002 y de que, desde entonces, las tarjetas se han renovado anualmente.

Por otro lado, se expone en la resolución que nadie advirtió al inculpado de que había que utilizar las tarjetas únicamente para suministrar el vehículo expresamente indicado. “Un hecho que tampoco es cierto, pues el propio interventor asegura que en el oficio de la Delegación de Economía y Hacienda se especifican las condiciones de su uso y literalmente se menciona que la utilización de tales tarjetas es restringida y en principio sólo para los vehículos municipales”.

Al analizar con detalle las consideraciones que realiza el interventor, el concejal Fernando León comprueba que se llega a poner en evidencia al propio alcalde, que es el que en definitiva firma el decreto, al advertir de que “es rigurosamente falso que las tarjetas las entregara la Intervención, pues no está en sus competencias la gestión de los suministros y sí el control del gasto”. Incluso -resalta el edil- llega a poner nombre y apellidos al responsable del control en la utilización de las tarjetas “y de que se haya producido este lamentable asunto”.

“A los isleños -dice León- se les queda cara de tonto al comprobar cómo estos casos se cierran sin ningún apercibimiento serio ni intención de resolverlo de una forma definitiva”.

 
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