Un nuevo proyecto

SAN FERNANDO

La Junta exige a Loaiza un proyecto que avale sus planes para el Ayuntamiento

  • Si el alcalde isleño descarta la rehabilitación aprobada, tendrá que partir de cero y redactar en solitario y tramitar ante la Administración andaluza un nuevo proyecto, advierte López Gil.

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Estado que presenta la fachada trasera del Ayuntamiento isleño, que aguarda desde hace años su rehabilitación.

Arturo Rivera san Fernando | Actualizado 21.05.2013 – 01:00

La propuesta municipal para abordar la rehabilitación integral del Ayuntamiento según la fórmula planteada nuevamente por el alcalde isleño, José Loaiza (PP), resulta de difícil encaje para la Junta de Andalucía, que de entrada no está dispuesta a dejar a un lado y de manera arbitraria el proyecto en el que se lleva trabajando desde hace una década y cuya redacción ha costeado.

El mensaje lanzado desde la Administración andaluza tras hacerse eco de las declaraciones en prensa del regidor isleño es rotundo: si Loaiza no quiere abordar de manera conjunta esta actuación, tal y como ambas administraciones acordaron en el convenio que suscribieron el 19 de diciembre de 2002, tendrá que partir de nuevo de cero.

Porque la Junta considera que esa nueva intervención que defiende el alcalde isleño -habla más bien de una puesta a punto que de una rehabilitación integral- poco tiene que ver con el gran proyecto que se ha pretendido hasta el momento, el mismo que hace seis meses -en la reunión de diciembre de 2012- ambas administraciones acordaron impulsar.

Para sacar adelante esa nueva propuesta que se ha puesto sobre la mesa tras rechazar la última revisión del equipo redactor, el Gobierno municipal -advierte la Junta de Andalucía- tendrá que redactar un nuevo proyecto y, además, tendrá que asumir en su integridad su coste. La Administración andaluza -apostilla- ya ha pagado un primer proyecto, el que ahora descarta Loaiza.

Y luego tendrá también que abordar su preceptiva tramitación administrativa teniendo en cuenta que se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) de primer orden y altamente protegido.

Loaiza tendrá que plasmar los criterios que defiende para acometer la rehabilitación del Palacio Consistorial en un proyecto real -ahora mismo tan solo cuenta con un informe preliminar- que la Junta tendrá luego que supervisar y aprobar antes de dar luz verde a cualquier actuación en este edificio patrimonial.

La idea de empezar las obras en el plazo de un año que apuntaba el propio regidor hace unos días es prácticamente imposible. Y la propuesta que ha puesto sobre la mesa para acometer un lavado de cara del Consistorio antes de ponerlo nuevamente en uso le parece a la Administración andaluza un auténtico despropósito. Sobre todo, si ni siquiera viene respaldada por un proyecto en firme que cumpla todo lo que tiene que cumplir en materia de protección del patrimonio y que se ajuste a lo que dicta la propia normativa municipal: el nuevo Plan General y el Plan Especial de Protección del Casco Histórico (PEPRICH).

El delegado del Gobierno andaluz, Fernando López Gil, en declaraciones realizadas a este periódico, reclamó “seriedad” al Gobierno municipal isleño al referirse a las declaraciones del alcalde. Considera que no se puede obviar de buenas a primera un proyecto sumamente trabajado que, además, es especialmente cuidadoso con la importancia histórica y cultural del edificio y con su valía. Se trata -apunta- de un patrimonio único y la actuación a desarrollar debe estar a la altura.

Así que, de entrada, nada de saltarse los pasos administrativos para agilizar las obras. La actuación que defiende Loaiza tiene que empezar de cero puesto que nada tiene que ver con la intervención que ganó el concurso de ideas en 2004. Tiene que seguir el proceso establecido y salvar los filtros administrativos para garantizar que la actuación a ejecutar en un BIC como el Ayuntamiento es la que debe ser.

La postura de la Junta deja poco lugar a dudas y echa por tierra la pretensión de agilizar la rehabilitación del Ayuntamiento a costa de bajar las expectativas originales del proyecto. Para hacer las obras que quiere Loaiza hay que hacer un nuevo proyecto.

“Es lo primero. Tendrá que montar un nuevo expediente administrativo y dar los pasos que hay que dar. Necesita informes favorables de Cultura, Patrimonio…”, apunta el delegado del Gobierno. Y advierte de lo arduo del trámite: el proyecto actual, que se empezó a redactar en 2004, no consiguió su aprobación definitiva hasta 2011.

Pero insiste: si el Ayuntamiento no quiere el proyecto que ya se ha redactado, tendrá que asumir uno nuevo en solitario al que la Junta de Andalucía tendrá que dar su visto bueno. “Loaiza -recuerda- no tiene ningún proyecto alternativo, solo unas ideas recogidas en un informe preliminar. Y tiene que haber un expediente administrativo, un proyecto, que respalde esa decisión política. Por el momento, no hay nada”, explica López Gil.

Por otro lado, además, habrá que revisar y actualizar las condiciones que recoge el convenio marco de colaboración firmado entre ambas administraciones. Es decir, que la alternativa más económica y viable puede que, al final, no sea ni más barata ni tan ágil como pretende el Gobierno isleño, según la Junta.

López Gil reconoce que existen dificultades económicas derivadas del complicado momento actual que sufren las administraciones, pero recuerda también lo que hasta el momento han hablado Junta y Ayuntamiento: en diciembre de 2012 se reunieron con el equipo redactor del proyecto de rehabilitación y acordaron revisar dicha actuación para abordar su ejecución en fases e intentar ajustar su elevado coste (12 millones de euros, que asumirían al cincuenta por ciento cada Administración).

No ha habido más encuentros desde entonces, aunque el pasado jueves Loaiza solicitó una nueva reunión urgente al delegado del Gobierno andaluz para tratar el asunto. La polémica, no obstante, ya había saltado a los medios de comunicación después de que insistiera en hacer una intervención más modesta que pasa -según sus palabras- “por poner a punto el edificio dejándolo como está” y tras reconocer que las propuestas formuladas por el equipo redactor “no le servían”.

La Junta, no obstante, cree no se trata solo de una cuestión económica, puesto que de este tema ni siquiera han hablado ambas administraciones tras la última propuesta del equipo redactor.

El Ayuntamiento -recuerda López Gil- presenta también problemas estructurales de envergadura que la propuesta de Loaiza no tiene en cuenta y que el equipo de gobierno isleño no aclara cómo piensa resolver en el futuro.

 
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