Las torres de La Casería

SAN FERNANDO

La legalidad de las torres de La Casería sigue a la espera del TSJA

  • Los recursos presentados hace más de cuatro años están pendientes de resolución aunque las torres están habitadas desde 2010

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Una de las torres de La Casería, ya habitada.

Arturo Rivera san Fernando | Actualizado 24.06.2013 – 09:31

Hace más de diez años -en 2002- que el Ayuntamiento aprobó la modificación puntual del anterior Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para abordar el desarrollo urbanístico de La Casería y de la zona norte de la ciudad: las controvertidas torres de 16 plantas de altura.

De los siete grandes edificios que estaban previstos junto a la playa sólo se construyeron tres, que hoy son visibles desde prácticamente toda la Bahía y habitados (aunque no todos) desde hace unos años. La gran polémica estalló en la primavera de 2006, cuando la Junta de Andalucía intentó frenar el proyecto aludiendo a la ilegalidad de estas alturas en la franja litoral de la Bahía.

Las obras, por aquel entonces, estaban ya bastante avanzadas. La reacción de la Administración autonómica llegó tarde, cuando los trabajos llevaban meses en marcha. Y el Ayuntamiento salió al paso para defender la correcta actuación municipal, desde las licencias hasta la tramitación de los informes favorables necesarios para actuar en la zona. Incluso -advirtió entonces- la Consejería de Obras Públicas había estado al tanto de todo hasta que decidió tumbar el proyecto, lo que atribuía más a razones políticas que a la verdadera existencia de irregularidades urbanísticas.

Un amplio debate social se puso sobre la mesa en un momento clave en el que nuevos desarrollos -como Fábrica de San Carlos o polvorines de Fadricas- estaban de actualidad y en el que se afrontaba la redacción del nuevo Plan General. Mientras, el Ayuntamiento -amparado en los criterios de expertos, como el equipo redactor del Plan General- defendía las construcciones en altura por considerarlas más sostenibles, colectivos ciudadanos y partidos políticos de la oposición plantaban un frente común rechazando abiertamente estos planes que se querían extrapolar a todo el litoral que va desde Caño Herrera a los terrenos de FSC.

Hoy, más de seis años después, aquellos planes de grandes torres de pisos han caído en saco roto, por más que en el suelo de Fábrica de San Carlos se contemplen algunos edificios de cierta altura para ajustar los números de estos desarrollos.

Pero la batalla legal que se emprendió en aquel momento, todavía perdura. De hecho, la legalidad de las torres de La Casería y la continuidad de este desarrollo urbanístico en la zona norte de la ciudad sigue en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que desde diciembre de 2008 tiene pendientes de resolver los recursos que tanto el Ayuntamiento como la propia Consejería de Obras Públicas presentaron a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cádiz, que obligaba al Consistorio a revisar de oficio las licencias de obra concedidas para la construcción de las tres polémicas torres.

La resolución estimaba parcialmente el recurso presentado en su día por la Junta de Andalucía con la intención de impugnar el desarrollo del plan parcial del denominado Sector I-Casería Norte al advertir fallos formales en el decreto de Alcaldía de 16 de mayo de 2006 que desestimaba la revisión de oficio de las licencias solicitada por Obras Públicas.

Según fuentes de la Administración autonómica, la sentencia de 2008 venía a decir al Ayuntamiento que dicho decreto de Alcaldía, para tener validez, debería haber venido avalado por un informe del consejo consultivo, que era preceptivo pero no vinculante.

Aquella resolución, sin embargo, no convenció a ninguna de las partes, así que ambas optaron por continuar la batalla legal ante instancias superiores. Ayuntamiento y Junta de Andalucía recurrieron al TSJA a principios de 2009 y desde entonces se espera a una resolución definitiva.

Claro que, entretanto, las obras acabaron, estalló la crisis y el sector inmobiliario se desplomó. Eso sí, los torres están habitadas desde finales de 2010. Hay gente que va a cumplir casi tres años allí, así que -sea cual sea la sentencia definitiva- aunque el TSJA se pronuncie sobre la ilegalidad de estos polémicos edificios, no es nada probable que las torres corran peligro. Eso sí, la continuidad de tan ambicioso proyecto sigue en entredicho.

 
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